Este jueves aprobaba el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos. Han tenido que ceder en algunos asuntos importantes para Unidas Podemos que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres. El Gobierno no aumenta los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, tampoco reduce el IVA a los productos de higiene femenina y no habrá cheque bebé. ¿Cómo lo valora?

Las mujeres, más que nadie en nuestro país, sabemos lo que cuesta conseguir nuestros derechos y nos hubiese gustado poder incluirlos. Siempre decimos que no renunciamos a ser la fuerza mayoritaria del Gobierno porque sabemos que, siendo la fuerza mayoritaria, algunos cambios se podrán hacer con más rapidez y contundencia. No obstante, creo que hay cuestiones muy importantes que sí hemos conseguido negociar y acordar con el socio de Gobierno para estos Presupuestos y que afectan positivamente a la vida de las mujeres.

También en los últimos tiempos, aunque no haya sido estrictamente en la negociación de Presupuestos, hemos conseguido la subida la Salario Mínimo Interprofesional, que afecta fundamentalmente a las personas más precarias de nuestro sistema laboral, que son las mujeres. Hemos conseguido que las pensiones mínimas y no contributivas suban un 3% y la mayoría de personas que tienen ese tipo de pensiones son también mujeres. Hemos ampliado la dotación para las escuelas de 0 a 3 años, que aparte de ser un derecho de los niños y las niñas a la educación, es también una herramienta muy importante para la conciliación de las familias, fundamentalmente de las mujeres, que son las que cuidan.

Mantenemos la dotación presupuestaria del Plan Corresponsables, que es la primera política pública del Estado asociada directamente al Ministerio de Igualdad con una clara perspectiva feminista, esto es que el Estado se corresponsabilice de los cuidados. Esos 200 millones se van a destinar a que haya personal que cuide a domicilio o espacios públicos en los que se pueda dejar a los niños y niñas y que esto no esté vinculado al trabajo. Esto es muy importante, porque no se les va a poder dejar en esos espacios solamente si la mujer tiene que ir a trabajar, sino también si tiene que ir al centro de salud, si tiene que dedicarse a una tarea de cuidado personal o si quiere ir al teatro. Es decir, facilita la conciliación también con la vida personal, que es lo que dice la ley vigente en nuestro país, que es un derecho de las mujeres y que ahora mismo a la mayoría les cuesta mucho cumplirlo. Estos son solo algunos ejemplos. 

¿En qué medida aumenta la partida presupuestaria para Igualdad en 2022?

El Ministerio de Igualdad, por primera vez en la historia, tendrá un presupuesto de más de 500 millones de euros. El presupuesto de Igualdad será de 525 millones en total. Es una inversión histórica. Más del 50% de ese presupuesto se dedica a la lucha contra las violencias machistas. El presupuesto aumenta este año un 19% en la lucha contra las violencias. Estamos dando pasos muy significativos para garantizar los derechos de las mujeres y, sobre todo, destinados a las transformaciones profundas que necesita nuestro sistema económico y político para que esos derechos sean garantizados en materia de violencia, pero también en materia de cuidados, de trabajos del hogar, de conciliación…

Queda mucho por hacer y por tanto no soy triunfalista, pero quiero poner encima de la mesa la tranquilidad que estos presupuestos van a suponer para muchas mujeres en la medida en la que ayudamos presupuestariamente y con reformas legislativas y de políticas públicas a garantizar sus derechos. Siempre reconozco al movimiento feminista su empuje para conseguir y conquistar esos derechos. Creo que estamos avanzando de forma muy decidida y que esto es fruto de ese impulso del movimiento feminista que está siendo capaz de colocar el derecho de las mujeres en el centro del debate público y como una política de Estado.

Además, en la ley de familias que trabajamos en estrecha coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el de Ione Belarra, pondremos encima de la mesa el debate sobre la prestación universal por crianza o el necesario e imprescindible aumento de los permisos de maternidad y paternidad, al menos hasta los seis meses, para cubrir el primer año de vida de las criaturas y para garantizar también el derecho de las familias monoparentales, que están en un 80% encabezadas por mujeres y que todavía la legislación de nuestro país no protege de forma suficiente.

Ha mencionado que el 54% de los presupuestos de Igualdad irá destinado a la lucha contra las violencias. ¿A qué medidas concretas ?

Primero, al cumplimiento del Pacto de Estado, que tiene que ver no solo con las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, sino con un trabajo muy estrecho que estamos haciendo para hacer del Pacto de Estado algo permanente, pues tenía una vigencia de cinco años que acaba el año que viene. En un contexto de amenaza por parte de la extrema derecha y la derecha de nuestro país a los derechos de las mujeres y, particularmente, por la gran negación que existe por parte de esos sectores de la existencia misma de la violencia contra las mujeres, pensamos que es muy importante que este pacto sea permanente. Se hará a través de la reforma de la ley 1/2004 [contra la violencia de género], para blindar tanto las medidas del Pacto de Estado como su financiación.

También estamos trabajando con las comunidades autónomas, con las asociaciones feministas que llevan décadas a pie de terreno y que son las que mejor conocen la realidad de las mujeres víctimas. Estamos trabajando para que pueda haber un plan de modernización de los protocolos y actuaciones para revisar el último detalle de en qué estamos fallando. Trato de transmitir siempre el mensaje de que las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual en nuestro país no están solas. Que cada vez hay más puertas institucionales, más grandes y más seguras para que puedan denunciar su situación, para que puedan recibir los derechos que les corresponden: la atención integral, el acompañamiento, la reparación… Como decía, no soy triunfalista, hasta que no erradiquemos la violencia contra las mujeres este Ministerio no va a estar satisfecho y, por tanto, reconocemos que tenemos mucho trabajo por hacer.

En ese plan de modernización, por ejemplo, trabajamos para una demanda que es histórica y que va a ser fundamental y es el hecho de que exista un cribado universal en nuestro Sistema Nacional de Salud. Ya de hecho ocurre que muchas mujeres denuncian o expresan una situación de violencia en el pediatra de sus hijos o hijas, en el médico de cabecera o en algún especialista. Por tanto, si reforzamos la capacidad de nuestro personal sanitario con ese cribado, es decir, de prestar esa atención, de saber qué preguntas hacer o a qué señales atender para identificar situaciones de violencia, podemos mejorar mucho las puertas de entrada de las mujeres a la institución y por tanto a la garantía de sus derechos, tal como marca [el convenio de] Estambul, sin la obligatoriedad de que denuncien. Es decir, que la garantía de un derecho para esas mujeres no dependa de la denuncia. En eso estamos trabajando y ese presupuesto irá destinado a ello, siempre respetando los niveles competenciales y por tanto en estrecha colaboración con comunidades y ayuntamientos, que tienen muchas de estas competencias.

Usted ha manifestado en varias ocasiones que quiere blindar el Pacto contra la violencia de género para que sea una cuestión de Estado. ¿Es posible hacer esto en un momento en el que la derecha y la ultraderecha reman en sentido contrario?

Precisamente por eso pensamos que es más necesario que nunca hacerlo. Plantearemos en un periodo breve de tiempo la reforma de la 1/2004 porque es el mejor mecanismo legislativo para poder desarrollar el Pacto de Estado y su financiación. Es muy importante, porque si no hay inversión pública es muy difícil garantizar los derechos de las mujeres. Precisamente es importante porque en un momento de avance sin precedentes en las últimas décadas del movimiento feminista en nuestro país y en todo el mundo, la reacción a ese avance es virulenta.

Hay un grupo parlamentario que es la tercera fuerza política de nuestro país que niega que exista la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y el jefe de la oposición de nuestro país demasiadas veces compra esos discursos que cuestionan que a las mujeres se las viole, asesine o acose en el entorno laboral por el hecho de ser mujeres. Quizás el PP no lo haga de forma tan evidente como lo hace la extrema derecha, que dice que la violencia no tiene género, pero cuando sacamos un protocolo contra el acoso sexual en los entornos laborales y la respuesta del PP es ridiculizar ese protocolo… La ridiculización es una forma de negar la existencia de esas violencias y por eso digo que demasiadas veces compran el discurso de la extrema derecha, seguramente por un interés electoralista de sumar determinados votos de extrema derecha.

Precisamente por esta reacción es necesario; una reacción que recibe millones de euros a nivel internacional de fundaciones y grupos con muchísimo poder, grupos que no se presentan a las elecciones pero tienen mucho poder y no quieren que haya cambios estructurales. Es necesario el avance en derechos de las mujeres. Cuando hablamos de una nueva generación de derechos feministas hablamos precisamente de esto, de hacer frente a esa reacción al movimiento feminista y a las mujeres sin miedo y sin ningún tipo de complejos. Las mujeres ven vulnerados sus derechos en este país por el hecho de ser mujeres, no solo en materia de violencias, también de acceso al empleo, vivienda, educación… Por tanto, la mejor forma de impedir que esa reacción siga avanzando es consolidar esa nueva generación de derechos. La mejor forma es consolidar políticas públicas y leyes que afiancen esos derechos.

La violencia de género y los asesinatos machistas no disminuyen. El último informe del CGPJ muestra que se han incrementado a niveles prepandemia. ¿Qué medidas adicionales pondrá en marcha su ministerio para frenar esta sangría?

El Pacto de Estado viene a poner el foco en la ley de 2004 pero va más allá. Plantea, por ejemplo, la necesidad de abordar todas las violencias contra las mujeres, que es lo que estamos haciendo con la Ley Integral de la Libertad Sexual, que se debate la próxima semana en el Congreso, y de avanzar en esos mecanismos de sensibilización, de detección, prevención y atención integral y reparación a las mujeres víctimas de violencias machistas. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucho trabajo hecho, quiero reconocerlo, pues aunque siga siendo insuficiente, ese trabajo no viene caído del cielo. Es el trabajo de las luchas de muchas mujeres en el movimiento feminista, empujando desde las calles, y también de muchas mujeres en el ámbito institucional.

Pero sigue faltando mucho por hacer y por eso, precisamente, en el Plan de Transformación y Resiliencia hemos incorporado un proyecto para construir centros de crisis, para mejorar el 016 y que pueda atender todas las violencias, que pueda incorporar asesoramiento en materia de inserción laboral. Como les decía, somos uno de los pocos países que lo hemos hecho en el ámbito europeo y hemos sido felicitados por Europa. Estamos trabajando en un plan de modernización de todos los protocolos y actuaciones en materia de lucha contra las violencias contra las mujeres. Muchas veces esos protocolos llevan décadas sin ser actualizados y precisamente su actualización nos va a permitir aprender de todo lo que se ha puesto en marcha en estos años para mejorarlo. 

Necesitamos mejorar nuestros mecanismos de evaluación. Uno de los principales problemas que nos encontramos sobre el cumplimiento del Pacto de Estado es la evaluación de las medidas que se ponen en marcha. Estamos poniendo en marcha la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley de Trata, el plan de modernización de esos protocolos, el Plan España te Protege contra las Violencias Machistas, una inversión histórica contra las violencias contra las mujeres, medidas que van por el camino de erradicación de las violencias; pero mientras siga habiendo un asesinato machista o una mujer violada vamos a seguir trabajando, no podemos ser triunfalistas, las instituciones no llegamos a tiempo a todos los casos y nuestro objetivo tiene que ser llegar a tiempo.

La pandemia ha agudizado la situación de vulnerabilidad y de violencia y riesgo para muchas mujeres. Eso ha sido una realidad que hemos tenido presente desde el primer momento y por eso, tan solo 48 horas después de la declaración del estado de alarma, teníamos encima de la mesa un plan de contingencia para garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género como servicios esenciales y que siguieran trabajando en un contexto de enorme emergencia sanitaria. Hemos trabajado con el Ministerio de Derechos Sociales en un proyecto innovador para poder proteger y dar garantía a las mujeres de que sus mascotas podían estar protegidas. Es importante para las mujeres que tienen mascotas, pues muchas de ellas no abandonan el hogar donde vive el maltratador por miedo a que el maltratador haga daño a los animales.

En materia de explotación sexual hemos trabajado junto a las comunidades autónomas y las asociaciones feministas y de derechos humanos que trabajan en terreno para que hubiera formas de acreditar a esas mujeres como víctimas de explotación social sin necesidad de denuncia, en cumplimiento del Convenio de Estambul. Hay muchas mujeres que tienen miedo a denunciar porque la denuncia supone un momento de riesgo y por miedo a no ser creídas y, por tanto, muchas veces o no cuentan su situación o se la cuentan a amigas y compañeras y no dan el paso a ir a las instituciones. Por eso insistía en el ámbito sanitario, para muchas el ámbito sanitario es un lugar seguro.

Tenemos la obligación de abrir muchas puertas institucionales no solo en el ámbito sanitario; con la campaña del Punto Violeta queremos que comercios y entidades abiertas al público puedan identificarse con ese punto violeta y las personas de esos locales puedan tener unas nociones mínimas de cómo tratar a una víctima de violencias machistas, de género o sexuales, para al menos poder decirles a dónde dirigirse, ya sea a la asociación feminista de su barrio, al punto municipal donde se atiende a las víctimas, a la comisaría si es su deseo denunciar, al centro de salud… Es importante que las mujeres cada vez identifiquen más lugares institucionales como seguros para pedir ayuda, hay que hacer partícipe a toda la sociedad para tender esa mano, que las mujeres víctimas de violencia sepan que hay manos tendidas en la panadería, en el centro comercial, en el centro de salud, también por supuesto en la comisaría y en los juzgados.

También hemos hecho un trabajo importante en la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras del 016, para que atiendan no solo a víctimas de violencia de género, sino a víctimas de todas las violencias machistas. Para muchas mujeres esa llamada al 016 es la primera puerta de entrada segura. La construcción de los centros de crisis, uno por provincia, tiene el mismo objetivo. Esta es una idea del movimiento feminista, no nos la hemos inventado nosotras, los países anglosajones tienen larga experiencia en esto, centros de crisis abiertos 24 horas siete días a la semana, plenamente identificables, para que cualquier víctima de violencia machista pueda acudir.

Si no se precipita inesperadamente, quedan todavía algo más de dos años de legislatura. ¿Cuáles son las prioridades de Podemos para conseguir en esta segunda parte de la legislatura de Gobierno de coalición? 

Después de la emergencia sanitaria, ha quedado en evidencia la profunda crisis de nuestra forma de organización de la vida, del modelo económico y del modelo de sociedad. Hay millones de personas y, particularmente, millones de mujeres que saben que la forma que tenemos de organizar la economía y la sociedad no permite vivir. No permite el acceso efectivo a muchísimos derechos, como la cultura, la educación o la sanidad, especialmente a las mujeres más vulnerables, a las que siempre han vivido en los márgenes o a las que el Estado no ha prestado atención. Pienso en las víctimas de explotación sexual, en las víctimas de trata, en las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero también en muchísimas mujeres que pueden considerarse de clase media que cuidan a sus mayores y con las que también tenemos un debe o en las madres de este país que siguen viendo cómo los pilares de la conciliación han saltado por los aires con la emergencia sanitaria (que son los abuelos y abuelas). Por tanto, creo que este Gobierno va a acertar si afronta con decisión transformaciones que son estructurales.

Ese es el principal acierto del movimiento feminista en esta cuarta ola: que ha sido capaz, no solo de situar los derechos de las mujeres en el centro del debate político del Estado, sino que está poniendo en el centro la transformación del modelo económico. Mientras tengamos un modelo económico neoliberal, depredador con la naturaleza y que sostiene su estructura sobre los cuerpos de las mujeres que cuidan, que barren, que friegan, que se ocupan de los niños, de las tareas del hogar, de los mayores, de las personas dependientes a costa de su propio tiempo, de su propia vida y desarrollo profesional y vital, no vamos a poder hablar de una democracia plena.

Este Gobierno tiene que asumir transformaciones de carácter estructural. ¿Qué quiere decir eso? Algunas ya las estamos acometiendo: la subida del SMI, que tiene rostro de mujer, como decía antes; la reforma laboral… El empleo tiene que ser estable, también para nuestros jóvenes. Mujeres y jóvenes son las personas más damnificadas, más dañadas por esta crisis, y por tanto las transformaciones estructurales tienen que atender a su realidad y sus problemas. Que puedan tener un empleo estable, que puedan emanciparse. La ley de vivienda y su aplicación y desarrollo va a ser otra prioridad para este Gobierno. 

Si las personas, y especialmente los jóvenes, no pueden emanciparse, vamos a ver cómo muchos de los derechos que tienen reconocidos por la ley y por la Constitución no tienen un acceso efectivo porque desarrollar tu proyecto de vida también depende de que puedas emanciparte. Las mujeres siguen estando en empleos parciales de forma involuntaria, porque si no, no hay quien cuide a su abuelo, abuela, madre, padre, suegro o suegra, a los niños y a las niñas... Necesitamos una reforma laboral, necesitamos subir el SMI, necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro del debate público, también los permisos de maternidad y paternidad, el avance contra todas las formas de violencia, la ley del solo sí es sí, la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de derechos sexuales y reproductivos…

Creo que hay muchas transformaciones que son, como digo, de carácter estructural. Y que, además, y este es un debate que se está abriendo no sólo por el bloque progresista, sino por el de la derecha y la extrema derecha, también tenemos que pensar en la posible reforma constitucional. En una Constitución que incorpore el derecho de las mujeres y que garantice que el texto legislativo por excelencia en nuestro país incluya a todas las mujeres y sea capaz de reconocer sus derechos. 

Ha hecho mención a los derechos de las personas migrantes...

Otro eje fundamental y que vamos a abordar seguro con la ley de trata, pero que en general tenemos que abordar como política pública, es la reforma de la ley de extranjería. Mientras no hablemos de las mujeres en situación administrativa irregular, muchas de ellas en contextos de prostitución, muchas de ellas en trabajos del hogar que están en condiciones de esclavitud o de semiesclavitud que por una cuestión administrativa no pueden ver reconocidos de forma efectiva todos sus derechos (a la salud, a la educación, al empleo digno, a la vivienda…), no vamos a hablar de una sociedad que sea plenamente democrática. 

Hay millones de personas fuera de estas paredes que están luchando por sobrevivir, por eso creo que tenemos que abordar reformas estructurales que permitan a todo el mundo organizar sus proyectos de vida sin miedo, sin culpas, sin discriminaciones y con todos sus derechos garantizados de una forma efectiva. Es decir, garantizar el acceso efectivo a los derechos a los que, aunque estén puestos en las leyes, muchas mujeres no pueden acceder.

Ha hablado de la reforma laboral. ¿Es la piedra angular de Unidas Podemos para lo que queda de legislatura? ¿Es importante para la credibilidad de Yolanda Díaz, que prometió que la presentaría antes de que acabe el año?

Hay muchos y muchas, incluso entre los sectores progresistas, que han dudado de nuestra credibilidad y que han dicho que lo que proponíamos no se podía realizar. Con el SMI han dicho que se iba a hundir la economía y que iba a haber un aumento del desempleo bestial, que iba a ser una medida que entorpezca el desarrollo económico. Yo creo que nuestra presencia en el Gobierno, con todas sus contradicciones y sus dificultades, porque somos el socio minoritario, ha demostrado que somos capaces de conseguir lo que muchas personas creían que era imposible. Con perseverancia, con trabajo discreto, con muchas horas de dedicación.

Y además, cuando las conseguimos, desmontamos las grandes mentiras sobre las que se ha sustentado el consenso sobre el sistema económico capitalista en esta fase neoliberal. Que si subir el salario mínimo iba a destruir la economía, que garantizar derechos iba en contra de la prosperidad económica, que los derechos de las mujeres eran una cuestión accesoria y no central del debate político de un Estado... Esos mantras, sobre los que se sustentaba esta forma de organización económica y social, los estamos destruyendo uno por uno.

Y más en un momento en el que por primera vez en la historia de nuestra democracia se rompe una cláusula de exclusión histórica de la gente que piensa como nosotros. Decían que la gente que piensa como nosotros no podía estar en el Gobierno. Eso es lo que ha justificado las repeticiones electorales en los últimos años. Y cuando entramos en el primer Gobierno de coalición de la historia y rompemos esa cláusula de exclusión, llega la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años y hay una ministra de Trabajo que pone sobre la mesa el mecanismo que ha permitido proteger millones de empleos y miles de empresas de la quiebra y de las enormes dificultades que acarreaba esa emergencia.

Hemos tenido un vicepresidente y ahora una ministra de Derechos Sociales que han conseguido garantizar el Ingreso Mínimo Vital, que han sacado adelante una inversión histórica en dependencia revirtiendo los recortes de más de una década del Partido Popular. En medio de esta emergencia sanitaria, económica y social, estamos consiguiendo algo que hasta ahora parecía imposible: que los derechos de las mujeres en tiempos de crisis no queden relegados, sino que se pongan en el centro del debate público y del debate político. Y que construyamos y consolidemos una nueva generación de derechos feministas (con la ley del solo sí es sí, la ley trans y LGTBI, con la reforma de la ley del aborto, con la estabilización o permanencia del pacto de Estado… ). Creo que, para todos y todas las que dudaban de nuestra credibilidad, nuestra presencia en el Gobierno está demostrando que, con todas sus dificultades y con todas sus contradicciones, gobernar y ejercer el poder es útil para la ciudadanía de nuestro país.

¿Pero se juega Yolanda Díaz la credibilidad con el compromiso de presentar la reforma laboral antes del fin de año?

No me cabe duda de que lo va a conseguir. Yolanda Díaz lleva en su haber, desde que es ministra y ahora vicepresidenta, decenas de acuerdos en el marco del diálogo social y fuera de ese marco, por tanto, está haciendo un trabajo serio y riguroso para conseguir que antes de diciembre o en diciembre tengamos esa propuesta de reforma laboral encima de la mesa. Va a ser una negociación difícil, lo lleva siendo mucho tiempo, pero ya estamos muy acostumbradas a negociaciones difíciles.

También estamos muy acostumbradas a que nos pregunten si nos jugamos la credibilidad o si van a ser posibles cosas que nunca han sido posibles hasta que nosotras hemos llegado al Gobierno. Y no me cabe duda de que la vicepresidenta va a poner encima de la mesa antes de que empiece el año 2022 un acuerdo para poder revertir esas reformas tan dañinas en términos laborales que se han hecho en las últimas décadas por parte del bipartidismo.

Todo el mundo habla de Yolanda Díaz. ¿Cómo definiría usted a su vicepresidenta y compañera de Gobierno? 

Yolanda Díaz era para mi un referente. Empecé a militar a los 15 años en las Juventudes Comunistas y ella era ya miembro del Partido y una de las mujeres que, igual que Amanda Meyer o Clara Alonso, estaban ahí abriendo un camino que otras mujeres más jóvenes pudimos recorrer y seguir. Y con muchas de ellas hoy tengo el honor de seguir trabajando en equipo. En el grupo parlamentario, mientras he sido portavoz e Ione Belarra portavoz adjunta, hemos trabajado estrechamente y ahí se vio la capacidad de Yolanda Díaz de construir equipos para sacar adelante leyes que parecían imposibles, para hacer unas propuestas legislativas que nunca se habían hecho en nuestro país con rigor y ambición. 

Creo que la vicepresidenta ha demostrado ser la mujer mejor situada ahora mismo para liderar un proyecto colectivo, un proyecto feminista, un frente amplio que sea capaz de conseguir que nuestro espacio político sea la fuerza mayoritaria en el Gobierno de España y, por tanto, acometer con decisión y valentía en los próximos años las presiones de los que ejercen el poder sin presentarse a las elecciones en nuestro país.

¿Quién debe estar dentro de ese frente amplio según Irene Montero? ¿Qué partidos deben entrar?

La vicepresidenta lo ha dejado también muy claro, no es una cuestión simplemente de partidos. Lo digo desde el reconocimiento más absoluto a la militancia y a las organizaciones políticas, sean sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinas, movimientos feministas, por el derecho a la vivienda, movimientos sociales en general... Creo que la militancia es el mayor acto de ciudadanía y de respeto por la democracia que puede existir, porque significa que entregas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación a que las personas que no conoces de nada tengan los mismos derechos que la gente a la que más amas, y eso es un profundo acto de amor y de confianza a la democracia. 

Los derechos de las mayorías sociales se han conquistado siempre a través de procesos colectivos. Por tanto, con el máximo respeto a todas la formas de organización, creo que de lo que se trata con el frente amplio es de sumar todas esas voluntades, de poner en valor la política feminista. La propuesta de poder sumar voluntades en un proceso de cambio que trasciende lo institucional, que es consciente de que necesitamos estar en las instituciones para avanzar, pero que además de estar en las instituciones debemos estar en las calles, en los barrios con nuestros vecinos y vecinas impulsando el cambio social.

Creo que para liderar ese proyecto político, Yolanda Díaz es, sin duda, la mejor candidata, la mejor persona posible. Porque además tiene la conciencia (sabéis que viene de una fuerte tradición sindicalista) de que los procesos nunca los hacemos caminando solas. Siempre son caminando de la mano de otras muchas mujeres y de otros muchos hombres.

Permítame una maldad. ¿Se vería Irene Montero compartiendo lista de nuevo con Íñigo Errejón?

Por supuesto. Y, además, si hay alguien que puede conseguir eso es Yolanda Díaz.

Otra maldad. ¿Echa de menos a Carmen Calvo en el Consejo de Ministros?

Contrariamente a lo que se ha dicho, yo con Carmen, con la exvicepresidenta, siempre he tenido una relación intensa y de trabajo. Hemos diferido en muchas cosas de una forma muy intensa y es evidente que ha habido muchas cosas en las que no hemos estado de acuerdo, pero yo le reconozco a la vicepresidenta ser parte de ese camino que otras han abierto antes para que hoy podamos situar la consolidación de una nueva generación de derechos feministas en el centro del debate político. Y le reconozco, también, que desgraciadamente, como otras muchas mujeres, ha tenido que enfrentarse a muchísimas barreras para llegar a ser lo que ha sido, nada menos que vicepresidenta primera del Gobierno de España. Le reconozco todos esos méritos.

Creo que va a seguir aportando, ahora como presidenta de la Comisión de Igualdad [del Congreso]. Así que vamos a seguir teniendo un camino por recorrer juntas. No oculto las discrepancias, pero también quiero dejar claro que eso en el movimiento feminista y entre las mujeres nunca ha sido un problema. Hemos discrepado, pero le reconozco su valor y su trabajo y seguiremos trabajando juntas, aunque ahora sea ella como presidenta de la Comisión en la que se van debatir todas las leyes que este Ministerio va a sacar adelante en el trámite parlamentario y yo como ministra.

Hablando de diferencias. La distinción entre sexo y género está centrando una gran parte del debate y de las enmiendas a la ponencia marco del 40º Congreso Federal del PSOE. ¿Qué opina de este debate en su socio de Gobierno?

No voy a valorar los debates que tiene nuestro socio de Gobierno, porque son debates internos en su propio desarrollo de su proceso congresual y quiero ser profundamente respetuosa. Simplemente diré algo que es una constatación de la legalidad vigente en nuestro país. La ley de 2007, que es la vigente en materia de reconocimiento de los derechos de las personas trans y que necesita ser mejorada para reconocer el derecho de la libre determinación de la identidad de género y otros muchos derechos que las personas trans ven ahora vulnerados (acceso a la vivienda, al empleo a la sanidad) la aprobó el Partido Socialista con Zapatero. En su exposición de motivos dice con claridad que la transexualidad es un cambio de identidad de género, literalmente. Resolvía ese debate con esa rotundidad.

Pero es una ley insuficiente que hay que transformar. Y voy a decir algo que creo que es la clave. Tanto las comunidades autónomas como el Gobierno de España están impulsando una legislación que, por fin, garantice todos los derechos de las personas trans. Porque las personas trans existen en nuestro país y tienen que ver reconocidos sus derechos porque son de las personas más discriminadas y más invisibilizadas de nuestra estructura social. Y, por tanto, no cabe un cuestionamiento ni de su existencia, ni de su derecho a tener derechos, de su derecho a existir. Este país tiene un debe con las personas trans que el Gobierno de España va a saldar al máximo de las posibilidades que seamos capaces de conseguir. El de la ley trans es un buen texto legislativo pero puede ser mejorado, por ejemplo, para reconocer los derechos de las personas no binarias. Y en ese camino vamos a estar.

¿Existe un debate en Unidas Podemos sobre la cuestión de sexo y género?

Creo que sobre los derechos humanos es difícil debatir. Nuestra formación política está comprometida con los derechos humanos y, por tanto, reconoce una evidencia: que las personas trans existen y que por tanto las leyes y las políticas públicas tienen que estar enfocadas a garantizar esos derechos que a día de hoy no tienen garantizados de forma efectiva. Esto tiene que ser una prioridad. Así lo hemos decidido en un proceso asambleario (en las asambleas ciudadanas) desde la primera hasta la última y este siempre ha sido el posicionamiento político y siempre ha generado un enorme consenso, como también existe consenso en la sociedad.

Todas las encuestas disponibles, tanto europeas como nacionales, hablan de un país que reconoce de forma mayoritaria que los derechos de las personas trans tienen que ser reconocidos y que lo vive como una fuente de riqueza y de orgullo. Que parte de lo que España puede aportar, no solamente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, sino al mundo, es ser pionera en el reconocimiento de esos derechos y por tanto construir sociedades que son más democráticas en la medida en la que todas las personas pueden desarrollar sus proyectos de vida sin miedo, sin culpa, sin estigma y sin ningún tipo de discriminación.

¿Por qué cree que está costando tanto conciliar la defensa de los derechos fundamentales del colectivo LGTBI con los derechos de las mujeres, tal como ponen de relieve una parte de feminismo?  ¿Por qué cree que se manifiestan esas fricciones?

El movimiento feminista ha pasado a lo largo de su historia, no solo en España sino en todo el mundo, por varios debates de este tipo. En otras olas feministas ha habido debates fuertes, incluso ahora convertidos en series de televisión para que podamos conocer nuestra propia historia y no olvidar los debates que hemos dado. La memoria es nuestra mejor arma de futuro. Ha habido debates en el movimiento feminista sobre si las mujeres lesbianas o las mujeres negras tenían que formar parte o no del movimiento.

Sin embargo, la cuarta ola del movimiento feminista es la de la interseccionalidad, la idea de que no hay una sola forma de ser mujer y que las mujeres somos diversas. El feminismo y su propuestas políticas se hacen desde los cuerpos, desde las experiencias de vida y esas experiencias de vida están condicionadas por tu raza, por si eres un persona con o sin diversidad funcional, por el barrio en el que has nacido, por tu nivel económico, por el color de tu piel, por si eres una persona trans o no lo eres, por tu identidad de género o tus características sexuales, por tu orientación sexual... La cuarta ola del movimiento feminista lo lleva incorporado como parte de su ADN, es intergeneracional e interseccional y entiende que la política la hacemos personas, en concreto mujeres, desde nuestros cuerpos , desde nuestras experiencias de vida.

Muchas mujeres en España entran en el sistema judicial denunciando abusos sexuales hacia sus hijos e hijas y acaban perdiendo su custodia. ¿Existe una violencia institucional hacia las mujeres en los órganos judiciales? ¿Qué planes hay en su Ministerio para corregirlo?

Si violencia institucional significa que hay mujeres que han acudido a la instituciones para garantizar sus derechos y los de sus hijas e hijos y las instituciones no hemos sido capaces o bien de llegar a tiempo o bien de garantizar esos derechos, creo que sí podemos hablar de esa realidad. Y, en ocasiones, instancias internacionales nos han dicho que tenemos que cambiar la legislación y sus protocolos y mecanismos de actuación para garantizar que un maltratador no pueda asesinar a sus hijos para dar donde más duele a la mujer.

La violencia vicaria por desgracia está encima de la mesa también como parte de la conversación pública en nuestro país porque hemos visto casos recientemente, pero no es una realidad nueva. Hay miles de mujeres que la están viviendo. Y precisamente por eso decimos que hace falta formación en el ámbito judicial.

¿Indultará el Gobierno a Juana Rivas y a María Salmerón, que espera el cuarto indulto?

Creo que con las mujeres que están defendiendo sus vidas y las de sus hijos e hijas de situaciones de violencia y vulneración de derechos, nosotras y nosotros, como Gobierno y como Estado, tenemos un debe. Y en algunos casos los propios organismos internacionales nos han dicho que no hemos cumplido con nuestras responsabilidades como Estado a la hora de proteger a las mujeres o a sus hijas e hijos. Estoy pensando en el caso de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su maltratador. En el avance legislativo que estamos haciendo, prohibiendo el síndrome de alienación parental, prohibiendo el régimen de visitas, reconociendo a los hijos como víctimas directas, protegiendo a los niños y a las niñas, estamos logrando avances significativos para que esas vulneraciones de derechos no se vuelvan a producir.

Si queremos, de forma efectiva, erradicar la violencia contra las mujeres, las violencias machistas, tenemos que defender a las que hoy están luchando contra esas violencias. Y ese es el caso de Juana Rivas y el de María Salmerón y el de otras muchas mujeres a lo mejor no tan conocidas pero que están recibiendo el arrope del movimiento feminista y deben recibir también el apoyo institucional para hacer valer sus derechos. Y eso lo tenemos que hacer a través de políticas públicas y, cuando lleguen al Gobierno esas solicitudes de indulto, valorarlas siempre teniendo presente que hay que garantizar derechos y reparar daños causados. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales.

Claro que en el Poder Judicial, no solo en España desgraciadamente, tenemos un camino amplio que recorrer para que todas las sentencias y todos los procesos judiciales tengan una perspectiva de género que impida la vulneración de derechos fundamentales de muchas mujeres que hoy los están viendo vulnerados.

Esta semana conocíamos la sentencia del Tribunal Supremo contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, mientras la Fiscalía parece que prepara la impunidad del rey emérito. ¿Respeta la decisión judicial que afecta a Rodríguez? ¿Es independiente el poder judicial en España?

Acato la sentencia, por supuesto, como todas las sentencias. En este caso, por ejemplo, hay dos jueces que emiten un voto particular donde dicen que estamos sentenciando a una persona sin ningún tipo de prueba, con declaraciones de los propios jefes de la unidad policial que estaba interviniendo en ese momento diciendo que no recuerdan haber visto a esta persona. A lo mejor tenemos un problema en nuestro país con la criminalización de la protesta, que es justo lo que la derecha política y la extrema derecha están haciendo.

Diciendo "Alberto Rodríguez es un delincuente", lanzan un aviso a navegantes. Muchas veces, con la persecución a Unidas Podemos por parte de las cloacas del Estado, con montajes mediáticos judiciales o policiales como el informe Pisa, manchan enormemente el brillante trabajo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hacen en nuestro país en la mayoría de ámbitos de sus competencias. Mucha gente ve esa persecución a Unidas Podemos porque somos un espacio político que hace política y que está en el Gobierno de nuestro país por primera vez en la historia sin pedir ni un solo euro a los bancos y sin tener ni un solo trato con quienes mandan sin presentarse a las elecciones.

Pero es también un aviso a todos y todas aquellas que quieren ejercer un derecho constitucional. En el fondo hay una enorme falta de respeto a nuestro propio texto constitucional, que reconoce el derecho de reunión y manifestación no solo como derechos fundamentales, sino como derechos que están en la base del ejercicio de otros derechos. Si no puedes movilizarte de forma colectiva para defender el derecho a la educación, a la vivienda o el derecho a la sanidad, esos derechos pueden verse mermados. En su concepción, nuestra Constitución comprende la historia y dice que hay que blindar los derechos que permiten a las mayorías sociales organizarse para defender derechos, para conquistar derechos.

Los derechos que nuestra propia Constitución reconoce son consecuencias de esas luchas colectivas: del derecho a huelga, a la existencia misma de los sindicatos, que están también blindados por la Constitución… Al final lo que existe en nuestro país en este momento es una corriente hondamente antidemocrática, desplegada desde el Estado profundo (probablemente esto tenga que ver con algunas carencias de nuestra Transición). Se revela en esas declaraciones de Vargas Llosa diciendo que democracia no es que votemos todos, sino que democracia es votar bien. La democracia sirve mientras me elijan a mí. En el momento en el que los ciudadanos y las ciudadanas elijan otros proyectos políticos, otras formas de hacer política que amenacen mis intereses, entonces ya no es democracia.

Por tanto, uno de los grandes retos de nuestro país tiene que ver con hacer frente a esa corriente reaccionaria que se está desplegando desde el Estado profundo y que es hondamente antidemocrática y desconocedora de nuestra Constitución. De lo que dice nuestra Constitución sobre la propiedad privada, respecto a la garantía del interés general, respecto a los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos para organizarse y defender sus derechos. No se creen la Constitución y probablemente nunca se la han creído. Han aceptado la inclusión de esos derechos en nuestro texto constitucional y en las leyes que los desarrollan, pero eso solo vale mientras la gente votase bien y mientras la gente les eligiese a ellos para estar en el poder.

En el momento en el que hay ciudadanos y ciudadanas que, a pesar de las cloacas del Estado, de la persecución a nuestro espacio político, apuestan por  nosotras, se despliega una corriente reaccionaria que dice: "cuidado, la violencia no tiene género, los derechos de las mujeres ya estén reconocidos en nuestro país, las mujeres lo conseguimos todo por nosotras mismas, no necesitamos del empuje colectivo de las que han venido antes, del arrope, del acuerpe" y, por supuesto, esta reacción está en contra de la reforma laboral y contra todo lo que implique garantizar derechos para la mayoría social.

Esto es un grave problema porque está poniendo en cuestión las propias reglas de la democracia. Y en este momento de crisis, si algo nos toca hacer, es precisamente defender la democracia como la mejor herramienta que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para hacer valer nuestros derechos y para seguir conquistando aquellos que todavía no son reconocidos. Hay que defender la democracia de esa corriente reaccionaria que se está desplegando desde el Estado profundo.