El presidente fundador del Partido Popular y ex ministro franquista Manuel Fraga calificó el viernes de "disparate" la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura.

"Me parece un disparate que un señor se autodeclare competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía", declaró el senador popular en declaraciones a los periodistas en Madrid.

"Es políticamente un error gravísimo resucitar los problemas que plantea toda guerra civil", agregó el que fuera ministro de Información y Turismo.

En su auto difundido el jueves, que abre la primera causa de la historia contra el régimen franquista, Garzón autorizó también 19 exhumaciones, entre ellas de la tumba en la que supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca.

Las voces a favor y en contra de la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional no se hicieron esperar, y mientras que los familiares de las víctimas la acogieron con alegría, varias voces del PP, que siempre ha considerado que las cuestiones relacionadas con la memoria histórica sólo reabren viejas heridas, criticaron el viernes la apertura del proceso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró que esta decisión es como pedir "el certificado de defunción de Napoleón" por los sucesos del 2 de mayo de 1808, aunque apoyó el derecho de los ciudadanos a conocer dónde están enterrados sus familiares.

Por su parte la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, dijo ver "muchos defectos procesales" en el auto de Garzón, y lo calificó de "sorprendente, y no precisamente para bien".

El juez reconocía en su auto que una vez que reciba los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos mandos del régimen se declarará extinguida su responsabilidad penal, y la Audiencia Nacional ya no sería competente en la causa.

Sin embargo, señaló que el procedimiento es una "forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal, sino la impunidad".

La fiscalía de la Audiencia ha anunciado su oposición a esta investigación ya que, entre otras cuestiones, considera prescritos unos delitos a los que, en cualquier caso, habría que aplicar la ley de Amnistía de 1977.

Desde el Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, mostró el jueves su respeto por las decisiones tanto del juez como de la fiscalía, y el viernes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reiteró esta idea pero añadió una defensa de la Ley de Memoria Histórica recientemente aprobada.

"Una ley que venía a amparar, a reconocer y ampliar los derechos de aquellos españoles que no se sentían amparados ni reconocidos en algunos aspectos en su propia vida o de su historia familiar. Ese era el sentido, y no otro (...) Poner fin a una etapa triste de nuestra historia y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor a la memoria colectiva y en paz y sin rencor", declaró De la Vega.

Por su parte, la Conferencia Episcopal aún no se ha manifestado, pese a que en ocasiones anteriores se ha declarado en contra de estas investigaciones.

La investigación podría unificar los datos sobre represaliados y la información sobre las fosas comunes repartidas por todo el país, al no existir un registro oficial de desaparecidos durante el franquismo.