La Junta de Personal de la Administración de Justicia, que agrupa a los funcionarios de los juzgados de la provincia de Valencia, aprobó ayer una propuesta que recoge las principales reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Así, los funcionarios demandan la paralización de los desahucios "mientras dure la crisis para las personas sin trabajo" o "el derecho a la dación en pago con cancelación de la deuda para las personas paradas o sin recursos".

También piden una "solución justa para los actualmente condenados hipotecarios por la vigente legislación abusiva" y reclaman "una oferta suficiente de vivienda social de alquiler asequible (no más del 30% de los ingresos)". Ahora esperan que las Juntas de Personal del resto de provincias del país se pronuncien en términos similares.

La propuesta, lanzada por Intersindical Valenciana, fue aprobada gracias a los votos a favor de CCOO y UGT y a la abstención de los representantes del CSIF, sindicato mayoritario en la Administración valenciana de Justicia. Los funcionarios muestran así su "preocupación por el exagerado número de desahucios" que viene multiplicándose en el País Valencià "de una forma extraordinaria e insoportable, mucho más que en otros lugares del Estado".

Haciéndose eco de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial recuerdan que en 2010 se produjeron en el País Valencià 18.102 desahucios frente a los 5.369 ejecutados en 2007. Además, la Junta de Personal también enviará una petición a la dirección general de Justicia "a fin de que se den las instrucciones oportunas para que, en cada uno de los desahu-cios de una familia, comparezca un trabajador social dependiente del Ayuntamiento correspondiente o comunidad autónoma para dar una solución inmediata de alojamiento o vivienda". En la actualidad, según explican fuentes de la administración de Justicia, la comisión de desahucio está formada por un gestor procesal, que acostumbra a sustituir en este tipo de asuntos al secretario judicial, y un agente judicial, además de la Policía Local.

Según Pep Bomboi, responsable del sector de justicia de la Intersindical, la demanda procedía de los propios trabajadores afectados, que mostraron su inquietud y malestar ante un "panorama social muy grave" y que sigue empeorando. Por ello también quisieron lanzar un mensaje conciliador con los futuros desahuciados. "Los funcionarios de Justicia que se ven obligados en razón de su cargo a efectuar materialmente el desahucio son perfectamente conocedores de la situación en que están quedando muchas familias valencianas", señala la Junta de Personal. Y advierte que estos funcionarios "no desean entrar en enfrentamiento con las familias desahu-ciadas y los ciudadanos que los apoyen".

"Pedimos mayor apoyo del Gobierno valenciano, que tiene las competencias, para paliar estos efectos negativos que provoca la crisis", señaló Bomboi. Además, "vamos a aprovechar la circunstancia de que ahora comparten Conselleria Justicia y Bienestar Social", para exigir al recién nombrado conseller Jorge Cabré "voluntad política para solucionar estos graves problemas".

Precisamente ayer a primera hora de la mañana, Eva Carvajal, parada y madre de dos menores, fue desahuciada de su vivienda de la avenida General Avilés de Valencia. El pasado 17 de junio un centenar de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) esperó en vano durante toda la mañana a la comitiva judicial con la intención de impedir su entrada.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acabó notificando que Carvajal dispondría de un mes para desalojar su vivienda. Pero, según denunció ayer la plataforma, "ni tan siquiera han respetado su intimidad a la hora de vestirse. Ha debido abandonar todas sus pertenencias en la casa y le han dicho que se pondrán en contacto con ella cuando pueda ir a recogerlas". La PAH consideró que "son los bancos los que deberían sentir vergüenza por sus intolerables abusos".