Se cumple el segundo día de una huelga indefinida en la limpieza viaria y jardinería y, mientras Madrid vuelve a amanecer repleta de basura, la solución se presenta complicada. El seguimiento de la primera jornada fue masivo, del 97% según UGT y del 100% según informaron a Público los sindicatos CCOO y CGT, lo que muestra el compromiso de los 6.000 trabajadores en la pelea por mantener sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales y evitar el despido de 1.144 trabajadores que tres de las cuatro empresas concesionarias anunciaron.

'La plantilla está motivada y conciencia para aguantar el tiempo que sea necesario', aseguraba el martes a Público Juan Carlos del Río, responsable de la federación de servicios públicos de UGT. Desde CCOO, Félix Carrión recuerda que 'la última huelga larga fue en el 93 y duró 32 días'. 'La situación es muy diferente a todas la anteriores huelgas', explica Francisco Javier Palacios, el representante de CGT. 'En ésta no pedimos una subida salarial, sino que no nos quiten derechos y no nos despidan. Por eso hay personas que en otros momentos no han secundado el paro y ahora sí', continúa.

El conflicto es complicado y ninguna de las partes da su brazo a torcer. Para que finalice la huelga los sindicatos piden que se anulen los EREs y que se mantengan y garanticen los puestos de trabajo y las condiciones actuales de la plantilla durante los ocho años que dura el contrato.

Para que eso suceda, las empresas quieren más dinero, pero el Ayuntamiento no está dispuesto perder el ahorro adicional que consiguió con la nueva fórmula de integración de contratos de servicios públicos. Si cede en la primera que se ha puesto en marcha, los cinco que están por llegar [movilidad (aparcamiento y señalización), infraestructuras viarias, parques y viveros municipales, instalaciones y suministros de energía y recogida de residuos] podrían venirse abajo antes de entrar en vigor.

CGT: 'Sabían que era inviable económicamente y ahora esperan un movimiento del Ayuntamiento. Nos san como arma arrojadiza'

'Las empresas no pueden hacer nada para salir del atolladero en el que han entrado al adquirir estas contratas y el Ayuntamiento no puede dar marcha atrás ahora. 'Sabían [las empresas] que era inviable económicamente y ahora esperan un movimiento del Ayuntamiento. Nos están utilizando como arma arrojadiza', afirma el sindicalista del CGT que cada día tiene menos claro si la huelga 'la dirigimos nosotros o las empresas' para presionar al Ayuntamiento.

La mesa de negociación de los EREs que dieron pie a esta huelga sigue abierta, aunque las empresas no varían mucho en sus ofertas. La última, explicó el portavoz conjunto designado por las cuatro compañías (OHL-Ascan, Sacyr, FCC y Ferrovial), pasa por reducir un 12% los despidos hasta dejarlos en torno a 940 'a cambio de negociar formulas alternativas de ahorro de costes', precisó el portavoz que no quiso entrar en detalles concretos. Unas alternativas que los sindicatos entienden como una reducción salarial adicional al 43% que ya pretenden establecer en el convenio colectivo. 'Eso nos dejaría con sueldos de 600 euros, es insultante. No cobramos tanto, somo simples barrenderos', apunta Carrión.

CCOO: 'Empresas y Ayuntamiento nos han llevado a un callejón sin salida'Los sindicatos ven los despidos de las empresas como una consecuencia directa del contrato integral, que redujo en un 27% el presupuesto del año pasado. 'Esto ha sido una perversión tremenda por parte de las empresas y el Ayuntamiento. Nos han metido en un callejón sin salida', critica Carrión, que recuerda que ya advirtieron al equipo de Ana Botella de que lo que pretendían al unificar el servicio era 'una barbaridad' y que implicaría despidos.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento cierran filas y resumen la huelga a un conflicto en la negociación del convenio colectivo entre sindicatos y empresas en el que el consistorio no tiene nada que ver. Para dar credibilidad a su posición argumentan que una de las empresas no ha anunciado ERE, aunque también se puede argumentar en contra que los jardineros no están negociando el convenio y también están en huelga.

En cualquier caso, el Ayuntamiento se muestra como una víctima y asegura que las empresas concursaron en una subasta pública y adquirieron el contrato afirmando que podrían desempeñar el servicio al precio fijado [1.950 millones de euros anuales aproximadamente, frente a los 2,3 mil millones que el Ayuntamiento sacó a concurso].

'Han subastado los despidos en vez de un servicio público'

Desde CCOO, Carrión tampoco entiende cómo una empresa puede adjudicarse un contrato y ahora decir que no era rentable. 'Han subastado despidos en vez de un servicio público', ya que 'sabían el personal que tenían que asumir y cómo tenían que hacer para que no costara ni más ni menos que antes', añade. Una subasta macabra según Moisés Torres, portavoz de UGT en este conflicto, que llegó 'cuando el Ayuntamiento pretendía ahorrarse un 10% y la competitividad de las empresas les llevó a ofrecer bajas tan bestiales. Ahora nadie quiere dar marcha atrás. El Ayuntamiento no puede volver al ahorro del 10% anterior, que solventaría parte del problema', asegura.

'Es responsable subsidiario de todo esto y algo tendrá que decir, si no, seguiremos con nuestra huelga' La solución, según los tres sindicatos consultados, sólo pasa por que el Ayuntamiento intervenga en el conflicto y obligue a las empresas a mantener la plantilla. Según Carrión, el Consistorio 'es responsable subsidiario de todo esto y algo tendrá que decir, si no, seguiremos con nuestra huelga', advierte, aunque fuentes del equipo de Botella han explicado a Público que no hay marco legal para que el Ayuntamiento se siente en una mesa como mediador en este conflicto ya que es el cliente de las empresas.

Desde UGT, CCOO y CGT sólo contemplan tres opciones posibles: que las empresas abandonen el contrato - algo poco probable porque perderían una millonaria fianza ya depositada-, que el Ayuntamiento retire la concesión a las empresas -aún menos probable, porque tendría que indemnizar a las cuatro constructoras- o que Botella ceda ahorrando menos dinero pero garantizando los puestos de trabajo.

Otra opción sería municipalizar el servicio, explican los sindicatos. Una posibilidad que 'no saldría muy cara, ya que la maquinaria que se utiliza viene de contratas anteriores y pertenece al Ayuntamiento, se ahorraría el beneficio que las empresas obtienen con estos servicios y los ingresos por impuestos irían íntegramente a las arcas púbicas en lugar de a empresas privadas', argumenta Torres. Aunque en Madrid, feudo neoliberal por excelencia de este país, se antoja bastante utópico.

Desde el Consistorio informan de que su única responsabilidad es garantizar que se cumplan los servicios mínimos y afirma que, con huelga o sin ella, el servicio va a prestarse. 'El contrato es técnica y legalmente tan bueno y tan objetivo que no hay por qué preocuparse', explican, a pesar de que si nada cambia, los madrileños tendrán una servicio de limpieza con más de mil empleados menos.