El Gobierno conservador italiano ha decidido hoy apretar las tuercas a los inmigrantes irregulares al aprobar en el primer Consejo de Ministros del nuevo mandato de Silvio Berlusconi que la inmigración clandestina sea delito.

El Consejo duró cuatro horas y se celebró en la ciudad de Nápoles, devastada por la crisis de las basuras y la omnipresencia de la mafia.

La reintroducción del delito de inmigración clandestina, que ya rigió durante la anterior etapa como primer ministro de Berlusconi, se concretará en penas que van de los seis meses a los cuatro años.

El ministro del Interior, el dirigente de la Liga Norte Roberto Maroni, dijo que "las nuevas medidas harán más fácil la expulsión" de los inmigrantes, además de acelerar los procesos judiciales y de deportación.

Maroni, al igual que otros ministros, comparecieron en rueda de prensa arropando a Berlusconi para explicar durante más de una hora las medidas adoptadas que, además de la lucha contra la inmigración, incluyen el combate a la mafia, la supresión de ciertos impuestos o el enésimo intento de arreglar la crisis de las basuras en Nápoles.

Fue precisamente en la cuestión de los desechos en Nápoles donde Berlusconi enseñó el músculo de hierro del que quiere presumir su Gobierno: los vertederos serán "zonas militarizadas".

Esa medida extraordinaria la explicó el jefe del Gobierno a continuación con una de sus recurrentes frases altisonantes: "uno de los principios que inspirará la acción política será hacer retornar el Estado a ser Estado".

Berlusconi reforzó esa declaración al señalar que "un Estado debe garantizar la legalidad sobre todo el territorio y ante todos los ciudadanos".

El primer ministro extendió esa acción del Estado a "la seguridad, al del miedo que tienen los ciudadanos y a su derecho a no tenerlo. El derecho a no tener miedo es un derecho básico y un Estado, que quiere ser tal, debe garantizarlo a sus ciudadanos", dijo.

En ese contexto de "seguridad", el Gobierno aprobó hoy treinta medidas, entre las que figuran varias contra la inmigración irregular a partir de su tipificación como delito.

También se penaliza a los italianos que cooperen con los sin papeles, ya que se confiscarán las viviendas de quienes las hayan alquilado a inmigrantes sin documentos en regla.

Pero el celo del nuevo Gobierno va más allá y alcanza incluso a los ciudadanos comunitarios, ya que entre las medidas aprobadas figura una que da mas poder a los alcaldes para "una mayor verificación -según Maroni- de los requisitos exigidos a los ciudadanos comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano".

Entre esos requisitos, figura el de que "los ciudadanos tengan unos ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social", explicó Maroni.

El responsable del Interior declaró que tal medida está recogida en la norma sobre libre circulación de los ciudadanos europeos y dijo que todo se ha hecho con "pleno y total respeto de la normativa comunitaria".

Dentro de las nuevas normas de seguridad, el Gobierno ha aprobado veinte contra el crimen organizado, como la agilización del proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y "ponerlos a disposición de la comunidad".

A esas se añaden otras contra la delincuencia común, como la creación de agravantes para los delitos perpetrados contra personas ancianas o minusválidas.

El Consejo de Ministros tuvo también una vertiente económica, con la supresión del impuesto de bienes inmuebles para la primera casa y una reducción fiscal sobre las horas extraordinarias y las primas ligadas a la productividad.

Esas medidas tendrán un coste de entre 2.700 y 2.800 millones de euros, según el ministro de Economía, Giulio Tremonti.