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España y Marruecos firman un nuevo acuerdo antiterrorista

El ministro de Justicia español considera que "es una noticia muy importante"

EFE

Marruecos y España han firmado un nuevo convenio de asistencia judicial en materia penal y de otro de extradición, en un avance en la lucha antiterrorista conjunta.

El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, consideró hoy en Rabat "una noticia muy importante" para ambos países la actualización y renovación de esos dos tratados bilaterales, existentes desde 1997.

Con el de asistencia judicial se recoge la posibilidad de que la autoridad interesada indique las formalidades y procedimientos que deben seguirse en el cumplimiento de lo solicitado dentro de esa cooperación, y se incluye, entre otras novedades, la excepción de los delitos de terrorismo al hablar de delitos políticos.

Tal y como explicó Caamaño, "hemos precisado claramente que dentro del concepto de delitos políticos nunca haya lo que nosotros consideramos que es siempre un atentado terrorista. Eso supondría que no se podría denegar la extradición invocando que no es un delito terrorista sino uno político".

Según el Ministerio de Justicia, también incorpora la posibilidad del traslado temporal de personas detenidas para la práctica de diligencias de instrucción en una investigación abierta, y aborda formas de asistencia antes no contempladas, como las entregas vigiladas, en relación con delitos que puedan dar lugar a la extradición.

"Se dan saltos en la colaboración muy importantes, por ejemplo permitiendo información sobre cuentas bancarias, incautación de bienes y una serie de medidas que podrán acordar sus jueces y nuestros jueces conjuntamente y que tienen por objeto luchar contra el crimen organizado", detalló el ministro a la prensa.

Por su parte, el convenio de extradición renueva el firmado entre Rabat y Madrid en mayo de 1997 y recoge la pena de muerte y la cadena perpetua como motivos obligatorios de denegación de extradición en caso de que el Estado requiriente no aporte garantías suficientes de que ambas penas no se van a ejecutar.

"Nos parece que un país como el nuestro, que condena la pena de muerte, no debe mantener convenios con países que la mantengan o que tengan cadenas perpetuas en el sentido fuerte de la expresión, es decir, no revisables durante el tiempo y prorrogables sine die", afirmó Caamaño.

Destacó además la buena cooperación jurídica bilateral, y confió por ello en que la comisión rogatoria que iniciará el próximo 29 de junio en Rabat el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para interrogar a Mohamed Belhadj -huido desde los atentados del 11-M y encarcelado ahora en ese país- va a funcionar "muy bien".

El ministro español se reunió con su homólogo, Abdelwahed Radi, y durante su estancia en la capital marroquí acudió a la presentación de la Red Marroquí de Cooperación Jurídica Internacional (RMCJI) e inauguró una exposición sobre menores vulnerables y un sistema de videoconferencia en la Corte de Apelación de Rabat.

Esas dos últimas actividades se enmarcan dentro del proyecto ADL de fortalecimiento y modernización de la administración judicial de Marruecos, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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