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La Fiscalía se empeña en confundir la sedación paliativa con la eutanasia, según el doctor Montes

Derecho a Morir Dignamente acusa al ministerio público de intentar una maniobra política contra la asociación y su movimiento, aprovechando un caso particular ocurrido en Avilés

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De izquierda a derecha, Fernando Acquaroni, Manuel Jesús Tey Ariza (abogado de Acquaroni), Luis Montes y Fernando Marín, a la salida del juzgado.

MADRID.- Dos miembros de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) se enfrentan a dos años de condena —sin ingreso en prisión— por haber ayudado supuestamente a dos enfermos a morir. Así reza en el Protocolo de Acuerdo que ambos han firmado este martes con el Ministerio Público de Avilés, que inicialmente pedía seis años y cinco meses de prisión. A raíz del fallecimiento de una mujer en esta localidad asturiana que se había puesto en contacto con la asociación, la Fiscalía imputa tres delitos a dos miembros del colectivo y a una tercera persona: cooperación al suicidio (seis meses), cooperación al suicidio en grado de tentativa (un año) y delito contra la salud pública (seis meses y una multa de seis euros diarios durante seis meses). La sentencia firme también dicta la inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica a dos de los acusados durante dos años y seis meses. La asociación, presidida por el doctor Luis Montes, señala que el auto confunde "la sedación en la agonía" con "una conducta eutanásica" y denuncia "la existencia de algún interés político en frenar la despenalización de la asistencia al suicidio".

A juicio de la asociación, la Fiscalía —que ahora reduce los tipos penales de autoría a complicidad en los delitos de cooperación al suicidio— aprovecha la muerte voluntaria de esta mujer para abrir una causa general contra el movimiento en defensa del derecho a morir. En su criterio, detrás de este caso se encuentra una "operación política" destinada a impedir y poner pie en pared a la posible derogación del artículo 143, según el cual la cooperación al suicidio está castigada con penas de dos a diez años. 

La asociación denuncia la aplicación de este artículo "en sus aspectos más duros, en clara contradicción con la modificación aportada en 1995" para aminorar las penas en caso de concurrir un estado de "enfermedad grave que conduciría necesariamente a la muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".

El caso que desencadenó el proceso judicial fue la muerte el pasado 17 de mayo de 2012 de María Luisa D., una mujer de 49 años que se suicidó en Avilés ayudada por un voluntario de DMD Catalunya que actuó por su cuenta, como él mismo declaró, "al margen de la asociación" y sin contar con ningún otro miembro del colectivo, según enfatiza la asociación DMD.

José María C., voluntario de DMD en Barcelona, conoció a María Luisa D. después de que los miembros de la asociación en Madrid se negaran a ayudarla a morir. Su caso es motivo de exclusión por no ser socia del colectivo y por existir, en el momento de la petición, "alguna duda razonable sobre su convicción firme y autónoma de morir", esgrime DMD. María Luisa D. tampoco contaba con el apoyo de su familia. "Cuando les digo a mis hermanos que quiero morir, dicen que están hasta los cojones y que no quieren saber nada", escribió por correo electrónico a DMD Madrid. María Luisa D., que sufría trastornos mentales y muchos dolores, intentó suicidarse en cinco ocasiones. "No tengo otra concentración en la cabeza que buscar la forma de morir (...) necesito la misma ayuda que Ramón Sampedro", relataba.

Tras la negativa de DMD Madrid a ayudarla, María Luisa D. probó suerte en la sede de la asociación en Barcelona, pero le respondieron de igual modo. Sin embargo, entró en contacto con José María C, un voluntario que atendía llamadas y que —al margen de DMD Catalunya y siempre desde su teléfono móvil personal, aseguran portavoces oficiales— decidió atenderla. Según el escrito de la Fiscalía, ambos se citaron en Valladolid —donde María Luisa D. vivía con su madre— con el objetivo de que José María C. "le entregara un bote de Pentobarbital Sódico —el barbitúrico que se utiliza en los países que han regulado el suicidio asistido— a cambio de 6.000 euros".  La declaración de José María C. difiere de esta versión. Según aseguró al juzgado instructor, se fue con María Luisa D. a Asturias y trató de "persuadirla para que no se suicidara". La mujer fue hallada muerta, junto a una nota de suicidio, en un hotel de Avilés y la Policía encontró 4.000 euros cuando registró la casa de José María C. 

DMD ha rechazado la actuación de su voluntario, del que dice no entender su actitud en el caso de María Luisa D. A este respecto, argumenta que  "todos los servicios de la asociación son gratuitos y jamás se ha pedido ninguna cantidad a cambio de los mismos".
Si José María C. disponía de ese jarabe es porque la asociación en Madrid había decidido adquirirlo por Internet en México. 

DMD: "No se entiende que la Fiscalía y la jueza criminalicen la sedación paliativa confundiéndola con la eutanasia"

DMD señala que la labor de la asociación "se limita a informar a sus socios sobre cómo disponer de su vida, sin facilitar ningún tipo de medicación, ni recetas para obtenerlas", pero lo cierto es que compraron ese fármaco. Llevaban tiempo investigando cómo conseguirlo y lo hicieron para garantizar "la seguridad" del producto y comprobar la "fiabilidad" del pedido por Internet, pero mandaron un bote a José María C. —enfermo de Parkinson que se ofreció voluntario a probar el jarabe si su enfermedad avanzaba— "exclusivamente para su uso personal", asegura la asociación. "Jamás se repartieron frascos de Pentobarbital —cuya ingestión por vía oral sólo está regulada en España para uso veterinario— ni mucho menos hubo afán de lucro", esgrime el colectivo. 

El suicidio de Avilés desencadenó una investigación policial que concluyó con la imputación de Fernando M., médico colegiado con experiencia en medicina paliativa y miembro de DMD, de otro médico y socio, Fernando A. y de Mercedes C., una voluntaria jubilada que hacía tareas administrativas en la oficina de DMD Madrid.

A través de un pinchazo telefónico, la Policía descubrió que Fernando M. acordó con Fernando A. el envío de unos medicamentos para ayudar a poner fin a la vida del hermano de éste, enfermo de VIH y hepatitis crónica en estado terminal. "Que un enfermo en la fase de últimos días manifieste su voluntad de morir y su médico, su intención de anticipar su muerte no convierte a la sedación en un tratamiento ilícito", esgrime DMD, que recuerda que lo fundamental en estos casos "no es la intención del médico sino la voluntad del paciente".

Mercedes C. fue la encargada de proceder al envío de los medicamentos pero la Policía interceptó el paquete y nunca llegó a su destino. Además, el enfermo murió un día después de forma natural. "No se entiende que la Fiscalía y la jueza, en lugar de preguntar al forense en qué consiste este tratamiento —sedación paliativa profunda de entre 8 a 24 horas—, que es impune en el Código Penal, criminalicen la sedación paliativa confundiéndola con la eutanasia", insiste la asociación ante el proceso que se ha abierto en Avilés.

"Un ataque contra la libertad"

La Policía registró también la sede de DMD en la Puerta del Sol en Madrid y se incautó de medicamentos que, según la Fiscalía, "deben custodiarse y conservarse en farmacias, hospitales o centros de salud (...) para las indicaciones legalmente autorizadas". Estos fármacos, que según DMD, procedían de donaciones de familias que, tras la muerte de sus seres queridos, los entregan a la asociación, "no presentan entre sus indicaciones la facilitación de la muerte o la inducción al suicidio", según la Agencia Española del Medicamento, sino que son sedantes paliativos.

El médico Fernando M., que, según su abogado, no ha sido llamado a declarar en toda la instrucción, fue detenido en la puerta de su domicilio, ingresó en la cárcel de Soto del Real y fue puesto en libertad tras depositar una fianza de 30.000 euros. Unas acciones que DMD considera "desproporcionadas para los hechos que se investigaron".

La asociación defiende que la actuación de su voluntario José María C. —que murió en 2012— con María Luisa D. no convierte a los dos otros imputados en "cooperadores" y recuerda que "comprar un medicamento en Internet no es un delito penal y tampoco lo es informar sobre cómo una persona puede disponer de forma responsable de su propia vida". 

Por todo ello, la asociación —que defiende "la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para enfermos avanzados que libremente deseen liberarse de un sufrimiento que viven como intolerable"— denuncia la politización de este procedimiento en lo que entiende "un ataque contra la libertad con DMD en el punto de mira".