Hace cinco años, a finales del ejercicio 2005, la deuda total de las comunidades autónomas se elevaba a 56.849 millones de euros. A cierre de 2010, esa deuda que alcanzó 107.600 millones en el tercer trimestre, según el Banco de España superó con creces los 110.000 millones, estiman los expertos. Un 93,5% ha engordado en un lustro. Una bola que se ha duplicado ganando peso a medida que la economía rodaba hacia abajo y las autonomías perdían por el camino la gallina de los huevos de oro: los impuestos vinculados al ladrillo.

Con el cinturón del gasto dado de sí por la costumbre de unos ingresos que ya no volverán, y a pesar de las exigencias de Bruselas (que a la fuerza ha hecho suyas el Gobierno español), las CCAA no cumplieron en 2010 con el límite de déficit exigido. No pasa nada, mercados tranquilos, ha dicho la Administración central, que ha sido capaz de recortar a tal nivel su gasto como para lograr que el objetivo global de déficit prometido a los socios comunitarios se cumpla, neutralizando el desvío autonómico.

Antes de la crisis, solicitaban entre 4.000 y 6.000 millones al año

Sin embargo, en 2011, las autonomías no serán aún, ni mucho menos, capaces de financiar todos los gastos con sus ingresos. La bola de deuda sigue creciendo, aunque le hayan puesto un corsé que ya ha soliviantado a los poderes de alguna autonomía ante la rotundidad con que el Gobierno ha asegurado que la que no sea capaz de presentar un plan creíble de adelgazamiento del gasto, se puede ir olvidando de sacar al mercado deuda nueva. La amenaza es de calado. Las autonomías necesitan pedir este año al mercado entre 25.000 y 30.000 millones, estima César Cantalapiedra, consejero delegado de Consultores de las Administraciones Públicas y socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), quien ve probable que la cifra final se sitúe 'en la parte baja de la horquilla' frente a los 30.000 millones de 2010.

'Hasta el ejercicio 2006 incluido, las necesidades de endeudamiento de las autonomías se situaban entre 4.000 y 6.000 millones al año, correspondientes en su totalidad a refinanciación de amortizaciones'; es decir, emisiones para sustituir a otras que vencían.

'Con el estallido de la crisis financiera a mediados de 2007, el endeudamiento adicional de ese año ascendió hasta los 7.500 millones. Y, a partir de 2008, las cifras de deuda comenzaron a aumentar significativamente al ritmo de los déficits', añade. La burbuja inmobiliaria había estallado. Adiós a buena parte de la recaudación impositiva autonómica procedente del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por compra-venta de vivienda usada. Adiós a otro tanto del Impuesto por Actos Jurídicos Documentados. Adiós también a la parte que recibían del IVA de la vivienda nueva, por no hablar del resto de impuestos que se fueron de la mano del consumo y el IRPF que se llevó el aumento del desempleo.

En 2011, en torno a 12.000 millones de los que se prevé que necesitarán emitir las autonomías procederán de nuevos déficit; es decir, sumarán a la deuda pendiente. El resto son vencimientos que tendrán que refinanciarse.

¿Están los mercados, esos famosos tiranos que quitan y ponen dinero, suben o bajan tipos de interés, dispuestos a asumir las necesidades de financiación de las autonomías españolas? 'El año va a ser tan intenso como el pasado. Las CCAA van a tener que ser muy activas comunicando sus ajustes para que los inversores lo valoren', dice Cantalapiedra.

Las autonomías deben coordinar sus emisiones de deuda, según los expertos

'Los mayores temores vienen, lógicamente, por las autonomías más grandes y con peor calificación crediticia', añade. Son también las que concentran las mayores necesidades de financiación. Andalucía, Catalunya, Madrid y Valencia representan el 69,1%, unos 19.000 millones.

El mercado se ha relajado algo con España. Al bono español a diez años se le exigía a final de la semana un interés del 5,45%, una rentabilidad 2,31 puntos porcentuales por encima de la que se pide al bono alemán, muy lejos de los casi tres puntos que se llegó a pedir a raíz del rescate de Irlanda.

Pero las necesidades de financiación son muchas y las dudas sobre España no están disipadas. La deuda del Estado que emite el Tesoro, el déficit de tarifa de las eléctricas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) o el ICO, 'que tienen mayor volumen y mejor calificación de riesgo que las autonomías, han aprovechado para salir al mercado a captar financiación a principios de año en cuanto han visto que se habría la ventana', comenta Cantalapiedra. Por eso, para las autonomías, 'el mercado sigue muy cerrado, porque está saliendo mucho papel que va con garantía estatal', añade. Además 'se han unido buenas emisiones como las que han realizado Iberdrola y Telefónica'.

Las autonomías tendrán que buscar alternativas. Ya lo han hecho durante estos años al dispararse sus necesidades de financiación. Antes de la crisis, 'cuando se emitían alrededor de 5.000 millones al año, la deuda autonómica la compraba fundamentalmente la banca alemana, la del norte de Europa (países escandinavos, Irlanda, Reino Unido...)'. Pero el crecimiento de la deuda les ha restado peso. 'La banca nacional ha hecho un gran esfuerzo', comenta Cantalapiedra.

Las autonomías se lo han pagado. Las últimas emisiones 'se han hecho con dos puntos porcentuales por encima del euríbor, lo que supone cerca de 1,4 puntos más de lo que paga el Tesoro', añade. ¿Puede la banca asumir las nuevas necesidades autonómicas? 'Lo puede hacer, pero evidentemente cobrará por ello', explica Cantalapiedra.

Entre las alternativas, Valencia, Baleares y Catalunya han abierto la vía de ir al mercado minorista con los llamados bonos patrióticos. Otra opción será que se busquen 'mecanismos de coordinación de emisiones. En países como Finlandia, con una fuerte descentralización municipal, utilizan instrumentos conjuntos que emite una institución respaldada por todos los municipios. Se debería hacer lo mismo que hicieron las cajas cuando se unieron para captar liquidez', propone Cantalapiedra.