Nuestras políticas en salud sexual y reproductiva son insuficientes y peores, por ejemplo, que las de Francia, Italia y Alemania. Necesitamos mejorar en la prevención de la discriminación en el acceso a métodos anticonceptivos de los colectivos vulnerables (45,5%) y suspendemos estrepitosamente en sensibilización (25%), educación sexual en colegios (25,6%) y en el empoderamiento de las mujeres (22%), donde sólo sacamos mejor puntuación que los Países Bajos, Lituania y República Checa.

Son algunos de los resultados del Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos, que analiza la situación de la salud sexual y reproductiva de 10 países de la Unión Europea (Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, España y Suecia). El estudio, elaborado entre julio y octubre de 2012, muestra en España "un panorama de estancamiento y empeoramiento", en palabras del presidente de la Federación de Planificación Familiar y Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez. Aunque aprobamos en educación y formación a profesionales (57,9%) y en el reembolso por parte del Estado del precio de los métodos anticonceptivos (57,1%), este último apartado no es del todo fiable porque desde el 1 de agosto, ocho marcas de píldoras anticonceptivas de última generación dejaron de ser financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La Federación de Planificación Familiar y Estatal, que ha participado en la elaboración del barómetro, ha avisado de que este recorte está afectando ya a más de un millón de mujeres. Los fármacos que han perdido su financiación pública tienen menos efectos secundarios y otros beneficios al margen de la contracepción. Son Dretine y Dretinelle (Teva), Drosure y Drosurelle (Laboratorios Effik), Drosiane y Drosianelle (Sandoz), Liofora y Yira (Bayer), todos ellos compuestos con etinilestradiol y drospirenona. "Debido a esta normativa, actualmente está habiendo presiones a las mujeres para que cambien a las píldoras tradicionales y esto no es bueno desde el punto de vista profesional ya que siempre se aconseja que los cambios sean los menos posibles", ha argumentado Sánchez.

El presidente de la FDFE ha alertado también de que esa desfinanciación puede provocar un aumento de las tasas de embarazo no deseado y, por tanto y de manera "indirecta", de interrupciones voluntarias del embarazo. Sánchez considera que esta decisión es un "evidente" retroceso de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que, en su opinión, no se ha desarrollado y se ha centrado únicamente en el aborto. Una de las pruebas de ello es, según Sánchez, la falta de educación reglada en salud sexual y reproductiva.  "La educación sexual se hace de forma desorganizada y dispersa. Los escolares de secundaria pueden tener información pero no a nivel afectivo y sexual, ni sobre las enfermedades de transmisión sexual o sobre el uso adecuado de los métodos anticonceptivos", ha señalado. Además, ha añadido, las campañas de sensibilización han cesado y los centros de planificación familiar "están en peligro porque la nueva ley de ayuntamientos obliga a eliminarlos".

Otro ataque a la salud sexual y reproductiva de las mujeres es la reforma sanitaria de Mato, que restringe la atención sanitaria a los inmigrantes. "Se les está negando la asistencia ginecológica a las mujeres inmigrantes, que son un grupo social vulnerable. No tienen acceso a citologías, mediante las que se puede prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero", ha alertado Sánchez. Por todo ello, el rpesidente de la FPFE ha informado de que va a solicitar en los próximos días una reunión "urgente" con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y con los responsables de su departamento para abordar todas estas cuestiones.