La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que viaja mañana a España, promulgó un acuerdo firmado por los dos países en 2007 por medio del cual se regula el funcionamiento de los centros culturales españoles en Brasil, y viceversa.

El decreto fue firmado por Rousseff el lunes, una semana antes de la visita oficial que la mandataria hará a España por su participación en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

El acuerdo, publicado por el Diario Oficial de la Unión el pasado martes, promulga el Acuerdo bilateral de Establecimiento y Funcionamiento de Centros Culturales, que había sido ratificado por el Congreso brasileño en 2009.

El documento establece un marco general para el funcionamiento en Brasil de centros culturales vinculados a la Agencia Española de Cooperación Internacional y al Instituto Cervantes, así como para el funcionamiento en España de centros culturales subordinados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Dichos centros, según la reglamentación, funcionarán vinculados a las respectivas misiones diplomáticas o a reparticiones consulares, aunque tendrán autonomía en su administración y operación.

El Instituto Cervantes tiene ocho centros en las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba y Recife.

Según fuentes del Instituto Cervantes, la promulgación del acuerdo fortalecerá la acción de esa institución en el país.

Entre otros beneficios, gozarán de exención tributaria sobre sus actividades y servicios, y podrán aplicar a sus funcionarios el régimen laboral del país de origen, según el acuerdo.

El acuerdo prevé el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países en las áreas de cultura, artes, educación, ciencia y manifestaciones audiovisuales, así como en la enseñanza y difusión de sus lenguas y culturas propias.

Para ello, los centros culturales podrán organizar cursos de lenguas, promover pruebas de certificación de dominio de idiomas, organizar conferencias y seminarios, difundir informaciones sobre la vida cultural y artística de sus países, crear bibliotecas, organizar exposiciones y proyectar películas, entre otras actividades.

Los centros podrán firmar acuerdos de cooperación con organismos públicos, asociaciones artísticas y organizaciones particulares en los países en que operan y podrán adquirir terrenos y edificaciones adecuadas para sus funciones.

"Cada país, en el ámbito de su legislación, concederá, dentro de su territorio y atendiendo el criterio de reciprocidad, las facilidades necesarias para el establecimiento y el funcionamiento de los centros y para el cumplimiento de sus funciones", según el artículo séptimo del acuerdo.

Pese a que las instituciones no pueden tener fines lucrativos, están autorizadas a cobrar matrículas por los cursos que ofrecen y por la entrada a eventos, así como vender catálogos, libros, discos y otros materiales culturales.

El director de cada centro, en caso de que haya sido nombrado como parte de la misión diplomática, gozará de los privilegios y la inmunidad reservados para los diplomáticos.

Los dos países también se comprometieron a facilitar la entrada de los profesores y funcionarios de los centros culturales, así como de sus familias y del material necesario para sus funciones, incluyendo muebles, computadores, libros y vídeos, entre otros.