La CNMV europea asume el control del sector de calificación

"Es el inicio de un nuevo régimen". Así explican desde la European Securities and Markets Authority (ESMA, la CNMV europea) su nueva tarea. Desde el pasado viernes, 1 de julio, este organismo supranacional encargado de supervisar los mercados europeos tendrá también bajo su custodia la vigilancia de las agencias de rating, que hasta ese momento realizaban los supervisores nacionales.

Algún cambio empieza a notarse. La normativa, que a partir de ahora tiene que supervisar este organismo europeo, exige que las agencias de rating hagan públicos los criterios que utilizan para hacer sus valoraciones. El principal objetivo de este requisito es evitar que sea válida la excusa que han esgrimido desde que comenzó la crisis: que lo que ellos publican son "opiniones".

Los directivos deben tener formación suficiente para verificar los ratings

El pasado jueves, sólo unas horas antes de que entrara en vigor la autoridad de la ESMA, Standard&Poor's envió una nota de prensa con lo que años antes era su santo grial: la metodología utilizada para evaluar los rating soberanos (los que hacen a los países).

Frente a la opacidad habitual, sorprende ver cómo aseguran que por un PIB per cápita de entre 25.000 y 35.000 dólares (franja en la que estaría España) se consiguen dos puntos para la nota total o que si el déficit público supera el 6% del PIB, la puntuación será la peor de todas, seis puntos.

"Conocer la metodología es fundamental para que clientes y el resto del mercado puedan comprobar si es posible o no confiar en el trabajo de una de estas entidades", asegura un portavoz de la ESMA. Además, están obligadas a justificar sus decisiones según esos criterios y también a actualizarlos periódicamente.

La ESMA quiere evitar la excesiva dependencia de los ratings externos

La ESMA vigilará que las entidades que realicen rating tengan la estructura necesaria para hacer esa labor con fiabilidad. Es decir, que haya suficiente personal interno e incluso que los altos directivos de las empresas tengan suficientes conocimientos técnicos y experiencia como para verificar con criterio el trabajo de sus subordinados. "Se quiere evitar que se deleguen responsabilidades alegando motivos técnicos", explican.

También se han introducido nuevas exigencias para evitar conflictos de intereses. El Consejo de Administración debe tener un tercio de consejeros independientes, con un mínimo de dos.

Otros puntos claves son: ante la falta de datos fiables o complejidad de las estructuras financieras no deben emitir ratings y, además, se deben fomentar los análisis de riesgos internos en las entidades financieras para evitar la excesiva dependencia de las agencias de calificación.