La ciudad de València vivirá el próximo sábado 11 de mayo, a tan solo dos semanas de la cita electoral municipal, la que puede ser la última gran manifestación antes de esos comicios. Diversos colectivos vinculados con la protección del territorio y la defensa de una vivienda digna llaman a una movilización contra el proceso generalizado de gentrificación y turistificación que afecta a diferentes barrios de la ciudad. El lema: “València no está en venta”. Las plataformas de afectados denuncian el desplazamiento del vecindario y el drama social que han comportado el aumento de precios y un modelo urbanístico cada vez más desequilibrado en contra de la habitabilidad.

Los datos lo corroboran. Según las últimas cifras arrojadas por la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL), el precio de la vivienda sigue en ascenso imparable. Respecto a hace un año, los precios en este territorio han aumentado en el primer trimestre de 2019 un 9,62 en relación al alquiler y un 6,26% en relación a la compra-venta. Los precios medios del alquiler ya se sitúan en registros cercanos a los 600 euros y en la capital valenciana el alquiler ha escalado hasta los 7,5 euros por metro cuadrado, un 7,14% más que en el primer trimestre de 2018. Las mismas asociaciones inmobiliarias alertan que la tendencia se mantendrá en próximos trimestres.

Con estos pronósticos y con el mandato del gobierno de La Nau (el gobierno de la ciudad de València) agotándose, han llegado algunos de los proyectos de ordenación urbanística más esperados. En Ciutat Vella y El Cabanyal, los Planes Especiales del concejal socialista Vicent Sarrià han despertado un alud de críticas y sospechas de los colectivos organizados. A pesar de haberse presentado con el incentivo de la participación ciudadana, los colectivos vecinales revelan que no se han tenido en cuenta sus conclusiones y sus demandas y que, de hecho, estos instrumentos de ordenación perpetúan la especulación urbanística y la expulsión de los vecinos. Tanto en el caso del distrito del centro de la ciudad como en el del barrio marítimo, un estallido de activismo, asamblearismo y solidaridad con los afectados recorre las calles de una ciudad que quiere reinventarse.

Ciutat Vella, a golpe de “hotelización”

El Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella ha sido bautizado por los movimientos sociales como el “TimoPEP”. Con videoclip protesta incluido, la campaña “Veïnat en Perill d’Extinció” subraya que se continúa focalizando el turismo como principal actividad de una zona ya especialmente afectada. Denuncian los miembros de la campaña que el PEP proyecta setenta licencias de hoteles y apartamentos turísticos en trámite que podrían ser aprobadas inminentemente, además de catalogar cincuenta palacios y edificios singulares que, con el añadido de los edificios residenciales anexos, abren la puerta a su conversión en hoteles.

Este previsible aumento de plazas hoteleras y la debilidad del control sobre los pisos turísticos inquieta especialmente a los vecinos que han participado en las alegaciones del texto. Y más aún teniendo en cuenta la grave situación que padecen algunas arterias de esta trama. En el reciente informe “Efecto Airbnb en la ciudad de Valencia”, a iniciativa de la Cátedra de Economía Colaborativa de la Universitat de València, se concluye que Ciutat Vella acumula 1.256 anuncios de viviendas completas solo por parte de esta plataforma, de los cuales 531 harían referencia a alojamientos sin licencia. En el barrio de El Mercat, integrado dentro de Ciutat Vella, el estudio indica que se ofertan 39,3 plazas de esta plataforma por cada cien habitantes. Unos datos que ilustran la presión turística denunciada por los colectivos.

EntreBarris, la red de asociaciones vecinales que teje complicidades en toda la ciudad, también muestra su contrariedad al plan del ayuntamiento y advierte que en Ciutat Vella es urgente una planificación que recupere el espacio público ante la ocupación masiva de establecimientos destinados al turismo y que se apueste por un barrio sostenible e inclusivo.

Las expectativas truncadas en El Cabanyal

Quizás El Cabanyal sea el barrio de València más tristemente recordado para muchos lectores. La árdua lucha vecinal que se libró contra los planes de Rita Barberá de pasar por encima del barrio y partirlo en dos aún se conserva en la retina colectiva. Aquel endemoniado Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) fue derogado a principio de esta legislatura. La rehabilitación y regeneración de El Cabanyal-Canyamelar se convertía en el símbolo de un presunto nuevo modelo de ciudad que quería proyectar La Nau, con el alcalde Joan Ribó a la cabeza.

Después de algunas normas transitorias, hoy hay de nuevo un plan sobre la mesa: el Plan Especial de El Cabanyal (PEC). Y a tenor de las alegaciones trabajadas por un amplio abanico asociativo del barrio marinero, el descontento es palpable. Hay que tener en cuenta que, tal y como explican desde EntreBarris, el proceso de gentrificación que está padeciendo la trama es un poco más complejo que el de Ciutat Vella. Aquí no solo se apunta a los apartamentos turísticos, a los cuales el PEC no impone máximos, sino también a la compra de segundas residencias por capital extranjero. El barrio trabajador y humilde es testigo de la transformación de sus comercios tradicionales en escaparates para el turista, al mismo tiempo que los bloques de viviendas son captados por fondos buitre.

Así lo ratifica Sílvia Cortés Mollà, del Espai Veïnal Cabanyal, un colectivo que está realizando un acompañamiento muy próximo a los afectados. Recientemente, han conseguido detener el desahucio de una familia con cuatro niños que promovía una sociedad participada del BBVA y, asimismo, se encuentran en negociaciones con el objetivo de conseguir alquiler social para todos los vecinos del bloque afectado. Una de las asociaciones con las que trabaja Espai Veïnal Cabanyal es Brúfol, grupo que promueve la inserción social, con una larga experiencia en cursos de alfabetización y apoyo escolar para colectivos que se encuentran en desventaja social. Brúfol ya alertó hace unas semanas que el derribo de los bloques portuarios que contempla el PEC suponía la desprotección de decenas de menores y familias. Peligran también, en la zona de El Clot, los huertos comunitarios de Cabanyal Horta.

Cortés explica que el PEC deja prácticamente sin concreción las medidas de rehabilitación de la zona cero del barrio, justo las calles más castigadas por la degradación a la que las sometió el antiguo plan. La intervención del PEC se centra en la periferia y en la línea de playa, unidades exteriores al centro histórico. Y lo hace priorizando, en detrimento de la rehabilitación y la reconstrucción, una gran cantidad de nuevas construcciones (se prevén hasta mil) que la mayoría de los colectivos perciben como contraria a los objetivos de la Ley valenciana de Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Algunas asociaciones trabajan con datos que muestran que hay 2.000 viviendas vacías en toda la trama.

En las alegaciones al texto, los colectivos del barrio han denunciado que se entregue el suelo a los promotores y han puesto el acento en la construcción de un hotel de quince alturas delante de la Marina, aparcamientos en altura y residencias privadas de estudiantes en una zona universitaria. Además, apuntan que el PEC plantea fincas de nueva construcción de hasta seis alturas en la fachada marítima, las cuales consideran excesivas. Reivindican que en todo el ámbito del PEC no deberían ser de un máximo de tres (planta baja más dos alturas) con el objetivo de respetar la idiosincrasia arquitectónica del poblado marítimo. Y que ello no perjudique a los porcentajes de reparto entre la vivienda de protección pública (60%) y la de renta libre (40%). Reclaman, en consecuancia, las dotaciones necesarias en relación al aumento de población previsto.