Las entidades sociales catalanas han lanzado un grito de alerta por la difícil situación económica que atraviesan. El empeoramiento de la emergencia social y la inflación son dos factores que han puesto contra las cuerdas a un sector que atiende a 1,5 millones de personas en Catalunya y que empieza a plantearse no coger a nuevos usuarios.

La primera en hacer pública la situación ha sido la Fundació Arrels, que advierte que de momento ya ha atendido a más personas sin hogar que en todo 2021 mientras que los costes de algunos equipamientos y proyectos se han duplicado. "Por primera vez en muchos años, estamos valorando no atender a nuevas personas que también lo necesitan", afirman en un comunicado.

Arrels atiende a personas sin hogar en un conjunto de programas y equipamientos, entre ellos un centro abierto, pisos o atención en la calle. El encarecimiento de las facturas eléctricas es uno de los responsables de los sobrecostes que tiene que afrontar. En septiembre, el IPC se situó en el 8,5% en Catalunya, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las dificultades para acceder a la vivienda y las sucesivas crisis económicas han provocado, además, un aumento continuado de sus usuarios. Desde 2008, las personas que duermen en la calle en Barcelona han aumentado un 87%, y de unas 600 han pasado a 1.231 personas en el último recuento, de junio de 2022.

La fundación pone sobre la mesa que cada año crecen los usuarios atendidos, por lo que han ido ampliando sus servicios. "El número de personas sin hogar que atendemos desde Arrels aumenta cada año porque la necesidad también aumenta". Entre enero y octubre de 2022, ya han atendido a 2.144 personas, más que en todo 2021.

Esta situación no es exclusiva de Arrels, ya que el encarecimiento de los costes afecta a un sector que lleva años reivindicando más recursos públicos. Fuentes de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya reconocen que las entidades están haciendo un "esfuerzo económico muy importante" ante facturas que pueden llegar a triplicar el coste del año pasado, especialmente en lo que se refiere a la electricidad, el gas y los alimentos. Es una situación "difícil de sostener" pero ante la imposibilidad de bajar la persiana y desatender a miles de usuarios, reclaman "medidas urgentes para cubrir un sobrecoste que en estos momentos no está cubriendo nadie".

El encarecimiento de los transportes y alimentos ya provocó hace unos meses que el Banc dels Aliments y otras entidades que reparten comida tuvieran que reducir en más de un 12% la cantidad de productos que distribuyen "por persona y mes", según Lluís Fatjó-Vilas, presidente de la organización.

Cáritas es otra de las entidades que ha notado el impacto de la inflación en su actividad. Además del aumento de costes, cada vez les llegan más personas que necesitan ayuda para pagar la vivienda y también la comida. En el primer semestre de 2022, han aumentado un 47% las ayudas económicas directas para ambos. "Estamos sosteniendo la situación, pero haremos una campaña porque para dar respuesta necesitaremos más apoyo", explica a Público Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona.

Por ahora, la organización no se plantea no atender a nuevos usuarios porque, asegura, en muchas ocasiones son el último recurso de las personas que llegan. "Nos es muy difícil cerrar la puerta a alguien que no tiene más alternativas", lamenta Feu. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de la entidad es no poder dar respuesta a la emergencia habitacional, que ven cómo se está agravando: "Necesitamos una administración fuerte que dé respuesta".

Las demandas: presupuestos y una ley propia

Los presupuestos de la Generalitat para 2023 podrían dar un poco de aire a las entidades, por lo que reclaman, en primer lugar, que se aprueben. A mediados de octubre, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social pedía al Govern y a los partidos que "actúen con responsabilidad" para aprobar unos presupuestos "absolutamente indispensables para dar respuesta a la pobreza sobrevenida, crónica y enquistada".

Una de las demandas es que los presupuestos, además de destinar una mayor inversión a las políticas sociales, mejoren la financiación de los servicios que ofrecen las entidades, con los precios congelados desde hace 12 años. A raíz de la aprobación de las cuentas para 2022 ya pusieron sobre la mesa que había una "infrafinanciación crónica arrastrada desde los recortes de los años 2010 y 2012 que no se han recuperado" y exigieron 180 millones de euros para corregir este agravio.

Otra de las reivindicaciones es un plan para avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales de los 100.400 profesionales que trabajan para las entidades, frente a quienes lo hacen directamente por la Administración.

Por otra parte, la aprobación de la Ley catalana del Tercer Sector Social, actualmente en trámite en el Parlament, serviría para poner las bases a una "normativa específica" que regule su relación con la Administración y permita consolidar su labor. La Confederació recuerda que otros territorios como Euskadi, Extremadura, las Islas Baleares, Castilla la Mancha y Castilla y León ya tienen una propia.