El Tribunal de Cuentas ha digitalizado unas 3.000 cajas con documentación sobre uno de los episodios más amargos de la posguerra, el de los innumerables prisioneros, más conocidos como "esclavos de Franco", que fueron obligados a trabajar en batallones y campos de concentración repartidos por todo el país.

Estas cajas están depositadas desde hace tiempo en el Tribunal de Cuentas, y ahora, cuando se firme el convenio correspondiente de cesión, serán trasladadas al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, según afirma el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, en una entrevista con Efe.

"Este archivo da cuenta de toda la represión que hubo tras la Guerra Civil", subraya Blanco en ese encuentro que tiene lugar en su despacho del Ministerio y en el que también señala que la anunciada Ley de Archivos podría quedarse finalmente en un Real Decreto que el Consejo de Ministros quizá apruebe "el próximo otoño".

"No sabemos si será una ley o real decreto, pero lo importante es que se regule bien sobre los archivos españoles, no el rango que tenga", comenta el director general, para añadir que el texto de la futura norma está "en audiencia" en las comunidades autónomas y en los diferentes Ministerios afectados.

Rogelio Blanco tiene sobre su mesa el voluminoso índice de las casi 3.000 cajas que componen el archivo de los Batallones disciplinarios y campos de concentración, y "que va fijando dónde hubo campos de trabajo a lo largo del territorio español", en los últimos meses de la guerra y en la posguerra.

Decenas de miles de presos republicanos, los denominados "esclavos del franquismo", se vieron obligados a realizar trabajos forzosos para reconstruir todo tipo de infraestructuras que habían quedado destrozadas por la Guerra Civil: carreteras, canales, pantanos, aeropuertos o rehabilitaciones de iglesias.

Quizá el caso más llamativo sea el de la construcción de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid), en la que trabajaron más de 10.000 presos, que pasaron todo tipo de penalidades.

En las 3.000 cajas que serán depositadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca "hay abundante documentación sobre cada uno de los prisioneros de cada batallón". "Son miles y miles de expedientes personales de cada uno en diversa situación de redención de penas", comenta Blanco.

Esas cajas no reflejan sólo la dura situación de quienes trabajaban en los batallones. También está la de quienes lo hacían para empresas, algunas de ellas "muy conocidas y que conseguían así una mano de obra fácil y muy barata", recuerda el director.

Todo ese material ha sido tratado y digitalizado por el Tribunal de Cuentas, y para que se deposite en Salamanca sólo falta la firma de un convenio entre la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el presidente de ese organismo, Manuel Núñez. "Es cuestión de agendas", aclara.

Ese capítulo de la represión franquista también se podrá consulta en Internet, en el Portal de Archivos Españoles (PARES), pero "sólo aquellos documentos que la Ley de Preservación de Datos permita", añade.

Los archivos constituyen "la memoria histórica de un país, su biografía", y son también "representativos de los derechos y deberes de los ciudadanos. Alojan nuestras partidas de nacimiento, de defunción, nuestras herencias o la justificación de nuestras compras", afirma el director.

Por eso, "una política archivística razonable en el siglo XXI se resumiría en tres verbos: construir, legislar y difundir", asegura.

El Ministerio de Cultura ha inaugurado estos años nuevos archivos y está ahora en "37 grandes inversiones", entre las cuales destaca la ampliación del Archivo Histórico Nacional, que de los 57 kilómetros de estanterías que tiene ahora "pasará a tener 600". "Probablemente se convertirá en el más grande del mundo", subraya.

La legislación por la que se rigen estas instituciones "está obsoleta y no responde a las nuevas tecnologías". España, "supuestamente el país más rico del mundo en archivos junto con Italia, funciona con un reglamento de 1901", y también con la Ley de Patrimonio Histórico.

En la anterior Legislatura se prometió una nueva Ley de Archivos, pero ahora "no se sabe si será una ley o un real decreto". Este último, afirma Rogelio Blanco, "te permite una agilidad de desarrollo y de aprobación rápida".

El Consejo de Ministros tiene ya en su poder "toda una normalización" sobre los grandes archivos nacionales, dependientes del Ministerio de Cultura; los que están vinculados a otros Ministerios y organismos estatales, y sobre los históricos provinciales, de titularidad estatal pero gestionados por las comunidades autónomas.

Esta nueva normativa "podría estar aprobada en otoño", concluye Blanco.