Como estaba previsto, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con el rechazo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la ley de extranjería, que permite que las ONG y entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de 40 a 60 días.

Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP ha anunciado que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.

En posteriores declaraciones a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha anunciado que el Ejecutivo ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, que se aprobó en diciembre de 2004.

 La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, que asistió al debate desde la tribuna de invitados, destacó que el resultado es una "ley moderna, integradora, que apuesta por la integración, refuerza la eficacia de la lucha contra la inmigración clandestina y apuesta claramente por el orden, el control y la legalidad". Asimismo, expresó la "satisfacción del Gobierno por el respaldo que ha tenido la ley y que ha puesto de manifiesto su voluntad de diálogo".

Además, anunció que el Ejecutivo "ya está trabajando" en la elaboración de un Reglamento de Extranjería acorde con las modificaiones incorporadas en la reforma y aseguró que la normativa se elaborará "desde el diálogo y el consenso". Si bien no adelantó plazos, señaló que estará aprobado "lo antes posible", probablemente "antes de un año".

El PP anuncia que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo

Durante el debate parlamentario el portavoz del PP en Inmigración, Rafael Hernando, anunció que si su formación llega al poder modificará la ley porque "no se ha contado" con ella para elaborarla, ya que, según dijo, de 63 enmiendas planteadas "sólo una" ha sido incorporada. "Es una reforma cosmética, continuista con la política de estos últimos cinco años, que ha convertido la inmigración en el tercer problema de los ciudadanos", aseguró.

Por su parte, la negativa de IU-ICV-ERC a apoyar el proyecto reside en que mantiene la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión, no recoge una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos y no incluye el derecho a voto de los ciudadanos no procedentes de la UE en los comicios municipales. "El problema es que por parte del Gobierno se prima el discurso duro antes que la realidad", explicó el diputado de ICV, Joan Herrera.

Respaldo de CiU, CC Y PNV

Por contra, CiU y Coalición Canaria coincidieron en destacar los "avances" de un texto al que se han incorporado cerca de 300 enmiendas durante la tramitación parlamentaria. Así, el portavoz de CC, José Luis Perestelo, puso el acento en que la reforma reconoce que las comunidades autónomas "no pueden solas" con la gestión y protección de los menores extranjeros en situación de desamparo.

En las filas de CiU, Carles Campuzano destacó la consolidación en la Ley de Extranjería de las competencias sobre los permisos de trabajo y la integración que recogen los estatutos de autonomía de regiones como Cataluña y Andalucía, y puso el acento en que se ha visto "ampliada la participación" de los gobiernos regionales en ámbitos que "no estaban contemplados", como "la renovación de la residencia temporal, la concesión de la regularización por arraigo, la obtención de la residencia de larga duración o la contratación en origen".

De parte del PNV, Emilio Olabarría justificó el respaldo de la formación al proyecto porque el debate parlamentario "ha permitido modificar elementos ontológicos del proyecto que presentó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho". Pese a ello, reiteró que quedan "tres temas a resolver en el Senado": el reparto de los menores extranjeros desamparados entre las comunidades autónomas, el reconocimiento del permiso de trabajo para las víctimas de violencia machista aunque no tengan una sentencia que avale su condición y la prohibición de la inadmisión a trámite en las soliciudes de arraigo.