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El Gobierno no sabe cuántas empresas tienen protocolos sobre acoso por razón de sexo

La Ley de Igualdad obliga a todas las compañías a establecer procedimientos específicos para prevenir esta violencia machista y canalizar las denuncias de las víctimas.

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El artículo 48 de la Ley de Igualdad establece que las empresas deben tener protocolos sobre acoso sexual./ EFE

El artículo 48 de la Ley de Igualdad establece que las empresas deben tener protocolos sobre acoso sexual para prevenir este tipo de violencia machista y "canalizar las denuncias o reclamaciones" de las víctimas. Sin embargo, el Gobierno desconoce cuántas de ellas disponen de estos procedimientos específicos. Al ser preguntado por esta cuestión, el Ejecutivo se limita a relatar lo que manda la ley pero evita contestar si se cumple o no. 

Es lo que se desprende de una reciente respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, en la que el Gobierno añade que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social planifica campañas anuales que, al margen de las denuncias interpuestas, "tienen en cuenta especialmente" el cumplimiento de las medidas previstas en la ley. Para el parlamentario del Grupo Socialista, la respuesta del Ejecutivo demuestra "el nulo interés que tiene el Gobierno del PP en materia de igualdad". De hecho, a principios de año también reconoció que desconocía cuántas empresas de más de 250 trabajadores tenían planes de Igualdad a pesar de estar fijado por ley

Más de 2.000 mujeres denunciaron casos de acoso en su puesto de trabajo entre 2008 y 2015

Según el informe Protocolos Laborales: radiografía de su implantación en España, sólo el 25% de las compañías cuenta con un plan de Igualdad y un 35%, con un Protocolo de Acoso. Porcentajes "ridículos y preocupantes", según Heredia, quien recuerda que los protocolos de acoso son mecanismos de cumplimiento obligatorio independientemente del tipo de empresa.

"En el caso de que se produzca un caso de acoso en la empresa, el hecho de no tener implantado un protocolo de acoso puede ser considerado por la Autoridad Laboral un incumplimiento de la compañía en materia de riesgos laborales", especifica el informe, que recuerda que "es obligación de la empresa implantar todas las medidas posibles para reducir y evitar cualquier riesgo para los trabajadores".

El riesgo de acoso, por tanto, es un riesgo psicosocial del que no está exenta ninguna estructura empresarial. Sin embargo, entre 2008 y 2015, más de 2.000 mujeres afirmaron haber sufrido este tipo de violencia en su puesto de trabajo, lo que supone casi una denuncia diaria, según datos de la Inspección de Trabajo. Estos casos, que han sido sancionados con multas por valor de 237.748 euros, son sólo la punta del iceberg: los sindicatos advierten de que muchas víctimas evitan denunciar por miedo a perder el empleo.  De hecho, UGT asegura que la violencia sexual en el ámbito laboral está "aún más invisibilizada" que la violencia machista que se produce en el hogar.

Los protocolos de acoso son mecanismos de cumplimiento obligatorio independientemente del tipo de empresa

Ese silencio se une a la falta de estadísticas oficiales, que permite a las empresas negar la existencia de casos de acoso aunque la Ley de Igualdad las obliga a "promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención".

El Gobierno reconoce que dichos procedimientos son "obligatorios", por lo que Heredia preguntará de nuevo por qué no existe un control por parte del Ejecutivo de las empresas que tienen y de las que carecen actualmente de un Protocolo de Acoso y si tiene previsto a corto o medio plazo alguna medida para mejorar esta cuestión. Además, quiere saber cuántas inspecciones y denuncias por acoso sexual laboral se han llevado a cabo desde 2012 y cada cuánto tiempo se renuevan y actualizan los protocolos de acoso en las empresas.