El financiero Javier de la Rosa se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por el caso Grand Tibidabo, después de que la Audiencia de Barcelona haya aceptado la petición del Abogado del Estado de mantener los cargos por delito contra la Hacienda Pública contra él y otros cuatro encausados.

El juicio por la descapitalización de Grand Tibidabo, cuya instrucción ha durado más de trece años, empezó el pasado 10 de diciembre en la Audiencia de Barcelona con un acuerdo parcial entre las defensas, las acusaciones particulares y la Abogacía del Estado para evitar que se celebrara la vista oral.

Según este pacto, los acusados aceptaban una considerable rebaja de las penas, de entre seis meses y tres años de prisión, en el caso de Javier de la Rosa, a cambio del reconocimiento de su participación en la apropiación indebida de unos 70 millones de euros de la sociedad Grand Tibidabo.

El acuerdo hubiera supuesto la conclusión del juicio si el Abogado del Estado hubiese retirado los cargos por delito contra la Hacienda Pública contra De la Rosa y cuatro encausados más, por los que solicita penas de hasta cuatro años de prisión y el pago al Erario Público de más de cinco millones de euros.

Los abogados defensores solicitaron la retirada de estos cargos alegando que la investigación que llevó a cabo la Administración Tributaria, y que posteriormente se utilizó para presentar la querella criminal, se hizo de forma "sumergida y paralela", vulnerando así los derechos fundamentales de los acusados.

En un auto, la sección segunda de la Audiencia concluye que la investigación de la Agencia Tributaria en ningún caso produjo "indefensión" y que "en modo alguno se vio vulnerado" el derecho de defensa de los acusados, que han estado asistidos de letrado desde el momento de su detención.

"En este procedimiento no se observa vulneración de las garantías procesales y constitucionales exigibles. En la instrucción penal, en definitiva, no se han vulnerado los derechos que se alegan, ni el principio a la tutela judicial efectiva, por lo que entendemos que procede desestimar dichas alegaciones", señala el tribunal en su escrito.

El abogado de Arturo Piñana, otro de los encausados también alegó en el inicio de la vista oral que el delito fiscal debería haberse investigado en un proceso distinto, a la vez que pidió la prescripción del delito, pues transcurrieron seis años desde que ocurrieron los hechos hasta que su defendido fue interrogado por ellos por primera vez.

En este sentido, el tribunal sostiene que "no se trata de hechos absolutamente distintos" y que "no procede en este momento" pronunciarse respecto a la prescripción del delito, pues esta cuestión debe resolverse, si fuera el caso, "con carácter previo en el momento de dictarse sentencia".

La decisión judicial de mantener los cargos por delito contra la Hacienda Pública contra De la Rosa y otros cuatro encausados, pues, abre la puerta a la celebración del juicio por el caso Grand Tibidabo, que continuará el próximo 14 de enero en la Audiencia de Barcelona.