La reforma del Código Penal que pretende poner en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy también contempla eliminar en el articulado el concepto de explotación sexual y condicionar el castigo de la misma a que la víctima tenga que demostrar ese régimen de esclavitud. El texto del anteproyecto que fue presentado en abril plantea reformar el artículo 188 de la norma hoy en vigor, que establece que será penado con cuatro años y multa de 12 a 24 meses "el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". 

La modificación que propone el Ejecutivo, y que llegará al pleno del Congreso el próximo jueves, exige pasar ese apartado 1 del artículo al 188 al 187, si bien modifica sustancialmente su redacción ya que suprime el término explotación. El texto establecería así, que esas penas antes citadas también serían aplicadas para aquel que "se lucre de la prostitución ejercida por una persona, aun con el consentimiento de la misma".

Pero el Gobierno introduce además unos condicionantes: para que se castigue al proxeneta la víctima deberá de mostrar que se encuentra "en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución, o se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas".

Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Público explican que a pesar de que el término explotación sí ha desaparecido del artículo modificado, se mantiene en el título del Capitulo V en el que se enmarca el mismo y que queda redactado de la siguiente manera: "De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores". Asimismo, señalan que los elementos añadidos responden a una "sugerencia" de la Policía, que busca facilitar el "castigo" a los proxenetas. 

Avalar la "esclavización"

El PSOE, que ha celebrado este lunes un encuentro con periodistas para hablar sobre este asunto, considera por todo ello que el anteproyecto de reforma del Código Penal "legaliza" la prostitución. La diputada socialista Ángeles Álvarez ha asegurado que el nuevo texto "está tratando de dar cobertura a los empresarios del proxenetismo tipo Eurovegas", ya que a partir de ahora se introducen condicionantes "prácticamente indemostrables" para que la "esclavización" se castigue. 

Se establecen "dos elementos que van a dar cobertura legal a los grandes negocios de proxenetismo" y "están hechos para eso" a juicio de la parlamentaria madrileña. Además, Álvarez afirma que con esta modificación "se cierra el círculo" abierto con la propuesta para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece medidas para evitar que se pueda ejercer la prostitución en las calles.

Situación de "vulnerabilidad absoluta"

Desaparece así esta práctica, pero se "recluye" o "acuartela" a las mujeres en los macroburdeles, en una situación de "vulnerabilidad absoluta" ya que deberán demostrar esa situación de dependencia económica y personal, o que se le hayan impuesto esas condiciones "gravosas, o desproporcionadas o abusivas" en el ejercicio de la prostitución. La parlamentaria y Ángela Alemany, miembro de la asociación de Mujeres Juristas que le ha acompañado durante el encuentro, han insistido en que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón "no puede adaptar el Código Penal a las necesidades de los proxenetas". 

El jueves se creará en la Cámara Baja una subcomisión sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual a la que el PSOE también llevará este asunto.