El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto Ley de reforma financiera para que los bancos empiecen a dar crédito y el banco malo, que comienza a andar en noviembre, se beneficie de la dinamización del mercado inmobiliario y pueda colocar los activos tóxicos que le serán transferidos desde las entidades bancarias que han solicitado ayudas públicas. Este banco malo (Sociedad de Gestión de Activos, en su terminología oficial, y que gestionará 'activos no tan malos', según ministro de Economía, Luis de Guindos) se calcula que tendrá un vida de 10 a 15 años y nace a pesar del Gobierno, que se resistió hasta el último momento a su creación, pero que finalmente ha tenido que claudicar al mandato de Bruselas si quiere recibir el rescate de 100.000 millones para los bancos españoles con problemas.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Economía insistieron desde el principio en que este 'mal llamado banco malo' no costará 'un euro' a los contribuyentes. Esto es así, explicó De Guindos, porque en el plazo de 10 a 15 años que la sociedad puede vender activos, se prevé un cambio de ciclo económico que lleve al final de la crisis financiera y revalorice los activos inmobiliarios tóxicos, por lo que la Sociedad de Gestión obtendrá beneficios.

El titular de Economía explicó que el banco malo recibirá el capital inicial para su puesta en marcha del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España; concretamente, será de los 100.000 millones del rescate europeo. Sin embargo, y aunque no ha concretado la cifra, De Guindos aseguró que esta participación del FROB será mínima, pues la mayor parte del capital de esta Sociedad de Gestión procederá de inversores privados. Para hacer frente a la reforma, el Gobierno autoriza al FROB a endeudarse hasta un máximo de 120.000 millones.

El grueso de las compras que hará el banco malo de las entidades rescatadas pertenece al 'crédito promotor problemático', ya que en él se incluyen los activos más tóxicos (suelo e inmuebles). Su precio será el anterior a la burbuja inmobiliaria, de forma que al deshacerse de ellos, la Sociedad no genere pérdidas y éstas no recaigan en el bolsillo de los contribuyentes.

La aprobada este viernes es la tercera reforma financiera que aprueba el Gobierno de Mariano Rajoy (las anteriores son de febrero y de abril), pero, según el ministro de Economía, ésta es la reforma que se tenía que haber hecho antes para impedir la actual crisis financiera. Por su parte, la vicepresidenta  ha asegurado que esta tercera reforma culmina la reestructuración del sector. 'Es una reforma de primer orden, que en estos momentos también es de necesidad nacional', ha dicho

De Guindos ha explicado que las medidas tomadas por el Ejecutivo a indicación de Bruselas extreman la protección sobre los inversores minoristas, para que no se vuelvan a producir casos como el de las participaciones preferentes, cuya adquisición se ha hecho en muchas ocasiones sin conocimiento de la letra pequeña debido a dudosas tácticas comercializadoras.

Con la reforma, este tipo de emisiones serán destinadas a inversiones profesionales en el 50%. La otra mitad se dirigirá a minoristas, que habrán de aportar, como mínimo, 100.000 euros en el caso de sociedades no cotizadas y 25.000 cuando sí lo estuvieran. En este aspecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) refuerza su poder de control y los minoristas que hayan sido advertidos de no cumplir los requisitos de idoneidad habrán de firmar un documento donde conste que se les ha avisado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos ha explicado además que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá imponer un canje determinado y 'más severo' si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente.   De esta forma, los titulares de preferentes y deuda subordinada se verán obligados a asumir parte de las pérdidas de una entidad en crisis con el objetivo de reducir al máximo posible el coste de la reestructuración para el contribuyente. El Decreto Ley prevé que se se canjearán a precio de mercado (y su valor ha caído notablemente, por las pérdidas de las entidades que las han emitido), más una diferencia máxima de un 10%,  para minimizar de alguna manera esta perdida

El Real Decreto Ley de la reforma financiera establece un régimen jurídico especial de tres tipos de actuación sobre las entidades financieras con problemas, que van desde la 'intervención temprana' para dificultades leves hasta la 'resolución ordenada' para entidades inviables, pasando por la 'reestructuración', es decir, casos de dificultades transitorias que pueden solucionarse con la inyección de fondos públicos.

El ministro de Economía ha agradecido a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional su colaboración para diseñar y consensuar esta reforma.