El Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguró que su reforma laboral no incluiría los llamados minijobs, esa fórmula que permite contratar a trabajadores para empleos de pocas horas de duración y escasa remuneración, pero, aunque esa palabra no aparece en el decreto ley aprobado el viernes, la norma fomenta el uso de contratos más precarios.

Es el caso del contrato para la formación y el aprendizaje, que ya reformó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en agosto. Aunque pretende asemejarse al modelo de formación dual de Alemania, donde los trabajadores compaginan empleo y formación impartida en las mismas empresas, el decreto ley admite que esa estructura está aún por concretar y desarrollar.

El sueldo en aprendizaje es mucho más bajo, incluso de 480 euros

En cualquier caso, a partir de ahora, una empresa podrá hacer varios contratos de formación a un mismo trabajador si es para cubrir una actividad laboral u ocupación diferente, algo que no permitían las anteriores normas. Es decir, un joven podrá encadenar varios contratos de aprendizaje en una misma empresa o en varias diferentes, si estas aducen que es para un puesto distinto del anterior y, por tanto, para el que tiene que volver a formarse. Otra novedad es que estos contratos podrán concertarse con jóvenes de hasta 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15%, para entonces establecer el límite en los 25 años.

Actualmente, el desempleo se sitúa en el 22,8% y las previsiones, tanto de organismos como de expertos, señalan que España tardará varios años en recuperar niveles cercanos a ese 15%. Los cambios introducidos en este tipo de contrato por el anterior Gobierno en agosto ya fijaban que, excepcionalmente, también pudieran registrarse con jóvenes de hasta 30 años, aunque durante dos años. Es decir, que en agosto de 2013 la edad para estos contratos habría vuelto a ser de 25 años. Con la nueva norma, este periodo excepcional será mucho más amplio.

El salario en aprendizaje y formación es más bajo que el de los contratos ordinarios, porque es proporcional a la jornada laboral efectiva que realizan. Desde hoy, esa jornada será del 75% sobre la fijada en convenio para un puesto similar durante el primer año y del 85% durante el segundo y el tercero. Por tanto, el salario seguirá esa escala, sin que pueda ser inferior a la parte proporcional del salario mínimo (que está congelado en 641 euros mensuales). Esto quiere decir que, durante un periodo indeterminado de tiempo, jóvenes de 30 años (o incluso de 33, pues el contrato podrá ser prorrogado hasta tres años) podrán cobrar 480 euros por su trabajo, algo que recuerda a la figura del minijob.

Los trabajadores tendrán más difícil recurrir al juez en casos de despido

Además, las empresas que a partir de hoy registren contratos de formación y aprendizaje con jóvenes que estén inscri-tos en el desempleo desde antes del 1 de enero de 2012 podrán beneficiarse durante toda la vigencia del contrato (inclui-das las posibles prórrogas) de una reducción del 100% de sus cuotas empresariales a la Seguridad Social si la empresa tiene menos de 250 trabajadores y del 75% si tiene una plantilla igual o superior a esa cifra. En el caso de que las compañías conviertan estos contratos (también los que se registraron antes de la reforma) en indefinidos, también tendránuna reducción de sus cuotas.

El Gobierno quiere fomentar, asimismo, el uso del contrato a tiempo parcial. Para ello, a partir de ahora, los trabajadores con este tipo de jornada podrán realizar horas extraordinarias, lo que en la práctica dotará a este contrato de más flexibilidad, ya que el empresario podrá completar las horas que marca el contrato con otras extra. La nueva norma no especifica si estas tendrán que pactarse o podrán ser impuestas ni si tendrán que efectuarse inmediatamente antes o después de la jornada laboral habitual, por lo que deja la puerta abierta a que un trabajador con una jornada de cuatro horas de 8 a 12 de la mañana tenga que acudir a su puesto de trabajo, por ejemplo, de 6 a 8 de la tarde para hacer horas extra. Eso sí, estas horas computarán para calcular futuras prestaciones, lo que, en principio, mejoraría su cuantía.

La reforma aprobada por el Gobierno deja a los trabajadores más desprotegidos contra el despido. Además de la rebaja radical de su coste, la precisión de las causas por las que se puede despedir de forma procedente (con 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades) hará más complicado que los trabajadores puedan re-currir a los juzgados y conseguir indemnizaciones mayores. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) serán ahora mucho más rápidos y fáciles para el empresario: no sólo se elimina la autorización administrativa previa y se hace patente que la empresa podrá imponer su decisión, sino que se limitan los recursos que pueden interponer los representantes de los trabajadores y se individualiza tanto la comunicación del despido como la posibilidad de recurrir. Hasta ahora, una de las bazas para que los trabajadores lograran mejores condiciones de despido era precisamente la negociación del ERE con la empresa y la po-sibilidad de acudir a los juzgados si no estaban de acuerdo.

No obstante, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró ayer que, con la reforma, los derechos de los trabajadores quedan "intactos"; es más, que con ella ganan "todos los trabajadores". Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, volvieron a rechazar el decreto ley. Aunque lo consideran motivo de huelga general, quieren testar el apoyo social con las manifestaciones del próximo domingo y tratar primero de cambiar el contenido de la norma.

Hoy, Báñez se reúne con Toxo y Méndez y con los presidentes de la CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado, para hablar de la reforma, algo que no hizo antes de su aprobación. Aunque los líderes sindicales buscarán que el Gobierno abra de forma inmediata una mesa de negociación para corregir los aspectos más duros de la norma, parece improbable que el Ejecutivo ceda a tenor de las declaraciones de algunos de sus miembros.