La Conferencia Episcopal Española (CEE) contestará al segundo requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre su petición de información para la elaboración de un censo de fallecidos durante la Guerra Civil, 'cuando le llegue', aunque constató que 'colaborará con la Justicia en el marco de la ley'. En cualquier caso, reiteró que los archivos parroquiales 'son públicos'.

En rueda de prensa tras la CCX reunión de la Comisión Permanente de la CEE, celebrada en su sede de Añastro de Madrid, entre ayer y hoy, el portavoz y secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, señaló que 'se hará todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la ley'. 'La CEE actuará dentro de sus competencias para colaborar con la Justicia de forma plena', dijo.

Sobre el acceso a estos archivos, Martínez Camino reiteró que 'son públicos', ya que los interesados en conocer algún dato o los historiadores que realizan alguna investigación 'pueden acceder a ellos de acuerdo con la reglamentación para respetar los datos'.

Garzón se dirigió ayer de nuevo a la CEE, que había contestado al juez que no era la institución apropiada para recabar este tipo de información, y cursó un nuevo oficio para que se de traslado a cada uno de los obispos de las diferentes diócesis españolas para que impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y aporten la información que requirió el juez 'en aras a la colaboración con la Administración de Justicia'.

Al margen de este aspecto, el secretario general del Episcopado manifestó que no hay un pronunciamiento oficial por parte de la CEE sobre la Ley de Memoria Histórica, aunque advirtió que si ésta 'pone en peligro la reconciliación, sería innecesaria'. En todo caso, señaló que la Iglesia defiende que todas las familias, de todos los frentes, 'puedan conocer la historia de sus seres queridos'.

Además, recordó que algunos de los que la Iglesia beatificó el año pasado en Roma 'no saben donde están enterrado' y pidió que no se haga de la ley 'un enfrentamiento ideológico y político que ponga en peligro el bien común'.

Por otra parte, Martínez Camino reconoció que la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos se imparte en los colegios católicos 'por mero imperativo legal', aunque dijo que algunos han optado 'por no ofrecerla'.

Además, manifestó que la asignatura, según su planteamiento en los reales decretos, 'es contraria a la Doctrina Social de la Iglesia' y agregó que convierte al estado en 'formador de conciecias, en contra de los derechos fundamentales de los padres y ciudadanos'.

Camino reconoció que si la asignatura tuviese orientación católica, los obispos 'también estarían en contra'. 'Imponer la moral católica a todos los españoles va contra la Doctrina Social de la Iglesia', concluyó.