En los años 30 del siglo XX, California comenzó a industrializar sus campos. Esta semilla abrió la puerta a un modelo intensivo que pronto se fue desplegado en otras partes del planeta. Nuevos sistemas de riego, tecnología avanzada para sacar un mayor rendimiento a la tierra y, sobre todo, mano de obra barata. En 1942, los EEUU dieron un paso clave, la semilla del fordismo agropecuario que impera en la actualidad, y firmaron el programa Bracero con México, con el que se facilitaba la contratación de trabajadores del país azteca para intensificar la producción. Una receta capitalista que perdura y se extiende por los grandes latifundios de occidente: personas migrantes que sustentan con sueldos precarios los altos rendimientos del campo.

En España, ese modelo se destapó tras la pandemia. La covid evidenció lo esenciales que son las jornaleras y jornaleros que recogen fresas en Huelva; naranjas en València; o tomates en Almería. "Somos el principal productor de frutas, hortalizas y carne de Europa. Eso hace que requiramos de una mano de obra mucho mayor que el resto de países. Además, geoestratégicamente estamos muy cerca de países donde el nivel de vida es más bajo lo que nos convierte en un nicho importante para todas aquellas personas que se ven obligadas a migrar", explica a Público Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, organización que acaba de lanzar un el informe Alimentos industriales, trabajo precario, en el que se analiza el impacto social y ambiental de la agricultura industrial española.

Según los datos de esta investigación, cerca de 250.000 personas extranjeras trabajan en los campos de España. Una cifra que podría ser aún mayor, si se tiene en cuenta que estas cifras se corresponden con los migrantes en situación regular, quienes suelen estar sujetos a los convenios del sector. El peso de la economía sumergida asciende hasta el 61% en el sector, según datos europeos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es dentro de este porcentaje donde se encuentra las situaciones de precariedad más graves. Sólo en la provincia de Huelva, donde se asientan algunos poblados de jornaleros como el de Lepe, se necesitan unas 100.000 personas trabajadoras para poder sacar adelante las cosechas, según las estimaciones del informe. De hecho, el 70% de las inspecciones laborales realizadas en el campo realizadas entre mayo y diciembre de 2020 terminaron en fraude laboral, según detallaba InfoLibre.

"La mayoría de los empresarios no respetan los convenios laborales. Es uno de los sectores que, de por sí, tiene los peores convenios. La gente trabaja muchas horas. Doce o trece horas para regresar a casa, con salarios miserables", dice Seydou Diop, que ha trabajado como jornalero en Huelva y ahora es miembro de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI). "El día que llueve no cobras, porque solo pagan los días que trabajas. Tampoco se respeta el horario de descanso. Es un trabajo que es una esclavitud moderna", añade.

"Hay que entender que el modelo orientado a la producción de alimentos de forma masiva y al menor coste posible se sustenta sobre la presión del precio del trabajo", expone Yoan Molinero Gerbeau, investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas. Actualmente, la hora trabajada se paga a unos 7,86 euros, pero en el caso de las contrataciones irregulares puede ser menor. Además, hay un factor clave ligado a la uberización del campo y que tiene que ver con la temporalidad de los empleos, pues se ha extendido la contratación a través de ETTs. La contratación de personas migrantes, según el experto, se sustenta no sólo en la rentabilidad de poder pagar sueldos por debajo del mercado, sino en "una bolsa de trabajadores dóciles". Es decir, "si un trabajador es migrante y su permisos de residencia depende de disponer de un contrato laboral, no va a protestar porque se juega ser deportado".

La división del trabajo por origen y por sexos es una realidad sujeta a los estereotipos que crean los empresarios sobre quien trabaja mejor. "Si miramos al monocultivo de la fresa, donde se concentran gran parte de las temporeras migrantes, se usan a mujeres por dos razones: Los empresarios consideran que tienen manos delicadas y por ellos tienen más cuidado para recoger este fruto que los hombres, supuestamente con manos fuertes y brutas. Además, quienes contratan tienden a pensar que son menos conflictivas porque suelen ser mujeres con hijos en su país de origen. Esto garantiza que van a retornar a sus países al finalizar la campaña de recogida, algo que no es tan de interés para los empresarios como para el Estado", dice Molinero. "Hay otros estereotipos como el de Lleida, donde se contrata a hombres para recoger frutas de pepita porque supuestamente son más fuertes que las mujeres. También existen divisiones basadas en tópicos étnicos, como contratar a personas musulmanas porque no beben y, a diferencia de los rumanos, no se meten peleas", expone.

Sin derechos laborales... Ni respeto ambiental

La liberalización del campo en España, que tomó fuerza en los años 90 del siglo XX, se sustentó en el uso de mano de obra precarizada, en su mayoría personas migrantes, pero también en el uso de prácticas poco amables con el entorno. Desde 1900 hasta 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector agropecuario español se han multiplicado por ocho. Además, el uso de combustibles fósiles para estas prácticas se ha multiplicado por 63 y los usos del agua se cuatriplicado a pesar de ser un territorio donde predominan los cultivos en secano, tal y como revela la publicación de Amigos de la Tierra. 

Las prácticas de agricultura y ganadería industriales están detrás de las grandes amenazas ambientales de España. El ejemplo de la contaminación de los acuíferos y la sobreexplotación de las masas de agua para regadío es uno de los más evidentes, pero existen otros menos conocidos como el empobrecimiento de los suelos agrarios, así como la deforestación en terceros países asociada la fabricación de piensos para la cría de animales en macrogranjas españolas. 

Algunas de las prácticas nocivas para los ecosistemas, como el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes industriales, tienen su impacto directo en la salud de los jornaleros. "A nivel ecológico no tiene futuro", dice Diop. "Nosotros fumigamos los alimentos con productos químicos y los respiramos. Tenemos contacto directo con esto. Por ahora no nos afecta, pero a largo tiempo sí, porque son sustancias químicas que pueden generar problemas a lo largo de nuestras vidas", denuncia.