De Cospedal denuncia escuchas ilegales a dirigentes de su partido

Con el archivo de la rama valenciana del caso Gürtel pendiente ahora en manos del Supremo, los conservadores siguen abrazados a la idea de que el Gobierno utiliza todos los medios a su alcance para derribarles. A media tarde de ayer, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, levantaba ampollas con unas declaraciones en las que afirmaba que su partido tenía constancia de que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales.

En estas declaraciones, integradas en una entrevista a Efe, la número dos del PP, no citaba a personas concretas y se reafirmaba en su petición al Gobierno de que persiga a ETA antes que a su partido. De Cospedal consideró que España vive ahora "un Estado policial" que lleva al Gobierno a "utilizar las instituciones".

La primera de las reacciones llegó desde Paraguay. De visita oficial, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó a Cospedal que acuda a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito. Cree De la Vega que con esta actitud, el PP está "despreciando el trabajo de policías, jueces y fiscales", informa Ana Pardo de Vera.

La misma exigencia fue trasladada al PP por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, solicitó a la número dos del PP que acuda a un juzgado a denunciarlo si realmente tiene pruebas. Y la Confederación Española de Policía (CEP) avisó a los conservadores de que "ventilar públicamente sospechas sin pruebas contra las instituciones del Estado también contribuye a deteriorar la calidad de nuestra democracia", informa Ep.

Mientras, en el PP reinaba la confusión. El partido pasó de asegurar que "de momento" no pretendían tomar acciones legales sobre los pinchazos telefónicos denunciados por Cospedal a sostener que estos hechos ya estaban en el juzgado desde el 24 de junio.

Este día, el partido presentó una denuncia, pendiente de ampliación, según aseguró ayer el PP, apoyada en recortes de El País y una grabación de la SER en la que alertaba de un presunto delito de "interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación".

La denuncia se refiere en un momento a la posibilidad de la existencia de grabaciones que pudieron no ser autorizadas por el juez. Con ello, el PP podría referirse a parte de las cintas aportadas por el ex concejal de Majadahonda y militante del PP, José Peña, denunciante del caso Gürtel.

Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, ha replicado a las palabras de De Cospedal que “si no fuera por la gravedad de sus acusaciones, pensaríamos que a Maria Dolores de Cospedal ha empezado a afectarle el síndrome del espionaje político que sacude a su partido en la Comunidad de Madrid”, ha señalado.

María Teresa Fernández de la Vega ha le ha animado a acudir a los tribunales si de verdad cree que se está cometiendo algún delito y, si no es así, la ha pedido que se retracte, porque está "despreciando" el trabajo de policías, jueces y fiscales.