En diciembre de 2007, una triste reunión de los organismos de la OCDE encargados de cooperación fiscal sirvió para constatar el desánimo de sus funcionarios, que durante años confiaron en la voluntad política de instaurar un control de los paraísos financieros. Ese desaliento parece haberse transformado en entusiasmo, a juzgar por la actividad que desarrollan Jeffrey Owens y Pascal de Saint-Amans, del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE. La voluntad del G-20 de actuar contra el fraude fiscal internacional y paraísos ha cambiado por completo el panorama.

¿Cómo ha cambiado la actitud de los paraísos fiscales?

Fue a partir del caso de Liechtenstein, en febrero de 2008. La cuestión de las jurisdicciones no cooperativas ocupó el primer plano político y mediático. La crisis ha acelerado el proceso, por la necesidad de salvar al sistema financiero internacional con fondos públicos. Ahí dejó de haber tolerancia alguna para el fraude fiscal y el conjunto de los Estados expresó su deseo de que haya avances rápidos y definitivos. La reunión del G-8 de julio de 2008 pidió la aplicación inmediata de las normas de la OCDE. El G-20 amplió la demanda en la cumbre de Washington, en noviembre, y en la de Londres, del pasado abril. ¡Se trata de jefes de Estado y de Gobierno que han convertido el tema en una de sus preocupaciones centrales! Y, por supuesto, todos los territorios que estaban dudando sobre si iban a cooperar, o los que iban a hacerlo a regañadientes, dieron acuse de recibo del mensaje.

Seis territorios (Bélgica, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Cayman, Luxemburgo e Islas Vírgenes de EEUU) han pasado ya de la lista gris a la blanca de países que cooperan. ¿En qué han cambiado para ser blanqueados?

En abril, publicamos un informe que describía objetivamente en qué punto de la aplicación de los principios de transparencia y cooperación estaba cada territorio. Es lo que se ha acabado llamando, abusivamente por cierto, la lista gris y blanca. Nosotros simplemente destacamos que los países que tienen más de 12 acuerdos internacionales, como tratados bilaterales de intercambio de información o convenciones fiscales que prevén el intercambio de datos, merecen ser considerados como países que han aplicado sustancialmente la norma. Es un buen punto, pero no es más que el inicio. Nuestro trabajo es garantizar que se firmarán más acuerdos. Y, sobre todo, garantizar que serán real y efectivamente aplicados. Nadie ha sido blanqueado, pero cuando hay avances, hay que reconocerlos. Y ese ha sido el caso de Cayman, Bermudas o Luxemburgo.

¿Qué trabajos se van a abordar en la reunión de Los Cabos (México) a principio de septiembre?

Se van a poner juntos más de 80 países en el Foro Mundial de la Fiscalidad para reforzarlo y transformarlo en un organismo que abordará el control de lo que ocurre realmente en el intercambio de información fiscal. Se prevé la puesta en marcha de un mecanismo de control mutuo, un método que ya se ha utilizado en la lucha contra el lavado de dinero negro, o contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros.

¿Los países que están todavía en la lista gris de paraísos que participarán en la reunión de Los Cabos van en esa dirección?

Existe un movimiento generalizado hacia una mayor transparencia e intercambio de información. Especialmente en el caso de algunos centros financieros capitales, que han cambiado realmente de política, como Suiza, Luxemburgo, Singapur y Hong Kong.

¿Qué sanciones propondrá la OCDE al G-20 para los territorios no cooperativos en materia fiscal?

Los países del G-20 han anunciado que están dispuestos a tomar medidas, como la denuncia de las convenios fiscales o la instauración de obligaciones de declarar para los agentes que tengan relación con territorios no cooperantes. La OCDE ya había sugerido esas medidas en 1998. Lo ideal sería no tener que recurrir a sanciones, sino constatar avances y actitudes cooperantes. Pero, si no hay cooperación, es legítimo que cada Estado proteja sus ingresos fiscales.

Pero es posible que acaben imponiéndose sanciones a ciertos estados y territorios que harán difícil tanto las entradas fraudulentas de capitales como las posibles inversiones reales en una actividad legítima.

Que eso ocurra dependerá de la redacción final de los textos de las medidas antifraude que se acuerden. Pero, en general, podemos pensar que las sanciones no se van a aplicar a actividades económicas reales.

Después de la cumbre de Los Cabos ¿una persona podrá o no podrá hacer la típica operación de crear un trust en la City de Londres, que abre una filial en el Estado norteamericano de Delaware, cuya cuenta bancaria está en Gibraltar, y así ofrece prestaciones ficticias que le permiten evadir impuestos o incluso blanquear capitales, sin que nadie pueda identificar quién está detrás?

Sí, se podrá seguir haciendo. Pero, a diferencia de lo que ocurre hoy, quienes lo hagan correrán el riesgo real de ser identificados, gravados fiscalmente y sancionados. ¡Claro que va a seguir habiendo policías y ladrones! Pero la vida de los defraudadores puede ser más fácil o más difícil. Los contribuyentes que invertían en paraísos, hasta ayer lo podían hacer defraudando sin correr riesgos. Ahora, corren ya el riesgo serio y real de ser atrapados.