Clausurada la panificadora donde un sin papeles perdió su brazo

La Guardia Civil ha clausurado la panificadora del polígono Real de Gandia (Valencia) donde un trabajador sin papeles perdió su brazo, que fue posteriormente arrojado por su jefe a un contenedor. El hombre fue supuestamente abandonado momentos más tarde a 50 metros de un hospital y la extremidad no pudo ser implantada.

El cuerpo armado ya había detenido la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores. Supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven que perdió el brazo, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida.

Las reacciones no se han hecho esperar. Consuelo Rumí, secretaria de estado de Inmigración, dijo que sentía repugnancia por la conducta.  El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, condenó la reacción "inhumana" del jefe y trasladó hoy todo su apoyo al hombre que perdió el brazo.

La delegación valenciana del sindicato Comisiones Obreras presentó esta mañana una denuncia en los juzgados de Gandia para que se investigue lo ocurrido. En el escrito se expone la situación en la que se encontraba el joven, ya que no disponía de ningún tipo de contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Además, informan de que la víctima no contaba con formación previa, en una empresa en la que estuvo más de un año y medio.

Asimismo, explican la manera en la que se produjo el accidente, cuando el joven se encontraba amasando 40 kilogramos de harina y, cuando se le cayó un plástico, se le quedó enganchado el brazo izquierdo en la máquina. También relatan lo que ocurrió después, según la versión del joven: uno de los jefes le abandonó 50 metros antes de llegar al hospital.

Por su parte, la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia también pidió hoy los informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido. Con estos informes, el ministerio público decidirá que actuaciones adoptar para esclarecer este asunto y determinar las posibles responsabilidades.