El ex conseller de Trabajo Ignasi Farreres ha defendido hoy la utilidad de los estudios con los que presuntamente se desviaron fondos de su departamento a empresas vinculadas a UDC, aunque ha insistido en que nunca sospechó que los informes habían sido plagiados.

Farreres, que afronta una pena de cinco años y medio de prisión por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación, ha acudido hoy a su juicio en la Audiencia de Barcelona arropado por la cúpula de UDC, con la excepción del líder de la formación, Josep Antoni Duran Lleida.

Por el llamado "caso Treball", de presunta financiación irregular de UDC, el Fiscal pide otros cinco años y medio de cárcel para el ex secretario general de Trabajo Josep Maria Servitge y tres y medio para el empresario militante de UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ya condenado a más de un año de cárcel por el "caso Turismo".

Los tres están acusados de haber urdido una trama para desviar fondos del Departamento de Trabajo mediante la adjudicación de ocho estudios de dudosa utilidad, incompletos, plagiados o anticuados, por los que se pagaron siete millones y medio de pesetas, a las empresas Gestumer y Socesca de Lorenzo Acuña, ex concuñado y amigo del diputado de UDC en el Congreso Josep Lluís Sánchez Llibre.

En su declaración en el juicio, el ex conseller ha apuntado que la decisión de encargar esos informes debió de partir del comité de dirección, que agrupaba a altos cargos del departamento, para su uso interno y que desconoce cómo se adjudicaron, aunque ha puntualizado que la contratación directa era el procedimiento habitual cuando los trabajos urgían.

Según el ex conseller, "muy probablemente" fue Martín Toribio, otro alto cargo del departamento que estuvo imputado en el "caso Pallerols" -también de presunta financiación irregular de UDC-, el que adjudicó y verificó los informes, ya que corrían a cargo de los fondos sociales europeos que el fallecido administraba.

De todas formas, Farreres ha asegurado que los ocho estudios no eran "para hablar del sexo de los ángeles", sino de "rabiosa actualidad" en una época, los años 1994 y 1995, en que el Gobierno central estaba aprobando una nueva legislación laboral en la que la Generalitat pretendía y podía influir, dado que el PSOE estaba en minoría.

No obstante, ha insistido en que los responsables del Departamento no tenían "el más mínimo indicio" de que los estudios fueran falsificados" y que, por una cuestión ética, nunca habría pagado por unos trabajos que sabía eran copiados.

Farreres se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, ejercida por la Generalitat, y a las populares de ICV y del ex militante de UDC Xavier Rotllan porque, en su opinión, todas ellas actúan con "connotaciones políticas".

La defensa del ex conseller ha aportado hoy al juicio una relación de los informes encargados por el gobierno tripartito en esta legislatura y una copia de una interpelación parlamentaria en la que se preguntaba al Ejecutivo catalán sobre la política de adjudicación de informes a asesores externos.

Con esos documentos, que reseñan que la Generalitat gastó 32 millones de euros el año pasado en informes externos y 57 entre 2004 y 2005, el letrado pretende demostrar que las contrataciones de estudios son una práctica extendida, que incluso ha crecido de forma exponencial en los últimos años, pese a hallarnos en plena "era digital".

Además, la negativa de Lorenzo Acuña a contestar a las partes, excepto a su abogado, ha impedido aclarar las incógnitas que han quedado en el aire sobre quién encargó los informes a sus empresas.