La noticia no tardó en desaparecer de los medios porque se produjo el 8 de marzo de 2018, tan solo un mes antes de que estallara la mayor crisis política y social de la última década en Nicaragua. Se trataba de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se recogía que el Estado había sido responsable por la desatención y la violencia institucional ejercida a una menor que sufrió la violación de su propio padre.

El caso ocurrió dos décadas atrás, pero la Corte dictaminó no solo una prestación económica para la víctima, sino que sentó las bases de un protocolo de atención que el país puso en marcha en octubre de 2020, por decreto presidencial.

Desde entonces, según se ha podido conocer a través de fuentes internas anónimas, los funcionarios de las nueve instituciones y ministerios implicados en el nuevo protocolo, desde el Ministerio de la Familia (MIFAN), al Ministerio de Educación (MINED) o el Instituto de Medicina Legal (IML), entre otros, tienen la orden de dar prioridad a cualquier denuncia o sospecha de abuso a menores de edad. La sentencia de la Corte en el caso "V.R.P; V.P.C y otros Vs. Nicaragua" sigue resonando como un antes y un después en la vigilancia y respuesta a estos casos.

Según funcionarios consultados, estas instituciones han aumentado su implicación tanto para acciones de prevención como de atención más responsable. Las fuentes reconocen que el fallo de la Corte Interamericana sentó un precedente importante "porque todo el sistema, desde Medicina Legal al Poder Judicial, le dio la espalda a esa niña". De hecho, según se puede leer en el fallo, no solo se le dio la espalda, sino que se violentaron sus derechos y se le maltrató institucionalmente tanto a ella como a algunos familiares cercanos.

Actualmente, los casos registrados aumentan. Según los datos del IML, en el año 2022, hubo 4.192 peritajes por abuso sexual a menores de edad en Nicaragua, la mayoría niñas en edad de menos de 13 años. Constituyen más del 83% de todos los peritajes por abuso sexual que realizó el Instituto de Medicina Legal del país.

En los tres últimos años, desde la sentencia de la Corte Interamericana, se observa un incremento de casos registrados de entre un 3% a un 5%. Solo en el primer semestre de 2023 las cifras indican que seguirá creciendo. Algunas fuentes consultadas afirman que la sensibilización sobre este drama va en aumento y ello conlleva a que las mamás de las y los menores que han sufrido abusos se atrevan a denunciar. En otros casos, son profesoras y profesores los que se atreven a denunciarlo.

El anuario que publica la Policía Nacional (el último es de 2021) también refleja un incremento de denuncias por encima de los 2.000 casos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

Aunque la mayor parte de los casos se registran en el departamento de Managua, algunos funcionarios tienen la percepción de que en zonas rurales la incidencia puede ser mayor en porcentaje, por culturas machistas arraigadas. "Más allá de las redes sociales, en realidad, se trata de una violencia aprendida que cosifica a la menor de edad y se evade de cualquier responsabilidad o de las consecuencias psicológicas en el crecimiento de esa menor", argumenta una fuente anónima que opera en los ministerios que atienden los casos de abuso sexual.

Principalmente las denunciantes son las mamás de las menores, pero, desde el último año, según las fuentes consultadas, el colectivo de profesoras y profesores se están sumando en un porcentaje creciente. Y, además, de forma minoritaria, también hay padres que denuncian, cuando el abusador es otro hombre vecino o allegado.

Sin embargo, una especialista que trabaja desde hace décadas en materia de abuso sexual infantil pone en duda los datos que proporcionan las instituciones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella sigue en Nicaragua y por razones de seguridad pide total anonimato. Si bien reconoce que la sentencia marcó una pauta para "que las cosas cambiaran totalmente en términos de ocurrencia", "hay una distorsión en las estadísticas y se pueden ver en lo que publica Medicina Legal y la Policía".

De acuerdo a la experta en atención a víctimas de abuso sexual, el IML sostiene que la policía es la institución que más referencia de casos les hace. Sin embargo, salta la contradicción porque, mientras la policía da un número mínimo de casos de denuncias, el IML lo presenta más alto. "Es inverosímil que, a partir de todo lo que ocurre, las estadísticas vengan en descenso. La gente no está acudiendo a la policía a denunciar por miedo. Y si no acuden a la policía no tienen un documento para ir a denunciar a Medicina Legal a solicitar una valoración", explica.

Tampoco hay mucha confianza en las cifras que presenta el gobierno sandinista, ya que en el pasado investigaciones periodísticas han demostrado cómo se han falseado cifras de salud pública, como por ejemplo las muertes maternas para cumplir con los Objetivos Retos del Milenio.

"Ahora, tenés el caso de la Corte Suprema, sacudida por esa purga que ha destituido a más de mil funcionarios. No han sido nombrados nuevos jueces y los juzgados están paralizados. El hecho de que existan comisarías de la mujer y la niñez tampoco es una cuestión que garantice que haya atención especializada, ni siquiera atención como tal… la atención es bastante selectiva. Te explico: el abuso sexual tal cual está establecido el delito en la ley no se cumple, porque si el abusador solo incurrió en tocamientos, a la víctima no le hacen caso. No pasa nada. Yo he tenido casos de niños y niñas abusadas sexualmente y el proceso ha durado hasta dos años y medio, particularmente porque se ha detenido en la policía", sostuvo la experta.

"El año pasado tuve una situación de violencia sexual, muy cruda, muy ruda, y de igual manera en la primera audiencia le dijeron a la víctima que va a ir a mediación. No sabemos el grado de coacción en las cortes, pero tampoco los abogados defienden, porque aceptan cualquier cosa que les dicen por temor a caer presos", explica la experta en abuso sexual.

En enero del año pasado, una investigación previa de Divergentes demostró que los violadores tienen bastante impunidad en Nicaragua. Entre 2017 y 2020, llegaron a la Policía más de 18 mil denuncias de violencia sexual, más de 12 casos al día. Pero solo se llevó a juicio el 19%, sin que esto garantizara una condena para los agresores. Fallos en la recepción de denuncias, demoras en la captura de sospechosos y decisiones politizadas se conjugan en un sistema judicial que deja sin justicia a miles de víctimas.

Ella no cree que el protocolo impuesto por el fallo de la CIDH esté siendo aplicado con beligerancia. La experta conoció un caso en 2023 en el que la madre de la víctima llegó al juzgado y le dijeron que no iba a existir proceso porque el acusado asumió la culpa y le dieron una condena mucho menor a lo que establece el delito de abuso sexual.

"Podemos decir que está bien, porque las víctimas no están yendo a procesos judiciales ni pasando por ese trauma. Pero claro que sí, porque las envían al Instituto de Medicina Legal donde no hay personal capacitado. Las mamás me cuentan las formas en que son tratadas las niñas, basados en tantos mitos. Creen que las situaciones más graves las atiende una psiquiatra y las menos graves una psicóloga. Es el mayor absurdo del mundo", denuncia.

Un delito que no prescribe, y con penas muy altas

Cuando se recibe una denuncia, es probable que la niña se derive a un albergue. Desde hace algún tiempo, según las fuentes anónimas consultadas en el sistema público, cuando se recibe una denuncia en una comisaría de policía, por ejemplo, los funcionarios y las personas encargadas de investigar dejan los casos que tengan entre manos y se dedican exclusivamente al de la menor. Tienen 48 horas para realizar sus indagaciones y pasarlo al Ministerio Público. Hay una alerta en el sistema para no repetir la cadena de errores que se produjo en aquel caso que acabó en la sentencia de la Corte Interamericana.

Aun así, también sucede que algunas personas vuelven para tratar de retirar las denuncias con el argumento de que no ha sido su intención o tienen miedo de perder el sustento económico que, quizá, les ofrecía el abusador.

A pesar del protocolo, según nos comentan las fuentes, hay aún una falta de sensibilización importante que hace, en muchos casos, que no funcione el sistema de derivación. Si el menor o la menor acude a un centro de salud u hospital, por ejemplo, desde allí se debe derivar y no siempre se hace. Por ello, dentro del protocolo se incide en fortalecer la formación y sensibilización. Desde MIFAN, el MINSA (Ministerio de Salud) y desde el MINED, por ejemplo, así como en las otras instituciones implicadas, se imparten formaciones al respecto. De hecho, si se descubre un caso de abuso sexual a un niño o niña, y el colegio no lo denunció, puede ser sancionado. Por eso, algunos profesores temen no denunciar los casos. Según la información recabada, algunos organismos de financiación internacionales habrían exigido a Nicaragua prestar atención a esta problemática.

Según la ley nicaragüense, a diferencia de otros países, el delito por abuso sexual y violación a menores de edad no prescribe. La pena máxima para un violador de una menor es de 25 años, mayor que la de homicidios, y la de abusos por tocamientos sin penetración es de 12 años. Eso, en parte, hace que se tenga que acreditar bien el delito. En principio, todos los casos que llegan hasta el Ministerio Público se judicializan a no ser que no haya pruebas suficientes.

En todo caso, "nuestra mayor prueba es la víctima, el testimonio de la víctima. Una niña de ocho años, por ejemplo, que es la única que lo vivió y la única que sabe quién la agredió. A eso se suma la valoración médico-legal y de psicología forense", asegura una fuente anónima.

La paradoja en el caso de Nicaragua

Durante algunos años, Nicaragua sufrió, según las estadísticas, una de las tasas más altas de violaciones y abusos a menores de la región. Actualmente, es muy difícil contrastar la información real, puesto que el régimen no responde ni facilita información a medios independientes o que no estén vinculados políticamente al gobierno.

El caso que desencadenó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia no sucedió durante el gobierno sandinista, pero el máximo representante del régimen, envió un decreto presidencial a la Asamblea para que se adoptara el nuevo protocolo de actuación ante los casos de abuso sexual a menores. Se trata de la misma CIDH que el gobierno ha ignorado y despreciado posteriormente en sus procesos por la represión brutal del régimen desde 2018. Y se trata del mismo presidente acusado por su propia hijastra, Zoilamérica Narváez, por abuso sexual.

Ese caso hizo que el abuso sexual dejara de ser un crimen que se cometía a escondidas y del que no se hablaba en público en Nicaragua hasta 1998, cuando se instaló en la vida política como una tromba. Ese año, Zoilamérica Ortega Murillo denunció que su padrastro, el comandante de la revolución sandinista, Daniel Ortega, había abusado sexualmente de ella desde que era una niña. La escandalosa denuncia de su hijastra situaba la carrera política de Ortega al filo del despeñadero. Sin embargo, la madre de Zoilamérica, Rosario Murillo, actual vicepresidenta, entre la defensa de su hija y la opción de quedarse junto al poder de su marido, eligió lo segundo.

En una conferencia de prensa, en la que participaron todos los hermanos de Zoilamérica, la madre declaró a su hija "loca, mentirosa y traicionera". Así protegía a Ortega. A cambio, su poder empezó a crecer hasta ejercer con desmesura una "copresidencia".

Además, hubo otro efecto gravísimo de la denuncia de Zoilamérica. La primera reacción de Ortega fue refugiarse en la inmunidad que le daba, en ese momento, ser diputado. Y después, cuando se aseguró de que una jueza a su servicio le amparase, se ofreció a despojarse de la inmunidad, pero su caso fue sobreseído porque, según la jueza sandinista, ya había prescrito. Posteriormente, la propia Ziolamérica, después de una década de desgaste, retiró la demanda interpuesta ante la CIDH, debido a presiones y acuerdos privados con la familia, a sabiendas de que su denuncia no prosperaría con Ortega en el poder. Por tanto, su caso, quedó en la impunidad y ese ejemplo de impunidad se ha trasladado a la sociedad en general.

A partir de esa fecha, la sociedad civil en Nicaragua creó 56 ONG dedicadas a atender el creciente número de casos de abuso sexual en el país. Organizaciones que trabajaban en diferentes departamentos donde el Estado no brindaba la suficiente atención a las víctimas.

A finales de 2018, después que el gobierno sandinista neutralizó con brutal violencia las protestas sociales, comenzó un cierre masivo de organizaciones no gubernamentales. De esa forma desarticularon toda incidencia social de las ONG para configurar un estado totalitario. Entre las más de 3500 organizaciones decapitadas, 56 trabajaban y atendían a víctimas de abuso sexual, con mucho énfasis en infantes.

¿Cuántas quedan trabajando de forma independiente en defensa de las y los menores? "Es más fácil decirte cuáles no clausuraron. [Hay] una que sigue prestando sus servicios en la ciudad de León, pero solo cuenta con una especialista", dice la psicóloga consultada en condición de anonimato. "A estas ONG les confiscaron sus oficinas, como fue el caso del Grupo Venancia en Matagalpa, que atendía decenas de casos. El problema es que el mayor impacto no nos lo llevamos los expertos, sino la población. Me he encontrado con madres que siguen los procesos judiciales y las envían con especialistas del Ministerio de la Familia, pero en el Ministerio de la Familia no hay especialistas en abuso sexual infantil. Entonces que una persona sin experiencia atienda a una víctima complejiza más la experiencia traumática".