El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, ha reconocido este miércoles que en estos momentos todavía no es posible calcular cuánto costará el rescate bancario a los españoles ya que existen 'una serie de contingencias' que afectarán a la factura final, como por ejemplo los esquemas de protección de activos (EPA) incluidos en algunas enajenaciones, que a 31 de diciembre de 2013 suponían un incremento de las ayudas públicas de unos 7.000 millones de euros.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición han pedido al también presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una estimación sobre cuánto costará al erario público las diferentes inyecciones de fondos autorizadas a la banca, sobre todo después de que el Gobierno asegurara en un primer momento que se recuperaría todo el dinero, objetivo que ahora ya no se da por seguro.

En su turno de réplica, Restoy ha reconocido que aunque el Banco de España puede ser 'razonablemente preciso' en la cuantificación del volumen de ayudas públicas otorgadas a las entidades financieras desde el inicio de la crisis, 'no es posible en este momento hacer estimaciones precisas sobre el coste final de la reestructuración del sistema bancario para el contribuyente'. 'Existen una serie de contingencias que afectarán al coste final y que son muy complicadas de calcular. Por ejemplo, cuánto se obtendrá por la enajenación de algunas entidades, o cuál será la pérdida que soportará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por los esquemas de protección de activos (EPA)', ha señalado.

No obstante, sobre estos últimos esquemas ha indicado que la pérdida esperada que soporta el sector público (sobre todo el FGD) tras descontar las provisiones dotadas ronda los 7.000 millones de euros, de los cuales unos 2.700 millones de euros corresponderían a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). No obstante, éstas son cifras provisionales que se actualizan anualmente pero que no conllevarán efectos reales hasta que concluya la vigencia del EPA, que puede rondar los quince años.

Restoy ha aclarado en este punto que los cambios regulatorios sobre los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) 'no son un nuevo reconocimiento de deuda ni una transferencia de renta o capital a las entidades financieras', por lo que no pueden contarse como parte del rescate. 'Se trata de reconocer que en un caso concreto, como por ejemplo de liquidación, esos derechos frente a la hacienda pública forman parte de la masa de la quiebra, por lo que los activos estarían protegidos. Es importante porque es la única manera de que los DTA no sean sustraídos del cómputo de capital regulatorio de las entidades, pero su monetización no supone reconocer nuevas obligaciones con la hacienda pública, sino sólo modificar la naturaleza de esos activos', ha señalado.

En cualquier caso, el subgobernador se ha felicitado por la conclusión exitosa del rescate bancario a España y ha destacado el 'intenso trabajo' realizado por el FROB y el Banco de España para lograr la reestructuración y saneamiento del sistema financiero español con el mínimo coste posible para los contribuyentes. 'Aunque este coste ha resultado ciertamente mucho más elevado de lo deseable, está en niveles comparables a otros países europeos y muy por debajo de las ayudas otorgadas a otros países con asistencia financiera', ha destacado.

Asimismo, ha resaltado que la intervención del FROB ha ayudado a 'mitigar' el coste social de la mala comercialización de participaciones preferentes, y ha puesto en valor los 'notables avances' alcanzados hasta la fecha en los procesos de enajenación de las entidades nacionalizadas.

Al hilo de la discusión sobre el coste del rescate, la oposición también ha lamentado que no se estén depurando las oportunas responsabilidades entre los gestores de las entidades financieras que acabaron quebradas y requirieron de la inyección de cantidades millonarias por parte del Estado. En este sentido, Restoy ha transmitido a los grupos la 'seguridad' de que el FROB está 'absolutamente empeñado en cumplir con sus obligaciones para contribuir al esclarecimiento de responsabilidades, particularmente por una mala gestión que haya podido genera prejuicios para la hacienda pública'.

'Tenemos un protocolo para iniciar revisiones de operaciones en distintas entidades financieras, hemos presentado querellas contra antiguos gestores de entidades nacionalizadas, estamos personados al menos en cuatro causas, y en adelante seguramente, una vez recibamos los informes de auditoría interna, estas actuaciones experimentarán un incremento', ha añadido.