Los financieros Alberto Alcocer y Alberto Cortina presentarán esta semana, posiblemente el jueves o el viernes, un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para que revoque la sentencia de un juzgado de primera instancia de la ciudad que les obliga a indemnizar a sus antiguos socios en Urbanor.

Según informaron fuentes cercanas a la defensa, los abogados de "los Albertos", Antonio Hernández Gil y Víctor Moreno, consideran "disparatada" la nueva sentencia que obliga a los empresarios a pagar una indemnización de 10,8 millones de euros a 51 miembros y herederos de la familia del constructor y ex socio de Urbanor, Julio San Martín.

Las mismas fuentes añadieron que la sentencia se basa en hechos prescritos incluidos en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que fue declarada nula de pleno derecho.

La citada sentencia, fallada por el Juzgado de primera Instancia número 3 de Madrid, es consecuencia de una demanda interpuesta por vía civil por la citada familia San Martín contra "los Albertos" por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de esta sociedad.

"Los Albertos" fueron condenados por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y a pagar a los afectados, la familia de Julio San Martín y de Pedro Sentieri, 25 millones de euros.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló dicha condena al entender que el delito había prescrito, lo que llevó al Supremo a absolver a "los Albertos" y permitirles que pudieran reclamar la devolución de la compensación pagada.

En concreto, la familia San Martín ya había devuelto 7,9 millones a "los Albertos" como parte de la devolución de la indemnización.

En la nueva sentencia emitida ahora se explica que, aunque por la vía penal los empresarios ya fueron absueltos por haber prescrito el delito, sí existe la citada falta, y por ello "queda abierta la posibilidad de que ante la Jurisdicción Civil pueda ejercitarse exclusivamente la acción civil.

Además, la Audiencia Provincial juzgará durante este mes a los dos empresarios acusados de estafa procesal por la presunta carta falsa que presentaron para implicar a sus socios de Urbanor en un delito de falso testimonio y evitar una condena del Tribunal Constitucional.