Publicado: 16.08.2015 13:12 |Actualizado: 30.09.2015 19:21

Podemos se estrena en el Senado con un veto a la reforma del aborto

Considera que la modificación de la norma, diseñada para imponer el consentimiento paterno a las menores que quieran interrumpir su embarazo, "va a suponer una vulneración de derechos humanos a las mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad".

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El senador de Podemos Ramón Espinar Merino, durante su intervención hoy en el debate a los vetos presentados por toda la oposición al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 en el pleno del Senado. EFE/Sergio Barrenechea

El senador de Podemos Ramón Espinar Merino, durante su intervención hoy en el debate a los vetos presentados por toda la oposición al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 en el pleno del Senado. EFE/Sergio Barrenechea

MADRID.- La primera iniciativa parlamentaria de Podemos en el Senado será pedir la retirada de la reforma de la regulación del aborto impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, registrando este lunes una propuesta de veto junto a una batería de enmiendas que piden la supresión de todo el articulado, diseñado para imponer el consentimiento paterno a las menores que quieran interrumpir su embarazo.

Se estrenan así los tres senadores de Podemos, integrados de momento en el Grupo Mixto, con una de las medidas más polémicas de esta recta final de la legislatura. Tras recibir el visto bueno del Congreso con los votos del PP y Unió, la reforma del aborto ha iniciado su tramitación en el Senado.

Este lunes finaliza el plazo para la presentación de vetos y enmiendas y el próximo 25 de agosto se debatirán en la Comisión de Sanidad y el 8 de septiembre, previsiblemente, llegará al Pleno.

La propuesta de veto está firmada por la senadora andaluza María Isabel Mora y parte de que la iniciativa del PP se sustenta en "una afirmación justificativa falsa, intentando enmascarar con ello una reforma meramente moral y política que nada tiene que ver con las necesidades sociales, sus intereses y menos aún la protección de la mujer, y sin que exista demanda social alguna que justifique dicho cambio".

En este sentido, recuerda que la actual regulación "establece como regla general la obligatoriedad del deber de informar al menos uno de los representantes legales", algo de lo que se puede prescindir "de manera excepcional cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

La formación recuerda en su veto que según los datos oficiales disponibles, se trata de una población "minoritaria", el 0,44% de las menores que interrumpen su embarazo, y en "situación de extrema desprotección", pues mayoritariamente alegaron "desamparo familiar, tener familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos" etc.

Tendrá "consecuencias" en la salud

"Esta reforma del Grupo Parlamentario Popular más que proteger a las mujeres menores de edad, conllevará graves e importantes consecuencias, provocando y conduciendo a un aborto inseguro, clandestino o a un embarazo no deseado que muy probablemente truncará sus expectativas vitales", expone la propuesta de veto de Podemos, que aspira a que el texto sea rechazado en el Senado y devuelto al Congreso.

Maribel Mora, que defenderá la iniciativa en la Comisión de Sanidad, incide en que "no existe ninguna demanda social de realizar una reforma que es totalmente ilógica" porque "va en contra de la legislación internacional e interna, y va a suponer una vulneración de derechos humanos a las mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad".

En este sentido, la propuesta de veto detalla que la iniciativa es contraria a las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Convención sobre los Derechos del Niño; y choca con la ley de Autonomía del Paciente, que permite al menor de 16 y 17 años decidir sobre cualquier tratamiento médico salvo reproducción asistida y ensayos clínicos.

"No tiene sentido alguno exigir un consentimiento mediante representación de padres o tutores de una mujer menor de 16 a 18 años cuando la ley les otorga el derecho de decidir sobre actuaciones médicas tan importantes como tratamientos paliativos, quimioterapia, operaciones con riesgo vital, trasplantes o ligadura de trompas. Si existe madurez suficiente para estos actos (...) esta reforma carece de sentido", expone.

Menores emancipadas y casadas

En la misma línea, destaca que el Código Civil, recientemente reformado, fija en 16 la edad a partir de la cual se puede contraer matrimonio y "decidir voluntariamente ser madre" por lo que "resulta totalmente inconsistente que deba contar obligatoriamente con autorización paterna si la decisión familiar es interrumpir un embarazo, pudiendo incluso ser madre previamente".

"Menores que vivan independientemente de sus padres, o con el otorgamiento de emancipación judicial que les habilita para regir su persona y bienes como si fueran mayores de edad, comparecer en juicio o casarse, requerirán, sin embargo, del consentimiento de sus padres para la realización de una interrupción voluntaria del embarazo (...) Es incongruente", dice Podemos.

Para Mora, el tema de las menores emancipadas es especialmente llamativo, porque tanto si se trata de inmigrantes que han llegado a España sin sus padres como de chicas que han contraído matrimonio y formado una familia, tendrán que recurrir a sus progenitores para pedir permiso en caso de querer abortar, algo en muchos casos inviable.