No es una práctica de acoso laboral  o mobbing destinar a un funcionario de nivel 30 -el más alto- a un puesto sin funciones. Tampoco lo es que, pese a sus solicitudes de trabajo, mantenerlo de brazos cruzados durante un año. Y menos aún si todo esto se hace sin aplicar la violencia física, verbal o psicológica. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional, que el viernes pasado desestimó la demanda interpuesta por Jaime Nicolás Muñiz.

Nicolás es funcionario desde hace 40 años y en el escalafón más alto de su condición laboral desde hace 25. Es licenciado en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la Universidad de Constanza (Alemania), administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional. Fue director de gabinete del expresidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente hasta que fue destituido con el nuevo Gobierno del PP. También desempeñó la función de asesor ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva en RTVE y el subdirector de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales y, además escribe libros, da conferencias y es profesor universitario.

'No se justifican situaciones como la analizada. Más aún en la situación actual de crisis'  Con razón y pese a la sentencia, la magistrada ha criticado que Interior -departamento en el que ocupa ese puesto fantasma- destine una persona con su preparación a un puesto sin tareas. 'No se justifican situaciones como la analizada [...] con inevitables consecuencias  en el derecho al cargo y a la dignidad profesional. Más aún en la situación actual de crisis económica', dice la magistrada en su fallo, al que ha tenido acceso Público.

Nicolás cesó en su cargo con el cambio de Gobierno, pero seguía manteniendo su plaza en la función pública en el Ministerio de Interior, a la que solicitó volver. Tras dos meses de retraso en la asignación de plaza,  se le asignó el puesto de vocal asesor en Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), departamento de la secretaría de Estado de Seguridad. Una plaza con despacho propio pero sin trabajo, ya que fue creada sólo para darle una ocupación de su nivel a falta de otra vacante.

Allí permaneció año y medio sin mover un dedo. Hasta que decidió quejarse a sus superiores por esa situación de 'humillante marginación y postergación' que a día de hoy sigue padeciendo. Llegó a denunciar al mismo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por ese descanso impuesto, según su testimonio, por altas instancias.

La magistrada del Juzgado Central de los Contencioso Administrativo Emilia Peraile Martínez dio en su sentencia -contra el que Nicolás puede presentar un recurso- la razón a medias. Por un lado reconoce que existe una dilación sin razón de ser en la asignación de plaza y un posterior 'falta de justificación inconcebible' en que 'año y medio después de asignársela no se le dé contenido alguno. Pero la magistrada no puede considerar este caso como acoso laboral.

Según justifica en una nutrida jurisprudencia relativa a la definición del término 'acoso laboral', su respuesta es negativa porque no existen 'conductas de Violencia Psicológica intensa' ni 'agresión de ningún tipo mediante hechos, órdenes y palabras' ni 'incorrección en el trato' ni persigue que el afectado abandone su empleo. Es decir que, si no se insulta o se agrede al afectado, no habría acoso de ningún tipo por mucho daño moral que éste alegue.

El caso de este alto funcionario es tan llamativo que ha llevado al grupo parlamentario de UPyD a pedir cuentas al ministro Fernández Díaz en forma de pregunta parlamentaria a la que Público ha tenido acceso y en la que se piden explicaciones sobre 'la creación de puestos laborales sin contenido alguno en esta situación económica es aceptable' y pregunta si se van a 'depurar responsabilidades'.

'Es un paso adelante en mi lucha por recuperar la dignidad profesional y personal' Jaime Nicolás ha valorado la sentencia positivamente en declaraciones a Público. 'Es un paso adelante en mi lucha por recuperar la dignidad profesional y personal', ha asegurado el funcionario, que deja abierta la posibilidad de recurrir la sentencia. Aunque no el Tribunal no le haya dado la razón, Nicolás cree que reconocer que no tiene sentido una situación como la suya ya es 'un avance'.

El funcionario asegura que nunca ha tenido noticias de una caso similar y está convencido de la decisión de no asignarle una función 'no responde a una cuestión profesional, ni siquiera política. Estoy convencido , y así consta en la denuncia, de que esta es una decisión personal que proviene del más alto nivel político del Ministerio', concluye.

sentencia by publico2013