BARCELONA.- La Generalitat se propone empezar a planear "cuál será la política de asilo y refugio en el nuevo país", ha afirmado Oriol Amorós, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, para quien de momento la prioridad es atender a los refugiados que van llegando, y que a mediados de abril serán 250.

La Generalitat y los ayuntamientos catalanes han ultimado las bases para la creación de un protocolo propio de acogida de refugiados, fruto del trabajo conjunto con entidades intensificado este mes de marzo y, posteriormente, el Govern prevé librar una "batalla competencial" con el Estado para que reconozca sus competencias de acogida e integración.

Amorós ha explicado que se trata de un protocolo operativo, que contemplará los diferentes perfiles de las personas que pueden llegar y sobre las que el Estado no está informando, ha dicho.

Amorós ha recordado que el Plan de Protección Internacional aprobado en Catalunya en 2014 prevé elevar una propuesta jurídica de reforma de la Ley de asilo al Estado para que se asuma la acogida desde Catalunya, por lo que el Govern prevé presentar una "reforma legislativa" para pedir las competencias.

Aplicar la ley

Ha defendido que la actual Ley de asilo ya reconoce, en su disposición adicional cuarta, que la acogida e integración son competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero a la práctica esta disposición no se aplica porque la ley no tiene reglamento y se utiliza el de la ley anterior.

"Haremos una batalla jurídica. Diremos al Estado que aplique la disposición adicional cuarta, que aplique la ley", y que se coordine con quien puede ayudar mejor en esta acogida, que son los gobiernos locales y autonómicos.

"Con o sin competencias, haremos el trabajo de ayuda a las personas", ha defendido Amorós, que ha calificado de absurdo un supuesto escenario en el que se ayude desde la Generalitat a la inserción laboral de alguien y el Estado le reproche que no es su competencia.

4.500 plazas de acogida

En las tres primeras semanas que lleva Amorós al frente de la Secretaría -que dirigió entre 2006 y 2010-, ha señalado que las 4.500 plazas de acogida que ha propuesto la Generalitat son una cifra "irrelevante" desde el punto de vista demográfico.

En este sentido, ha argumento las fluctuaciones que registran cada año las miles de personas extranjeras llegadas a Catalunya —que ha sumado 1,5 millones de personas en los últimos 12 años—.

También ha defendido que el refugio no es una cuestión de solidaridad, sino que es un derecho en los países democráticos, y un país no puede considerarse democrático si ante un éxodo de seis millones solo decide salvar a 71.000 personas o bien 18 personas.

"Salvar una vida es salvar a la humanidad", ha reflexionado, y ha añadido que Catalunya quiere encabezar la acogida porque los catalanes también fueron refugiados, y las fotos del campo de Argelès (Francia) son idénticas a las de Idomeni (Grecia).

"Cada vez que suben la valla, lo que están subiendo es la factura de la mafia", ha observado Amorós, que ha reiterado que los refugiados huyen del terrorismo y los autoritarismos, y en ningún caso pueden equipararse a sus verdugos.

"Cuando de aquí a 15 años haya dos millones de europeos de origen sirio, organizados en una diáspora", presionando para que Siria se democratice y sea pacífica y abierta, estas personas jugarán un rol importante, ha reflexionado.

Vías seguras

Las dos opciones existentes de vías seguras, sobre las que el Estado tiene la última palabra, son los permisos de estudios y los visados humanitarios, que se dan de forma muy discrecional, ha dicho.

Sobre la apertura de un corredor humanitario abierto por la comunidad de Sant'Egidio en Italia, Amorós ha dicho que han roto el cerco y ha admitido que la Generalitat ha tenido conversaciones con ONG internacionales sobre este tema, que cree que se podría llevar a cabo en otros gobiernos no estatales.

Amorós ha reconocido que hay un problema de detección de los solicitantes de asilo, ante hechos como que en Tarragona solo se hiciera un petición en 2015, y ha explicado que desde la creación del Comité de Acogida -que agrupa al Gobierno catalán, las entidades y los ayuntamientos- se está formando a los funcionarios públicos sobre refugiados.