El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha optado hoy por la consulta democrática a sus compañeros para establecer la composición del tribunal que resolverá definitivamente el caso del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de cáncer. Grande-Marlaska ha preguntado este viernes a los otros 17 magistrados de la Sala si consideran que debe ser el Pleno el encargado de estudiar el recurso de la Fiscalía contra la excarcelación del recluso, que está en prisión, entre otros delitos, por el secuestro de Ortega Lara.

En caso de que una mayoría de 10 jueces vote a favor de esa opción, será el Pleno de la Sala el que resuelva la cuestión en la reunión prevista para el próximo jueves, día 13. Asi lo ha pedido expresamente la Fiscalía. Pero si los magistrados no consideran necesario elevar el caso al Pleno, decidiría sobre el recurso la Sección Primera, formada por Grande-Marlaska y otros tres jueces, a los que añadiría un quinto por sorteo. La Sección Primera ha avalado otras decisiones del juez de Vigilancia, José Luis de Castro, quien ha acordado la libertad condicional.

Los 17 magistrados de la Sala tendrán que contestar al presidente en un plazo de 24 horas a contar desde el próximo lunes día 10. La providencia especifica que será la Sección Primera la encargada de estudiar la libertad del preso "de manera inmediata" si no se reune la citada mayoría, de al menos 10 magistrados.

Marlaska, que se comprometió desde su toma de posesión a no ejercer la potestad que tiene como presidente de la Sala de lo Penal para avocar al Pleno los asuntos que considere pertinentes, traslada además a sus compañeros de la Sala el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de conceder a Bolinaga la libertad por su enfermedad.

Según establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los magistrados podrán ser llamados para formar sala aunque la ley no lo exija "cuando el presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario", de forma que sería necesario el acuerdo de al menos 10 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal.

El Ministerio Público recurrió el pasado miércoles la decisión de Castro al considerar que "padece una enfermedad grave e incurable pero no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro patente para su vida" y pidió de forma expresa la revisión en Pleno. El procedimiento se inició a partir de que, el pasado 17 de agosto, la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias concediera al preso el tercer grado penitenciario por la enfermedad incurable que padece, y ordenara a la prisión alavesa de Zaballa que incoase expediente de libertad condicional.