El Ministerio de Igualdad ha anunciado este jueves que el próximo día 25 de octubre abrirá a consulta pública ciudadana la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Entre los principales motivos de la modificación de la ley, se encuentra la voluntad del Gobierno de blindar el pacto de Estado contra la violencia de género, asegurar su financiación futura y convertir este acuerdo en una cuestión de Estado, tal como ya anunció la ministra Irene Montero en las últimas semanas y más recientemente en una entrevista concedida a este medio. 

El pacto de Estado, aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, tenía una vigencia de cinco años para llevar a cabo más de 200 medidas con una financiación de 1.000 millones de euros. Según el acuerdo, el plazo de de ejecución acaba en 2022. La voluntad del Igualdad es blindar esta política pública contra las violencias machistas y extenderlo más allá, garantizando su cumplimiento y financiación independientemente de la fuerza política que gobierne. 

El anuncio lo ha realizado esta jueves la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, durante una comparecencia en la que afirmó que sería una "oportunidad" para hacer otras modificaciones a la ley que tanto el movimiento feminista, como expertas juristas, llevan tiempo reclamando. "El objetivo sería hacer permanente el pacto de Estado, pero sin duda, hay algunos retoques y reformas que no suponen una revisión integral, pero sí una mejora de la vida de todas las víctimas de violencia machista, que son las mujeres y sus hijos e hijas", afirmó Rosell.

Las modificaciones al texto podrían incluir reformas para adaptarlo a lo que marca el Convenio de Estambul, un tratado internacional firmado por España y que obliga a contemplar todas las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. La actual ley contempla sólo la violencia hacia las mujeres o sus hijos e hijas cuando quienes las realizan están sentimentalmente unidad a ellas (parejas o exparejas). El Convenio de Estambul obliga a los Estados firmantes a tener en cuenta una abanico mucho más amplio de violencias machistas, que incluye la violencia sexual, los matrimonios forzosos, la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, entre otras. Rosell afirmó que es necesario que la norma vaya más allá del "marco estrecho de la violencia íntima". 

Reparación social y medidas de no repetición

Entre los objetivos de la reforma la delagada del Gobienro afirmó que sería deseable también que la norma "alcance la cota de protección" para víctimas que sí se incluyen, por ejemplo en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de 'solo sí es sí'. En concreto, que incluya medidas para la reparación social de las víctimas o de garantías de no repetición, que se pondrían en marcha, si se aprueba la Ley de 'solo sí es sí' en las Cortes y que no se exigen en la actual norma contra la violencia de género.

Rosell también ha desvelado que el próximo lunes se firmará un convenio entre la su departamento y el Centro de Estudio Jurídicos, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, para impartir formación especializada contra las violencias machistas a todo el personal de justicia, desde el Ministerio Fiscal, los Cuerpos de los Letrados de la Administración de Justicia, hasta los institutos de medicina legal y de ciencias forenses. Con este convenio se cumple una de las medidas contenidas en el Catálogo de medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la violencia de género aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio. Esta formación es también una medida del pacto de Estado y estaba incluida en la ley contra la violencia de género. "Su
conocimiento especializado y su trato pueden ser decisivos para que las
víctimas se encuentren en condiciones de salir de la violencia", ha afirmado Rosell.