El Parlament aprobará mañana la nueva Ley del Espectáculo, que regula por primera vez en Cataluña los 'after hours' y combate las fiestas 'rave', ya que se podrá incautar preventivamente el material musical de estos encuentros, al tiempo que traspasa a los municipios la capacidad de inspección y sanción.

La ley, impulsada por el departamento de Interior, actualiza la normativa actual, vigente desde 1990, y se remitirá a un reglamento -que estará listo en el primer semestre del próximo año- y a una orden del conseller, Joan Saura, para fijar aspectos concretos, como los horarios de los locales.

Una de las principales novedades de esta nueva ley es que regula los 'after hours', que son establecimientos hasta ahora alegales, y los cataloga como 'establecimientos de régimen especial'.

La nueva ley también hace referencia a las denominadas fiestas 'rave', aquellas que se convocan a través de Internet o de mensajes de teléfonos móviles y reúnen a centenares de personas en un descampado para 'estar de fiesta durante varios días, con la música a todo volumen'. En estos casos, se permitirá la actuación preventiva de los Mossos d'Esquadra, para poder decomisar los aparatos musicales.

También prevé que, por primera vez, las competencias de otorgar licencias, inspeccionar y sancionar se traspasarán a los ayuntamientos, que no obstante podrán delegar esta función a la Generalitat si lo prefieren.

A la hora de otorgar una licencia, se tendrá que hacer una exposición pública, de forma que los vecinos podrán manifestar su opinión y conocer de primera mano todas las condiciones del local, aunque siempre la última palabra la tendrá el Ayuntamiento.

En el caso de denuncias por exceso de ruido, se prevén mecanismos para que las quejas de los vecinos sean atendidas con más prontitud, si bien los denunciantes tendrán que facilitar que los medidores del volumen del sonido entren en sus casas para hacer las mediciones.

Respecto a las sanciones, se endurecen pero con un amplio margen de flexibilidad, ya que las horquillas por las faltas leves, graves y muy graves son muy amplias.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades Recreativas Musicales (FECASARM) ha amenazado hoy que si la ley se aprueba como prevé el actual proyecto, sin modificaciones de última hora sobre puntos como que se pueda revocar una licencia sin derecho a indemnización, convocarán un cierre patronal.

En concreto, las faltas leves -por no tener hojas de reclamación o no comunicar el derecho de admisión, por ejemplo-, oscilan entre los 300 y los 1.500 euros; las graves -por incumplir los horarios, un exceso de aforo o no hacer controles de seguridad-, van de los 1.500 a los 15.000; mientras que las muy graves -por no tener licencia, permitir la entrada a menores, incumplir el derecho de admisión o permitir el consumo de drogas-, oscilan entre los 15.000 y los 150.000 euros.

En los casos de reincidencia de faltas muy graves, se podrá proceder al cierre del local.