BARCELONA.- Casi todo parecía un cuento feliz hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las páginas de la historia empezaron a llenarse de altas cifras de desempleo, recortes públicos y subidas de impuestos. Y, para muchos, la angustia de no poder pagar la vivienda. Los desahucios aumentaron. Los bancos no querían perder dinero. Y, en esas, los únicos que perdieron fueron los ciudadanos expulsados de sus casas o engañados por los productos tóxicos de la banca. Los primeros suicidios de afectados crearon una mayor presión social y el Gobierno del PP respondió con una tímida respuesta en 2012: un código voluntario de buenas prácticas para los bancos y el Fondo Social de Viviendas (FSV).

Meses después, en plena Eurocopa de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, añadía un nuevo capítulo. Anunciaba que España había conseguido un “préstamo en condiciones muy ventajosas” por parte del Eurogrupo. Un rescate que el Gobierno, bajo ese concepto, siempre ha negado, y que a cada español le costó unos 850 euros. 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero español, del que sólo empleó 41.300 euros.

Cuatro años después, tras varias reformas bancarias, el sistema financiero ha salido a flote. No ha ocurrido lo mismo con parte de la sociedad que, como puede, se enfrenta aún a los desahucios o denuncia los fraudes de los productos tóxicos. Tampoco existe una política pública de vivienda que respete los derechos humanos. Una historia con un final feliz para el sistema financiero y agridulce para el resto de la sociedad: la banca rescatada se ha reestructurado, sigue teniendo beneficios… y el Gobierno da por perdido el rescate.

La andadura de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya comenzó hace siete años. Las medidas de austeridad terminaron de asfixiar a muchas familias y sus viviendas. Como ayuda, sólo encontraron a esta plataforma. En estos cuatro años de Gobierno, el Partido Popular no ha respondido a sus peticiones. Desde 2009, ya se acumulan casi medio millón de desahucios y 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas, según la PAH. Incluso se alcanzaron los 184 desahucios al día, en 2013. Ellos siguen con su meta: parar desahucios, recuperar viviendas vacías, conseguir la dación en pago y crear cambios legislativos.

“Hemos hecho una ILP estatal con un millón y medio de firmas, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó una solución. Y a partir de ahí empezamos a hacer ILP autonómicas”, manifiesta Carlos Macías, portavoz de la PAH Barcelona. De ellas, la ILP aprobada en Catalunya fue suspendida por el PP. “Han hecho medidas para que la banca limpie su imagen pero no ha servido para solucionar el problema. Un Gobierno está para hacer leyes y gobernar, no para hacer un código de buenas prácticas para que se acoja un banco de forma voluntaria”, manifiesta Macías. De hecho, la banca sólo resuelve la mitad de las peticiones de las familias.

Macías recuerda el impacto psicológico de los desahucios, el sentimiento de vergüenza, culpa, o fracaso y el impacto en la infancia. “Por las asambleas, sabemos de familias que alargan la leche de sus hijos con agua para tener dinero con el que pagar al banco”, confiesa el portavoz. Ante la débil política de vivienda estatal, este colectivo sigue con su petición de las 5 de la PAH, “políticas de sentido común y de dejar de servir a la banca”.

Con más recortes, más desempleo y más vulnerabilidad, la tendencia es una mayor solicitud de vivienda social. Pero el Gobierno no ha respondido así. “La vivienda siempre se ha tratado como un bien de inversión, y no se ha legislado como un derecho humano, está invisible en la legislación”, explica Marta Mendiola, de Amnistía Internacional. Es un mal que viene de antes de la crisis, pero ésta aumenta la demanda.

El resultado ha sido insuficiente, donde España incluso incumple tratados internacionales: “Desde el 2008 hasta 2015, se reduce en más de un 50% la inversión en vivienda social. En el marco europeo representamos sólo el 1,1%. Muy lejos de estados como Holanda con un 32%; o Austria, con un 23%. Tenemos más de 3 millones de viviendas vacías, que son casi el 30% de todas las en Europa, y ningún gobierno ha intensificado su uso”, detalla.

En este proceso aparecieron los llamados fondos buitre. El IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) “vendió casi 3000 viviendas públicas a un fondo de inversión bajo la excusa de que era necesario para conseguir el equilibrio presupuestario. Era otro argumento económico para un derecho humano, y las familias lo padecieron”, explica esta responsable.

Que la vivienda no es considerada como un derecho humano se observa en las medidas aplicadas y en otros detalles. Por ejemplo, en las estadísticas del Gobierno, donde no se contabilizan las personas implicadas en el desahucio (número, edad, sexo…). De hecho, en los datos del Consejo General del Poder Judicial no se registran desahucios, sino lanzamientos practicados desde 2013 sin distinguir el inmueble. Sin saber quiénes son los afectados reales “es muy difícil adoptar medidas y diseñar políticas de vivienda pública”, determina.

Las diferentes reformas aplicadas al sistema bancario tan tenido diferente resultado. Una de ellas ha sido la desaparición de las cajas de ahorro. Para Julio Rodríguez, de Economistas Frente a la Crisis, “su desaparición no ha sido positiva para la economía española, por la pérdida de proximidad con el cliente”. Desde este colectivo también valoran otras actuaciones como el código de buenas prácticas o el Fondo Social de Vivienda que sólo han sido soluciones “paliativas al problema”, o que frente a los productos tóxicos de la banca, “el gobierno no ha apoyado con decisión a los afectados frente a los bancos”.

Jorge Fonseca, profesor y miembro de ATTAC, recuerda que “en 2011 el Gobierno del PP prometió resolver los problemas de la economía, pero en realidad sólo se los resolvió a la banca”. Desgrana que las ayudas a la banca fueron pagadas con recortes sociales, como el 7% menos en sanidad y educación en 2015. A su juicio, “se ha hundido la economía, mantuvo el PIB por debajo de 2011 excepto en 2015, hay un millón menos de horas trabajadas en 2015 respecto a 2011, con peores salarios y menos derechos. Sin olvidar que la deuda pública es de 1,1 billones, equivalente a 100% del PIB. Es una deuda que hipoteca el futuro”. También recuerda el papel entre Sareb y la banca, que acumulan unas “200.000 viviendas vacías”, detalla.

La insolvencia de los bancos llevó a España al rescate y detrás, hubo responsables, concreta Aurora Martínez, de Plataforma por la Banca Pública: “Ni los bancos centrales ni los gobiernos de PP y PSOE supervisaron. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores debieron asegurar que los bancos poseían suficiente capital para las perdidas imprevistas”, apunta.

Martínez enumera todo lo que permitieron estos supervisores: “dar préstamos de viviendas por encima de lo marcado por la ley, ignorar a los inspectores del Banco de España que avisaron del peligro de una burbuja inmobiliaria en 2006, no revisaron la calidad de los préstamos que concedían los bancos ni el de las preferentes, consintieron los desahucios, se resistieron a cambiar la Ley Hipotecaria, no controlaron a las auditoras que daban como buenos los balances trucados de los bancos, no amonestaron a los directivos por la cuantía de sus sueldos u obviaron las cláusulas suelo”, relata, en un sinfín de errores.

Por eso reclaman una banca pública, con mayor participación ciudadana. Así, consideran que se podrá luchar contra la ineficiencia y la corrupción, dará más estabilidad al crédito, creará proyectos sostenibles para un entorno más cercano, facilitará el acceso a la vivienda y no fomentará la crisis porque “su fin no es especular”, concluye.

Uno de los productos tóxicos que más afectados tiene es la cláusula suelo. Un simple texto de un párrafo transformó todas estas hipotecas. Los notarios, ni avisaron ni explicaron. Hubo una falta completa de transparencia por parte de los bancos. Desde la plataforma Stop Cláusula Suelo calculan que son unos dos millones y medio de afectados: “Éramos cinco millones, pero algunas personas han encontrado soluciones, otras han sido desahuciadas o incluso hubo suicidios. La mitad han caído por el camino. Otros han conseguido la retroactividad de las cantidades o la anulación de la cláusula”, confirma Israel Orozco, su presidente. Sabe que aún hay más afectados que no quieren decirlo por miedo y respeto, por la idea de que “el banco siempre gana y no reconocer que ha sido engañado”, afirma.

Desde su plataforma ayudan de forma gratuita a unas treinta personas al día, sin ningún compromiso. Desde el principio, estas denuncias pasaron a los juzgados provinciales, por lo que cada sentencia era diferente. Desde quienes recuperaban todo, otros sólo una parte, y otros nada. Luego, el Tribunal Supremo tuvo que reconocer la retroactividad hasta mayo de 2013, siempre que se demuestre que hubo falta de transparencia en el proceso. Ahora estos afectados esperan a que el 12 de julio el tribunal europeo les ampare con la retroactividad total. El Gobierno y el sistema bancario ya se han mostrado temerarios y consideran que se pondría en peligro la economía española. Frente a ello, la plataforma responde: “Los bancos no van a perder dinero, sólo van a dejar de ganar lo que han cobrado indebidamente. Ya tienen su margen de beneficio con el diferencial que todas las entidades aplican de un 1% o un 0.80%”.

“El escándalo de las participaciones preferentes ha significado el mayor fraude al ahorro de los consumidores por parte de la banca en nuestro país”, denuncia Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU (Organización de Consumidores)”. Después de la caída de Lehman Brothers en 2008 y el estallido de la crisis inmobiliaria en España, la banca no tiene suficiente liquidez. Y ahí aparecen las participaciones preferentes. Los bancos y cajas necesitaban dinero y lo vendieron masivamente, como un producto seguro, a 700.000 ahorradores sin explicar sus riesgos. “Se trataba de consumidores sin conocimientos financieros y que confiaron en su entidad de siempre”, confirma Izverniceanu.

Los afectados, ante la ausencia de respaldo de las instituciones públicas, tienen que demostrar en los tribunales que la comercialización no fue transparente y que no saben qué producto tóxico adquirieron. “La banca está perdiendo esta partida. Bankia, por ejemplo, pierde más del 90% de las demandas. Es fundamental que los consumidores denuncien estos fraudes porque es posible ganar a la banca”, explica. OCU critica que las entidades, “rescatadas por los contribuyentes”, obliguen a los afectados a acudir a los tribunales. Y que sólo cuando pierden los pleitos, ofrezcan acuerdos extrajudiciales.

La banca tiene una bajada de hipotecas y de productos de inversión. Por eso, tiene que buscar dinero de la forma más sencilla. ¿Cómo? Con las comisiones bancarias. Según Adicae, las comisiones han aumentado un 25% y los bancos recaudan 20.000 millones de euros al año a sus clientes. Ruben Sánchez, de Facua, explica dos de las más recurrentes. “Una de las grandes estrellas de la crisis es la comisión por descubierto. Es una doble comisión donde el banco, de entrada, si te quedas con números rojos, aunque sean 10 céntimos, penaliza. ¿De cuánto puede ser la penalización? Puede alcanzar los 30 euros. Es como un préstamo con usura”, detalla.

Aquí aparece otra comisión: la que aplican sólo por notificar que se está al descubierto. “No decimos que sea ilegal, pero la penalización debe ser de una cuantía proporcional al mercado”, concreta Sánchez. Una medida aún más aplicada en los colectivos vulnerables, según el portavoz de Facua: “El banco con el que más gana es con el desempleado o con las personas con bajo poder adquisitivo. No se la cobran a quien tiene 3000 euros al mes, sino al que se queda en negativo”.

Otra comisión nueva denunciada es la aplicada por ingresar dinero a cuenta de terceros. Un caso: pagar al casero el alquiler de una vivienda, sin ser cliente de ese banco. “En el banco Santander, por ejemplo, cobran 10 euros de comisión por esa operación”, concreta Sánchez.

La otra cara de la crisis bancaria son sus trabajadores. La reestructuración del sector ha llevado al cierre de oficinas, pero también menos empleo: “En 2008 éramos 278.000 y en 2015 somos unos 198.000 empleados. Ahora sólo quedan 13 cajas de ahorros, y algunas son propiedad de otras, por lo que hablamos de siete grupos. Y, de ellas, sólo dos son grandes: Caixa y Bankia. En banca la concentración ha sido importante, han quedado sólo cinco grandes”, describe Juan José Giner, de CCOO.

Prejubilaciones, excedencias pactadas, trasladas o salidas incentivadas han sido algunas de las soluciones más aplicadas, con acuerdos entre los sindicatos. Reclaman más puestos de trabajo a pesar de las circunstancias y de la paradoja que un día representó el país: “Es cierto que en España había muchas oficinas, pero en la zona euro somos el tercer país, por la cola, en número de bancarios por cada cien mil habitantes. Una cosa es reducir oficinas, y otra es la reducción de plantilla. Si reduces plantilla pierdes superficie de contacto con la realidad de la gente, y no das un buen servicio financiero”, justifica Giner. También recuerda que es un sector laboral donde se han aplicado recortes y congelación salarial del 2011 al 2015, y que desde entonces los trabajadores de la banca tienen “mayor presión comercial y más jornadas de tarde fuera del horario del convenio”.