Las organizaciones ecologistas, que estaban alarmadas por la deriva del Gobierno andaluz, entregado a la lógica de unos cuantos regantes, saludaron esta semana con tremendo alivio la retirada del proyecto de ley que impulsaba el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a su juicio una amnistía al robo de agua.

Pero también les indignó la medida de los 100.000 euros para todo aquel que renaturalice (recuperación de las condiciones iniciales) su terreno, es decir, que deje de regar.

"Se pretende solventar la deplorable situación del robo de agua en Doñana y el conflicto social creado por sectores agrícolas con cuantiosos pagos directos provenientes de fondos públicos andaluces, españoles y europeos", afirma Ecologistas.

Este ha sido el peaje, analizan, que ha tenido que pagar el Gobierno de España para frenar una ley, tramitada a las bravas, sin consenso alguno, que causaba un estropicio mayor que el que pretendía arreglar.

El trabajo de la vicepresidenta Teresa Ribera y el convencimiento en el PP andaluz de que Moreno se estaba dejando pelos en la gatera con este tema fueron claves, además, por supuesto, de la presión social, para que se firmase un pacto políticamente muy relevante.

Poco a poco, el alivio se ha ido trocando en preocupación, de nuevo (eso sí, ya sin el proyecto de ley como espada de Damocles). Andan estos días empero los ecologistas, además, con la mosca detrás de la oreja. No terminan de creerse que los lobbies y los intereses económicos detrás del proyecto de ley vayan a conformarse con esos 100.000 euros cada año.

"Estos agricultores recibirán 100.000 euros del erario público por hectárea que transformen, sin perjuicio de poder concurrir a otras muchas ayudas del ámbito forestal, invertir en entornos más propicios como Marruecos o en las ampliaciones de regadíos de la propia Huelva, así como firmar convenios de compensación de emisiones con empresas que paguen las reforestaciones y las mantengan por 30 años", asegura Ecologistas.

El plan de la fresa

Tanto a Ecologistas como a WWF como a SEO/Birdlife les ha preocupado sobremanera que el consejero y portavoz del Gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco (PP) haya arremetido, justo al día siguiente de la firma del acuerdo en Doñana, contra el plan de la fresa de 2014.

Este es el instrumento jurídico que ha permitido, aun sin que las diferentes administraciones lo desarrollasen a fondo, contener de algún modo el desmedido crecimiento de los regadíos, que ha amenazado el acuífero.

El plan, además, ha sido "sistemáticamente incumplido por agricultores especuladores y poco ortodoxos", lamenta Ecologistas en Acción. "Doñana y su deterioro en picado es un caso paradigmático por muchas razones. La inobservancia y violación continuada de la planificación por parte de muchas empresas de la comarca se ha materializado en malas prácticas agrícolas, conversión espontánea de suelos forestales a agrícolas en los montes de los propios Ayuntamientos y robo de agua mediante pozos sin licencia".

"Por otra parte, –añade Ecologistas– toda la planificación elaborada sucesivamente a lo largo de décadas no ha tenido aplicación, control ni sanción por parte de las diferentes administraciones públicas competentes, locales, autonómica y estatal. La conjugación de estos dos hechos en bucle a lo largo de la historia ha significado un crecimiento desmedido del regadío que ha llevado a la sobreexplotación del acuífero de Doñana y la contaminación de sus aguas, abocando a la comarca al colapso económico".

Incógnitas

La incertidumbre, por tanto, es ahora máxima. "Si se confirma lo que se viene publicando, la jugada de presión le ha salido redonda a un colectivo de agricultores heterogéneo, en los que no faltan especuladores", afirman en Ecologistas.

Carlos Dávila, de SEO/Birdlife, afirma a Público: "Un acuerdo entre administraciones es bueno pero hay muchas incógnitas. En ningún caso puede beneficiar a los infractores, generar un agravio comparativo e incluso un efecto llamada. Todo no puede valer".

"Hay muchos aspectos del acuerdo –agrega– que no se concretan y nos generan dudas. Las declaraciones de la Junta, respecto a las posibles modificaciones de la ley forestal andaluza y plan de la fresa, evidentemente, nos llenan de preocupación".

Para WWF, ahora son claves dos vías para superar la "enorme crisis de credibilidad" que ha generado el proyecto de ley de Moreno Bonilla. Por un lado,  que las medidas de abandono de regadíos "contribuyan de manera significativa a la recuperación de los acuíferos en Doñana".

"En ningún caso deben ser medidas orientadas a favorecer o beneficiar económicamente a quienes han estado durante años sobreexplotando los recursos naturales y compitiendo de manera desleal con quienes sí han cumplido con la ley", asegura la organización conservacionista. 

Y, por otro, reclaman que el acuerdo entre Ribera y Moreno suponga un verdadero punto de inflexión y que ese cierren de una vez los pozos y se acabe con el robo de agua. "Todas las administraciones [deben] poner todos los medios para perseguir y cerrar todos los cultivos ilegales de la zona, empezando por las fincas que ya se están preparando para una nueva cosecha".

Millones amalgamados

Para Ecologistas en Acción, "Doñana se encuentra en un abismo y la solución que ofrecen el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía se ha plasmado en un simple protocolo de cordialidad".

Los millones de euros comprometidos (no están en el protocolo firmado por Ribera y Moreno), hasta 1.400 (700 la Junta y otros 700 el Gobierno central), según dijo el presidente de la Junta, también los discuten las ONG ecologistas.

"La Junta de Andalucía ha amalgamado proyectos realizados, otros en marcha y algunos aprobados, afirmando que aportan 700 millones de euros en el marco de este protocolo. Incluyen actuaciones en La Antilla y El Rompido (al oeste de Huelva), en la presa de los Machos (río Piedras, Cartaya, Huelva), en Burguillos (norte de Sevilla) o en municipios en parques nacionales de Sierra Nevada y la Sierra de la Nieves. [Esto] carece de relación con el actual marco de cooperación para el desarrollo sostenible respetando los valores del espacio protegido de Doñana", lamenta Ecologistas en Acción.