Tres eran las condiciones que la mayoría de los grupos reunidos en la subcomisión del Congreso se marcaron para que la violencia machista fuera considerada un pacto, o al menos, una cuestión de Estado: que incorporara todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, que tuviera carácter institucional y transversal y que contara con la financiación suficiente para poner en marcha las medidas acordadas.

Aunque no a gusto de todos, las tres condiciones están reflejadas en el documento que aprobaron los distintos grupos el pasado lunes y que este viernes cumplirá su último trámite antes de ser aprobado finalmente por la Comisión de Igualdad del Congreso (con lo votos particulares de los distintos partidos). A partir de ahí, el documento será entregado al Gobierno para su ejecución.

En cuanto al compromiso institucional, el acuerdo distribuye la responsabilidad de implementar la medidas en tres niveles: el estatal, el Autonómico y el municipal, siendo las Comunidades Autónomas y los entes locales los que más carga de trabajo deberán asumir una vez que, como lo recoge el acuerdo, se modifique la ley de reordenamiento de las Administraciones Locales para devolverles las competencias en materia de violencia de género.

Si bien aún faltan algunas modificaciones que pueden ser de calado (sólo el PSOE ha presentado 20 medidas en forma de votos particulares, algunas de las cuales incluyen cambios legislativos), el tema de la financiación parece sellado y acordado tras duros tira y afloja en la última semana.

Finalmente serán mil millones de euros a invertir en cinco años para asegurar que las cerca de 200 medidas acordadas se puedan llevar a cabo en ese plazo de tiempo.

Lo importante, según manifiestan distintas portavoces de la subcomisión del congreso que se encargó de negociar este pacto, es que estos fondos serán nuevos y adicionales a los que se destinan cada año en los Presupuestos Generales del Estado. También serán finalistas, es decir, se concederán sólo y únicamente para implementar la medidas contra la violencia de género.

¿Pero cómo se repartirán estos fondos?

Según el documento emanado de la subcomisión por un pacto contra la violencia de género y al que ha tenido acceso Público, el presupuesto a cinco años será repartido de la siguiente forma:

Los Ayuntamientos recibirán un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco que serán tansferidos a través de los Presupuestos Generales del Estado y el destino de los programas a los que serán destinados será pactado por el Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Las Comunidades Autónomas recibirán un incremento anual de 100 millones de euros en los próximos cinco años para desarrollar o aplicar las medidas recogidas en el pacto. Los fondos serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género, respetando las competencias propias de las Comunidades Autónomas y atendiendo a las prioridades que acuerde el Gobierno de España con cada una de ellas. Al igual que ocurre con los Ayuntamientos, será responsabilidad del Gobierno negociar con ellas los criterios de reparto en el marco de la Conferencia Interterritorial, según su extensión y necesidades específicas. 

En cuanto a los organismos estatales, el incremento que se llevará a cabo en el próximo lustro será de 400 millones. Así, según el documento, el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tendrá que incrementar su presupuesto en 2018 en un 20% en relación al año anterior (que fue de unos 31 millones). Para los siguientes cuatro ejercicios (2019. 2020, 2021 y 2022) el incremento será de un 15% sobre los presupuestos del año inmediatamente anterior. 

En cuanto las partidas del los PGE relacionadas con la mayores o nuevas medidas que se proponen para luchar contra la violencia de género, se incrementarán en 80 millones de euros adicionales al año por un período de cinco años. El grueso de esas partidas se distribuirán entre los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero también podrá afectar a otras partidas de otros departamentos.

El acuerdo puntualiza que el incremento destinado a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se incluirá dentro de estos nuevos 80 millones.

Por tanto, el compromiso económico destinado a desarrollar el pacto de Estado supone un incremento de mil millones en cinco años, que serán adicionales a los fondos que hoy en día se destinan a esta materia en los PGE. De ellos 100 millones irán a los Ayuntamientos, 500 se destinarán a las Comunidades Autónomas en los cinco años que dura el pacto y otros 400 millones extra serán repartidos entre distintos organismos del Estado con competencias en la materia. 

Si bien fuentes de la negociación manifestaron que no es el presupuesto ideal, también reconocieron que fue lo mejor que se pudo arrancar y que este presupuesto supone el doble de lo que inicialmente se había puesto sobre la mesa por parte del PP.

Una de las medidas importantes acordadas en el pacto y que ha supuesto una larga negociación, es que los fondos que se destinen a aplicar las medidas, serán fiscalizados por la Comisión de seguimiento de estos pactos. Será una comisión permanente, no legislativa constituida en el Congreso cuyo funcionamiento será similar al del Pacto de Toledo y que será incluida en la Ley de Violencia de Género de 2004.