Europa, sin medios ni coordinación para luchar contra la violencia machista

A mediados de abril se celebró en Madrid la Cumbre Europea sobre Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia de Género. Representantes de 18 países pusieron en común -aunque a puerta cerrada- sus principales políticas contra la violencia machista. El principal escollo de esa lucha a nivel europeo apareció a los pocos minutos de empezar la reunión en palabras, precisamente, de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato: "Es imposible saber cuántas mujeres mueren por violencia de género en Europa". 

Efectivamente, no es posible analizar la violencia machista en Europa porque las estadísticas que aportan los pocos países que tienen datos al respecto no se pueden comparar. El primer problema es que, en muchos estados, la mayoría de casos de violencia machista no se denuncian a la policía, de manera que son invisibles en las estadísticas. Por ejemplo, en Alemania, sólo el 25% de las mujeres víctimas de violencia de género lo denuncian a la policía y en Bélgica, el porcentaje no llega al 20%. Son datos del último informe del European Institute for Gender Equality (EIGE), que señala otro obstáculo para la visibilidad de la violencia machista en Europa: los datos sobre víctimas mortales tampoco se pueden comparar porque no todos los países los documentan de la misma manera.

Sólo un tercio de los Estados miembro contabiliza específicamente los crímenes de violencia machista. Son Bélgica, Estonia, Irlanda, España, Italia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Suecia. Otros 14 engloban las muertes de violencia machista bajo el epígrafe de "violencia familiar", por lo que no se trata estrictamente de violencia de género, es decir, la que ejercen los hombres contra las mujeres. A la cola de esta clasificación están Bulgaria, Alemania, Hungría, Austria y Reino Unido, que no recaban ningún dato referente a la violencia intrafamiliar. Debido a estas diferencias en la manera de contabilizar las víctimas y de catalogar la violencia, el EIGE sólo puede afirmar que, en los Estados miembro, "entre el 12% y el 35% de las mujeres sufren violencia doméstica física".

Sólo cuatro países de la UE han introducido en el código penal la definición de violencia de género

Maurizio Mosca, uno de los técnicos del EIGE, expresó en su visita a España el pasado mes de abril la urgente necesidad de "unificar las definiciones de violencia de género en Europa" para "integrar de forma igualitaria todos los datos". En este sentido, Mosca reconoció que la Ley Integral contra la Violencia de Género en España "es un ejemplo efectivo que debe servir como inspiración política y cultural para toda la Unión Europea".

El Consejo de Europa y la Comisión Europea se han comprometido a combatir la violencia contra las mujeres y prueba de ello es, por ejemplo, la Carta de la Mujer (2010), en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, aprobada por la Comisión Europea. Este texto insta a los estados a prestar y financiar  servicios especializados a corto y largo plazo para las víctimas de violencia machista. Aun así, el estudio de EIGE demuestra que el apoyo de los países de la UE no es suficiente. 

Aunque prácticamente todos los estados tienen centros y servicios de asesoramiento para las víctimas, el informa revela que sólo ocho (Alemania, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Malta, Eslovenia, Suecia y Reino Unido) y Croacia cumplen la proporción recomendada de un centro o servicio por cada 50.000 mujeres. España está fuera de esta lista, pero es uno de los seis países de la UE (junto con Dinamarca, Italia, Austria, Suecia y Reino Unido) que cuenta con una línea de ayuda telefónica gratuita y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Es uno de los aspectos que subraya el Convenio del Consejo de Europa para prevenir la violencia de género, más conocido como Convenio de Estambul.

Por otra parte, aunque la mayoría de países de la UE aplican planes nacionales para combatir la violencia machista, sólo tres (España, Alemania y Luxemburgo) evalúan periódicamente las medidas y las reformas legales que llevan a cabo y únicamente en cuatro (España, Francia, Portugal y Suecia) se ha introducido en el código penal una definición de la violencia basada en la perspectiva de género.