Publicado: 20.08.2015 19:47 |Actualizado: 21.08.2015 07:30

Garzón defiende incluir la fuga de capitales y los fondos buitre en la justicia universal

El juez español prepara un Congreso en septiembre para promover que determinadas tropelías económicas y medioambientales sean consideradas delitos de lesa humanidad.

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Baltazar Garzón este miércoles en Buenos Aires. DAVID FERNÁNDEZ/ EFE

Baltazar Garzón este miércoles en Buenos Aires. DAVID FERNÁNDEZ/ EFE

MADRID.- El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero la fuga de capitales que puede ocasionar la quiebra de un país no lo es. La tortura es un delito imprescriptible, pero no así la extracción indiscriminada de minerales en países de África. Ésta es la contradicción que el juez Baltasar Garzón quiere resaltar para ampliar los horizontes del principio de jurisdicción universal.

"Hay crímenes económico-financieros que responden a políticas agresivas y que afectan a países completos, a millones de personas", planteó en Buenos Aires el exmagistrado de la Audiencia Nacional. "También hay crímenes contra el medioambiente que afectan a productos básicos para la subsistencia humana".



Acompañado de su par argentino Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garzón propuso "abrir un debate que ya existe en muchos ámbitos" sobre la justicia universal –la aptitud de un juez para investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en otro territorio–y que "en unos años va a ser una realidad".

El juez español reconoce que la justicia universal ha sufrido un retroceso en varios países. Fue inevitable mencionar a España. En marzo de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fulminó prácticamente este principio.

Garzón aseguró que de seguir el PP en el Gobierno, será imposible juzgar los crímenes de la dictadura franquista, y que por tanto, se modifique el régimen de impunidad. Reclamó, por ello, que cada partido detalle en los programas electorales las políticas que llevarían a cabo sobre Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

"Estamos viendo cómo actividades que afectan a millones de personas se vienen produciendo de forma sistemática, políticas constantes que agreden a la comunidad nacional y que van más allá de lo que tradicionalmente venimos conociendo como crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra", alegó el juez español.

Algunos de los delitos con efectos atroces que quedan impunes fueron mencionados: "La responsabilidad penal internacional de las corporaciones en sus acciones en distintos países, la diferencia de trato que hay respecto de las corporaciones en las legislaciones de los países donde tienen sus casas matrices y de los países donde desarrollan sus inversiones y se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las actividades de extracciones masivas de recursos naturales que ponen en riesgo no sólo las comunidades sino la naturaleza misma, las responsabilidades de los bancos cuando reciben fondos de países que están al borde del default y la de los organismos reguladores", detalló Garzón.

"Desarmar un país produce muertos"

"El concepto de delito de lesa humanidad va variando", señaló junto a él Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Argentina. "Lesa humanidad son conductas macro-estafatorias que pueden desarmar países. Por otro lado, lesa humanidad es aumentar el contenido de carbono en la atmósfera. Es también muertes masivas, o genocidios por goteo".

"Desarmar económicamente un país produce muertos y el recalentamiento global está produciendo muertos. La frecuencia con la que estamos teniendo catástrofes en el mundo en estos quince años es mucho más alta que antes. Si legamos a pasar los dos grados centígrados de calentamiento global, eso no tiene retorno, y no podemos calcular las consecuencias, son imprevisibles", alertó el magistrado.

Garzón encabezará en Buenos Aires el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, al que asistirán en septiembre juristas y referentes de derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón comenzó a trabajar hace dos años en torno a los nuevos principios que debían guiar la jurisdicción universal. En 2014, Madrid acogió el I Congreso Internacional, y ahora han decidido cerrar este ciclo en Argentina "porque, como ningún otro país, se ha caracterizado por su lucha contra la impunidad", en palabras del juez.

Luego comenzará otra fase, en la que participarán otras organizaciones, para que el principio de jurisdicción universal no se desentienda de tantos delitos sociales, económicos, financieros y medioambientales que en la actualidad prevalecen sin ser juzgados.