En torno a 200 personas viven y duermen cada día y cada noche en las calles de Alicante. Al menos la mitad de las personas han sufrido agresiones y un 77% no recibe ningún tipo de ayuda ni prestación social, según el informe que se realizó con la campaña Homeless Meet Up Alicante, impulsada por la Red de Entidades de Atención a las Personas sin Hogar de Alicante (REAPSHA) y la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante.

Pero estos datos son de antes de la pandemia. Ahora los niveles de pobreza se han agravado, por lo que la situación puede ser aún más grave. "Alicante tiene los mayores niveles de pobreza de la comunidad —que ha pasado del 29,8% en 2019 al 31,8% en 2020— y tasas muy elevadas de pobreza severa, que se han disparado durante la pandemia a niveles altamente preocupantes, pasando del 5,8% en 2019 al 13,7% en 2020", explica el doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad de Alicante (UA) e investigador en cuestiones de pobreza, cooperación y desarrollo, Carlos Gómez Gil, que acaba de finalizar una investigación sobre el impacto de la pandemia en la pobreza de la ciudad.

Sin embargo, ante todo esto, el Ayuntamiento de Alicante no ha impulsado ninguna medida para ayudar a las personas. De hecho, ha apostado por todo lo contrario.

Varias personas sin hogar ya han sido multadas o desalojadas por la ordenanza del PP y Cs, y apoyada por Vox, para multar a prostitutas, mendigos y personas sintecho en Alicante, que entró en vigor a finales de marzo. El hecho por el que se les ha abierto el procedimiento de sanción es el simple acto de dormir en la calle, pese a que las aceras públicas sean los únicos espacios que tienen para sobrevivir. Una forma de acorralarles y quitarles casi lo único que tienen. 

Los agentes entregan a las personas sin hogar el documento de levantamiento de acta administrativa (es la forma en la que empieza el proceso de sanción o multa) y, además, desaloja a las personas del sitio donde están. Esto último ha ocurrido en el asentamiento de Teulada, contiguo al albergue municipal, donde este lunes fueron expulsados seis personas personas sin recursos, como cuenta a Público Paqui Moya, de la ONG Cometas y Sonrisas, una asociación que trabaja con las 121 personas que se encuentran sin hogar en el centro de la ciudad, sobre todo desde que se publicó la ordenanza.

Además, una periodista del Diario Información presenció y fotografió cómo unos agentes entregaban el documento de levantamiento de acta administrativa a una mujer en el centro de la ciudad, que dormía en la calle junto a su perro. Tuvo que recoger sus escasas pertenencias, guardarlas en un carro de la compra y marcharse de la céntrica avenida en la que se encontraba.

"Hay muchas personas a las que la Policía les ha advertido, e incluso amenazado, de que no pueden seguir mendigando. A algunos les han dicho: 'O te vas de aquí, o te vas a la cárcel'. Son excesos que no se deberían consentir", explica Moya. En esa línea, relata que las personas sin hogar tienen un escrito para entregarle a los agentes de su situación porque, según la norma, la Policía debería poner en conocimiento de los servicios sociales estos casos, aunque con las personas desalojadas no se ha hecho.

El equipo municipal es ambiguo en este tema y busca alejarse de la polémica que se creó cuando se aprobó la ordenanza. El acalde Luis Barcala ha evitado en distintas intervenciones reconocer que multan a personas sin recursos por el simple hecho de estar en la calle e intenta vender que las multas se centrarán "el vandalismo y con los gorrillas". Asimismo, exponen que atenderán individualmente cada propuesta de sanción para dar atención al caso.

Sin embargo, Xavier López, concejal y portavoz de Unidas Podemos, señala que "no es verdad" porque el texto de la ordenanza no diferencia entre las causas por las que una persona duerme en la calle —a efectos de la norma es lo mismo que se duerma en la calle tras una fiesta que porque no se tiene dinero—. 

También considera que no es cierto que vayan a dar atención a las personas porque la ordenanza no obliga a ello. "Si la Administración Pública no está obligada a dar la alternativa, la situación de desprotección es absoluta, así como la de discrecionalidad ante las actuaciones que pueda tener la policía cuando se encuentre a personas sin hogar en la calle. El único objetivo de la norma es establecer un ambiente del miedo para que los sintecho abandonen el término municipal. Que se vayan de Alicante", argumenta a este medio.

La ordenanza, en los tribunales

Entre todo esto, la multa va castigando a los más pobres pese a que se encuentra actualmente recurrida por Unidas Podemos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Recientemente, se aceptó a trámite, aunque el Ayuntamiento rechazó la petición de una suspensión cautelar de la ordenanza.

López explica a este medio que llevaron hasta los juzgados la ordenanza porque consideran que vulnera los derechos fundamentales de colectivos y, por lo tanto, de la ciudadanía de Alicante. "No se atiende a las motivaciones por las que una persona duerme en la calle. Además, se penaliza a las mujeres que son prostituidas. Se equipara la situación de la mujer a la del putero", explica a este medio. 

Por ello, se pide que se anulen los artículos que prohíben a las personas sin hogar poder dormir en la calle y el que sanciona a las prostitutas. "Tenemos buenas vibraciones. El Ayuntamiento ya ha planteado sus explicaciones, que dice que la suspensión podría ser un perjuicio para la ciudad, pero hasta hace un mes no existía esta ordenanza y él lleva gobernando cuatro años, así que no se entiende la urgencia", alega. 

Además, comenta que espera que salga adelante porque ya varios expertos han declarado que consideran que la norma es inconstitucional. El profesor de Criminología de la Universidad de Extremadura (UNEX) Jordi Ortiz y el profesor del departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la UA José Ángel Camisón se manifestaron así en Hoy por Hoy Alicante, que sostuvieron que la norma sobrepasa el poder que tiene la autoridad municipal para regular derechos fundamentales como la movilidad ambulatoria y vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, de Igualdad y prohibición de discriminación. 

Por su parte, desde REAPSHA también piden al Ayuntamiento que retire la ordenanza porque "no se vela por los derechos de las personas sin hogar" y sostienen que se "incumple con el artículo 9.2 de la Constitución Española (CE), en virtud del cual, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".

En paralelo a este proceso judicial, Unidas Podemos llevó una Propuesta No de Ley (PNL) a las Corts en la que se instaba a no criminalizar a las personas en situación de sin hogarismo, que salió adelante. También ha llevado la PNL al Congreso de los Diputados y están a la espera de que se ponga fecha para su debate.

El 'odio' del PP de Alicante hacia los pobres 

Toda la polémica contrasta con que el equipo de Barcala rechazó recientemente 500.000 euros del Consell para la construcción de un segundo albergue en la ciudad. El Ayuntamiento dijo que n destinaría ni un euro a esta acción de las arcas municipales. No es un caso único. López señala que, además, el Ayuntamiento ha ido retrasando las incorporaciones de trabajadoras sociales —se podrían haber renovado de forma automática—, subvencionadas por la Generalitat, de forma que durante meses ha habido menos profesionales. "Es decir, en paralelo a la elaboración de la ordenanza, hemos asistido a un desmantelamiento de los servicios públicos y de privatización de todas las áreas de gestión. Es un ataque a toda la arquitectura social", valora López.

Otro ejemplo. En los cuatro años de Gobierno de Barcala, no se ha construido ni una vivienda pública.

Sobre los servicios sociales en la ciudad, el doctor Gómez Gil añade que hay miles de expedientes paralizados de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) o de la Dependencia que se acumulan en sus oficinas, "unos 2.500", y que se están dando "para agosto citas urgentes para trámites esenciales con las trabajadoras sociales".

Además, habría una falta para alojar a todos las personas sin hogar si de verdad el Ayuntamiento se decidiera a atender a cada persona a la que se abre el procedimiento sancionador. Hay 279 plazas en el albergue público y la ocupación es del 94%, según los datos de REAPSHA, por lo que no habría espacios para las 200 personas a las que habría que facilitarle un techo. "La realidad es que al albergue no dejan a entrar a muchos de ellos ni a cargar el móvil", añade Moya sobre este problema.

Aunque estos ataques contra los que menos tienen no son nuevos. Esta ordenanza ya la impulsó el PP en el pasado y prácticamente existía en los mismos términos que ahora hasta el año 2015, cuando la derogó el Gobierno de izquierdas después de los 20 años de gestión de los conservadores. También en el pasado el Ejecutivo del PP había mostrado su odio hacia las personas sin hogar, llenando la ciudad de los bancos conocidos como 'antimendigos' para que no pudieran dormir en ellos. 

Todo esto lleva a Gómez Gil a concluir que "hay una deliberada política contra las personas pobres y vulnerables, de la que esta ordenanza es una pieza más". "El Partido Popular, junto a Vox y Cs ha llevado a las políticas sociales a un proceso deliberado de descomposición en la ciudad, reducidas a la mínima expresión, debilitadas al máximo y al borde de un colapso deliberado", concluye.