Timoteo Andrés está esperando a que su sobrino le saque de la residencia de ancianos en la que está interno 'de toda la vida'. 'Pero él me dijo que venía ayer a por mí, y aquí sigo...', se lamenta, sentado en una silla en la sala de televisión. Es el único que mira a la pantalla. Timoteo es de los pocos inquilinos que quedan en la residencia de mayores Reyes Católicos, en Alcalá de Henares (Madrid), cerrada hace unas semanas por la consejería de Familia y Asuntos Sociales por carecer de personal cualificado y tener unas malas condiciones higiénico-sanitarias.

En la residencia apenas duermen ya una docena de ancianos a los que sus familiares aún no han ido a buscar. Una mujer hace compañía a su padre octogenario que apenas puede moverse: 'No sé dónde llevarlo, pero aquí la asistencia es penosa, y las cosas están sucias... Encima pagamos 1.200 euros al mes...', empieza a quejarse. 'Ya vale, ya vale', corta la conversación la encargada de la residencia, que en un principio deja entrar al recinto para que la periodista compruebe 'lo limpio que está'. Todo bien a primera vista. En la cocina una mujer remueve un puchero 'con crema de langosta'.

Fuera del debate electoral

El sindicato CC OO asegura que en España se cierra una residencia de personas mayores cada 45 días por falta de calidad en la atención de los ancianos y lamenta que el cuidado de los ancianos no esté apareciendo en el debate electoral. 'En España, la calidad de los servicios de atención a la dependencia es muy baja. De hecho, las inspecciones rutinarias o las denuncias de los trabajadores y usuarios obligan a cerrar una residencia cada mes y medio', señalan fuentes del sindicato. En España hay más de 4.000 residencias con licencia para 7,3 millones de ancianos, el 17% de la población.

Los servicios de atención a las personas mayores están regulados por 17 normativas diferentes, una por cada autonomía. Por ejemplo, los requisitos para abrir una residencia de ancianos en la Comunidad de Madrid están incluidos en la Orden 612/1990, de 6 de noviembre que otorga licencias de apertura para 25 años.

En teoría, en Madrid cualquier centro destinado a ofrecer servicios sociales debe cumplir todo tipo de exigencias y así lo exige la administración regional: el perfil de la población que se va a atender, una memoria que explique la actividad a desarrollar, un programa de intervención, un informe que acredite la propiedad del inmueble en el que se va a instalar el asilo, otro proyecto que aclare las categorías profesionales de la plantilla... Pero la realidad señala que los controles y las inspecciones son mínimas, como en el caso del asilo Juan XXIII de Alcobendas (Madrid), cerrado de manera definitiva el pasado diciembre y donde, según denunció un programa de cámara oculta de Telecinco, se maltrataba a los ancianos. Los mayores eran atados a las sillas y convivían con sus propios excrementos. Tuvo que ser una cámara de televisión la que destapara el escándalo y las vejaciones.

Carencias

Hay dos problemas: la falta de inspectores y la carencia de personal. 'Los ancianos son tratados de manera diferente según el territorio donde vivan', denuncian en CC OO. De media, en España hay un profesional por cada tres mayores. En La Rioja, la atención es de las más deficitaria: un trabajador atiende a diez ancianos; en Extremadura, hay uno por cada siete; en Castilla-La Mancha uno por cada seis; en Castilla y León cinco y en Baleares la media es de un experto en geriatría por cada cuatro mayores.

En cuanto al número de inspectores, en Madrid, por ejemplo, CC OO asegura que hay sólo ocho para controlar las condiciones en las que viven los 44.000 ancianos residentes en los asilos. Según UGT y el PSOE, son nueve. La consejería dice que son 25 profesionales los encargados de las labores de inspección y supervisión. La Comunidad de Madrid tiene un índice de cobertura (número de plazas por cada 100 personas mayores de 65 años) del 5,07%, por detrás de cuatro comunidades: Castilla y León (6,29%), Castilla-La Mancha (6%), Aragón (5,62%) y Navarra (5,66%), según datos ofrecidos por el Imserso.

También es dispar la cualificación que reciben los trabajadores en cada región, según CC OO. Este sindicato, desde marzo de 2007, lleva proponiendo al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un acuerdo que asegure los mismos criterios de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de donde residan.

El sindicato CC OO considera 'un error' que Gobierno y comunidades autónomas no hayan llegado a un acuerdo para desarrollar la Ley de Dependencia en este sentido. Mientras las administraciones se ponen de acuerdo, hay ancianos como los del asilo cerrado en Alcalá de Henares que siguen desatendidos.