Es imposible saber con exactitud cuántas cámaras nos pueden grabar en cualquier situación; si sumamos las de videovigilancia (pública y privada), los circuitos cerrados de vídeos, ciertos dispositivos domésticos y, claro, ordenadores, tabletas y móviles, se puede afirmar que hay decenas de millones de ellas. Pero lo que sí debemos saber es que tenemos derecho a preservar nuestra imagen, la última frontera de la privacidad.

Porque es importante insistir en algo muy básico pero que se tiende a olvidar con demasiada frecuencia: toda persona tiene derecho a la intimidad y a la propia imagen, tanto en el domicilio como en cualquier otro espacio, público o privado. Es, además, un derecho fundamental: se recoge en el artículo 18 de la Constitución. Tiene hasta su propia Ley Orgánica (LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), y cuenta con especial cobertura gracias a las normativas de protección de datos.

De vez en cuando, nos acordamos de estas últimas por escándalos como las cámaras ocultas en pisos turísticos (y cómo descubrirlas) o las grabaciones ilícitas que luego se comparten en la red. Hace pocos días, el archivo penal de la causa sobre la grabación de decenas de mujeres orinando en la calle y cuyas imágenes aparecieron en sitios porno reabrió un debate sobre la privacidad.

"Esos ejemplos mencionados son claramente ilegales", afirma la abogada y experta en protección de datos Elena Gil González, que aclara respecto del último: "Que algo sea ilegal no significa necesariamente que sea delito". Existen otras vías para castigar a los infractores, como la demanda civil o el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Otros ejemplos polémicos tienen que ver con las cámaras espía que algunas empresas, como Amazon, usan para supuestamente mejorar sus procesos internos, pero que en realidad han sido utilizadas para medir la productividad de los trabajadores y violar descaradamente su intimidad. Parece que todo lleva cámaras y hay cámaras por todas partes.

¿Cuántas cámaras hay por ahí?

Aparte de los millones de móviles, tabletas y dispositivos con cámara incorporada, también ha crecido exponencialmente la videovigilancia de lugares públicos y comunitarios —casi siempre como "circuito cerrado de televisión" (CCTV)— en nombre de una supuesta mayor seguridad. Y muchos hogares también cuentan con videovigilancia porporcionada por empresas de alarmas. El miedo vende.

No es posible dar una cifra exacta del número exacto de dispositivos que captan y envían (o no) imágenes o audio; Protección de Datos ya no tiene registro de ellas porque el Reglamento Europeo (RGPD) vigente no obliga a ello. "Con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos desapareció la inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD, incluyendo aquellos que tienen como finalidad la videovigilancia", comentan fuentes oficiales de la agencia.

Las mismas fuentes añaden que "la consecuencia, entre otros aspectos, es que desde mayo de 2018 no se dispone de datos de ficheros inscritos con esta finalidad, una inscripción que permitía conocer el número de sistemas de videovigilancia (no necesariamente de cámaras) registrados ante la Agencia".

Un informe de la compañía de investigación de mercados IHS Markit, citado por The Wall Street Journal en 2019, afirmaba que para el cierre de este año habrá más de 1.000 millones de cámaras de videovigilancia CCTV en todo el mundo. De momento, según la compañía de ciberseguridad Comparitech, hay ya más de 770 millones de cámaras, más de la mitad de ellas en China.

Estos datos revelan que Madrid, por ejemplo, cuenta con 34.000 cámaras CCTV (en Tokio, la ciudad más poblada del mundo con 30 millones de habitantes, hay 39.504 cámaras callejeras). En Barcelona, el número de cámaras de vigilancia del espacio público es mucho menor: 8.300.

Londres tiene nada menos que 670.000 cámaras, es decir, que tocan unas 73 por cada 1.000 habitantes, mientras que Pekín es la ciudad con más cámaras en total, 1.115.000, aunque en realidad la cifra sale que hay 5,81 dispositivos por cada 1.000 ciudadanos.

Ojo con lo que grabas: siempre con permiso

"El asunto de la videovigilancia se nos está yendo de las manos", comenta a Público Borja Adsuara, profesor y jurista especializado en tecnología. Por un lado, sostiene que, a menudo, la medida no es proporcional. "Si nos dicen que nos graban para luchar contra el terrorismo en los aeropuertos o en las estaciones, pues sí parece algo lógico y proporcional; pero que esa videovigilancia sirva para vigilar si has recogido la caca de tu perro pues no parece muy proporcional, la verdad", afirma.

Por otro lado, alerta sobre la ingenuidad con la que grabamos o fotografiamos a cualquiera con nuestros dispositivos: "La gente a veces se lía con las normas, como cuando se ponen a grabar con los móviles en la calle porque 'es como los paparazzi', y al final todo el mundo está grabando a todo el mundo, incluso a chicas en toples en la playa", recuerda el profesor, que añade: "Como estamos en un lugar público la gente cree que te puede fotografiar, y eso no es así: parece que estamos tomando las excepciones para convertirlas en regla general".

Precisamente, la regla general, tanto en videovigilancia como en la captación de imágenes en general, es muy clara: nadie puede filmar o tomar una foto a nadie sin consentimiento. A partir de ahí han ido surgiendo excepciones lógicas, como el interés público o las medidas de seguridad y protección (cámaras de tráfico, radares, etc.).

Elocuentemente, Adsuara afirma que "esas excepcionesse han ido estirando como un chicle y ahora parecen más la regla: todo el mundo se lanza a grabar o a hacer fotos en la calle, y la normativa lo dice claramente: hay que demostrar un interés que sea superior al derecho fundamental individual a la propia imagen e intimidad".

Además, la justificación de una medida tan invasiva como la captación de la imagen de cada uno es que debería ser proporcionada y adecuada, idónea y que no exista otra menos inrusiva para conseguir esa finalidad de proteger el interés general.

El principal problema: no sabemos si nos graban

En realidad, como apunta la abogada Elena Gil, "la videovigilancia es una medida muy regulada, ya que tiene que apuntar a una zona determinada, tener suficientes medidas de seguridad en las grabaciones, que se eliminen al cabo de pocos días, etc., de modo que lo que está permitido está muy dirigido a la protección, a la seguridad". Además, apunta, "es conveniente recordar que esas imágenes captadas tienen una finalidad muy concreta: es decir, no pueden usarse o reutilizarse para otras cuestiones que no sean las que indican las normas".

Lo que sucede es que, bajo excusas como la seguridad ciudadana o la innovación tecnológica, las técnicas de videovigilancia son cada vez menos proporcionales y las cámaras, más invisibles. Todo esto es "preocupante porque abre la puerta a considerar normales otras prácticas potencialmente muy lesivas como cámaras insertadas en coches, en gafas, etc.", sostiene Gil.

"Cuando las cámaras son cada vez más discretas, más ubicuas, y para finalidades menos relevantes que la seguridad nacional o la persecución de delitos, parece que se normaliza la idea de que cuando uno está en el espacio público no debe tener una expectativa de privacidad", y eso no debería ser así.

No podemos estar seguros de que estemos o no siendo grabados. Únicamente si nos damos cuenta de que alguien nos saca vídeo, o si nos enteramos de algún modo de la difusión de las imágenes con nuestro rostro (generalmente en redes sociales), podemos actuar, bien acudir al juzgado o bien pedir amparo a la AEPD.

Protección de Datos afirma que hubo 1.415 reclamaciones planteadas en materia de videovigilancia en 2019, mientras que el pasado año esa cifra se situó en 1.189, un 16% menos. En el primer semestre de 2021 rondan las 900 reclamaciones.

De lo que no debería caber duda es que tenemos derecho a nuestra intimidad y a nuestra privacidad, estemos donde estemos y digan lo que digan.