Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado un contundente operativo policial para desahuciar este lunes a 18 familias con más de 40 personas del Edificio Dignidad de Móstoles, propiedad de Midtown Capital Partners, una firma inmobiliaria con sede en Miami. 

La Policía ha blindado las calles con más de una decena de furgones y un perímetro de antidisturbios que, desde antes de las 7 de la mañana, ha impedido el paso a activistas en defensa de la vivienda y a profesionales de la comunicación. Aunque el desalojo estaba previsto para las 9:30 de la mañana, los agentes han comenzado a abrir las puertas y desalojar a partir de las 7:15 de la mañana, antes de que la comitiva judicial autorizase el desahucio.

Ana, una de las vecinas afectadas, ha sido la primera en ser expulsada de su casa. "Sobre las 7 han empezado a dar golpes. Me han identificado y me han sacado a pesar de que el desahucio estaba programado para las 9:30 y de que no contaban con la autorización de la comitiva judicial. Es decir, han empezado dos horas antes de lo previsto", cuenta esta madre de dos hijas que se encuentra en paro y enferma de cáncer.

En el edificio residían al menos 18 menores, además de varias personas mayores con enfermedades graves como párkinson. Los vecinos, después de negociar con la Administración, hicieron noche encerrados en sus casas pero sacaron fuera a los niños y mascotas ya que las autoridades, según cuentan, amenazaron con llevárselos a los servicios sociales y a la perrera si en el momento del desalojo se encontraban dentro de las viviendas. 

"Hemos peleado todo y más, pero ha sido en vano", cuenta Charo, otra vecina que esperaba en la calle mientras su hijo resistía dentro de la casa. "No tengo casa, no tengo nada", lamenta entre sollozos. Como ella, el resto de vecinos no tienen un sitio al que ir ya que la Administración no ha ofrecido alternativa habitacional para las 18 familias. En el momento previo al desalojo, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid han ofrecido la posibilidad de que los afectados puedan pasar las dos próximas noches en un hostal fuera de la localidad mostoleña. 

Algunos vecinos planean acampar en el Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por PP y Vox, para protestar y exigir un techo digno. "La Comunidad de Madrid no nos da soluciones porque considera que somos okupas y nos penaliza para entrar en la lista de espera de viviendas sociales. El Ayuntamiento tampoco nos ofrece nada", cuentan los vecinos que, poco a poco, son desalojados mientras decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y de Stop Desahucios muestran su apoyo en la calle con cánticos y pitos hacia los antidisturbios.

"Llevamos años con esto. Había aprobada una moción para dar una solución a las familias pero ha quedado en nada. Tras las elecciones nos reunimos con el Ayuntamiento pero no han dado alternativas. Ahora los servicios sociales nos dicen que van a poner alternativas habitacionales, pero no dicen cuáles, sólo dos noches en un hostal fuera de Móstoles", informa José María Torralbo, portavoz de Stop Desahucios Móstoles. 

La actuación policial se ha desplegado en una mañana marcada por el sol tórrido del primer día de una nueva ola de calor en Madrid. Las altas temperaturas, de hecho, son una de las grandes preocupaciones de los activistas en defensa de una vivienda digna, quienes se preguntan cómo es posible que las autoridades dejen en la calle a decenas de personas con el riesgo para la salud que conllevan los días de calor extremo. 

El desahucio se ha producido dos semanas después de que se suspendiese un primer intento de desalojo debido a la huelga de funcionarios de Justicia.

La expulsión de los residentes de La Dignidad también cuenta con la desaprobación del jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Sociales de la ONU, que en los días previos al desalojo envió una carta a los vecinos –que fue remitida al juez al frente del caso– para solicitar la paralización des desahucio.

Los vecinos moraban desde hace 9 años en este edificio abandonado que fue adquirido por el banco malo, la Sareb, tras la crisis económica y vendido en subasta el pasado verano por 2,5 millones de euros a la firma Midtown Capital Parters. Ahora, el valor de tasación asciende hasta los 4,6 millones de euros. Al poco de comprar el inmueble, el fondo inició el procedimiento judicial para expulsar a las familias.