Tras la supresión de las primas a las renovables, el sol se apaga en España: muchos de los 55.000 productores fotovoltaicos ven peligrar sus instalaciones, como los vecinos de La Serna, un municipio palentino en el que las placas solares comunitarias no ingresan el dinero suficiente para amortizar la inversión.

En España, sólo un 4% de los productores fotovoltaicos han conseguido pagar su instalación solar, mientras que el resto de los propietarios todavía debe 18.000 millones de euros, según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER). El colectivo de productores invirtió en montar sus instalaciones 20.000 millones de euros y con los 'sucesivos recortes retroactivos' ha visto disminuir sus ingresos un 40%.

Este es el caso de los noventa vecinos de La Serna (Palencia), un pueblo agrícola de cien habitantes en la vega del río Carrión, que hace nueve años montaron de forma conjunta con su ayuntamiento una planta solar de 450 kilovatios, ha relatado Vicente Pérez, promotor de la instalación y concejal del municipio en aquel momento. Con la regulación vigente entonces (el Real Decreto 436/2004, que establecía que cada kilovatio de energía que produjesen sería pagado a 45 céntimos), calcularon que su inversión estaría amortizada en nueve años. 'Era una cosa buena para todos, chocante al principio, pero con incentivos claros por parte del Gobierno, así que decidimos invertir en lo que llamaban la energía del futuro' ha explicado Cristina Martín, vecina de La Serna, madre de dos hijos y socia de la instalación.

Actualmente, la cantidad que ingresan con la venta de la energía producida no llega para cubrir los gastos de mantenimiento de las placas, y menos, para pagar el crédito que contrajeron para montar la planta. 'Nos sentimos engañados porque, en pocos años, han cambiado de forma contradictoria la regulación y ahora, las consecuencias son trágicas: estamos muertos' ha indicado el promotor del proyecto.

La idea original, cuenta Pérez, fue utilizar las placas para generar su propia energía, cubrir las necesidades del municipio y ahorrarse la factura de la compañía eléctrica; pero en aquel momento 'echaron cuentas' y descubrieron que con la regulación vigente era más rentable verter la energía a la red que autoabastecerse y ampliaron el proyecto de 100 kw a 450 kilovatios. Además de generar recursos económicos y promover el desarrollo rural, Pérez pretendía crear un vínculo: 'queríamos unir anímicamente a la gente con el pueblo. Cada vez se van más personas de aquí y pensamos que montar un proyecto común serviría para 'amarrar' a las generaciones futuras a sus raíces'.

Desde el año 2008 empiezan a aprobarse reformas que primero limitan, y luego suprimen, las bonificaciones a las energías renovables, y de 45 céntimos por kilovatio han pasado a recibir 5 o 6 céntimos, que es el precio del mercado. El resultado es que de ingresar 78.000 euros por cada 100 kilovatios al año, ahora 'sólo' perciben 9.000 euros, lo que no les llega ni para cubrir los gastos de las placas (12.000 euros). Con estas cifras, Pérez ha explicado que son incapaces de devolver el crédito que solicitaron para financiar el coste de la instalación (3.300.000 euros), para la que no recibieron ninguna subvención, por lo que el dinero vino de la entidad bancaria (el 80%) y del pueblo, donde los vecinos invirtieron 'más o menos' 7.500 euros cada uno (el 20%).

Deben 'todavía' un millón de euros, y cada vecino tiene su patrimonio personal afectado por el crédito, por lo que esperan 'la fórmula de rentabilidad razonable', un instrumento que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha prometido a los productores fotovoltaicos para compensar las pérdidas de la supresión de las primas. 'No me creo que no nos vayan a dar nada, pero aún así no hay que fiarse: este es un país 'bananero' donde el primero que te engaña es el Gobierno', ha sentenciado Pérez.

'Estamos indignados pero también tenemos miedo porque no sabemos lo que va a pasar. No sé si algún día llegaremos a amortizar nuestra inversión, o peor, ¿qué le vamos a decir al banco cuando vengan a por nuestras casas si no podemos pagar?' ha lamentado Cristina Martín.