La presidenta de Filipinas, Gloria Macapgal Arroyo, revocó hoy la ley que protegía a los altos funcionarios de tener que comparecer en las investigaciones del Parlamento, y que impuso en 2005 cuando su mandato se tambaleaba por las acusaciones de fraude en las presidenciales del año anterior.

"Revoco la Orden Ejecutiva 464 con carácter inmediato. Los funcionarios ejecutivos no podrán por más tiempo ampararse en ella", dijo la mandataria.

"Los funcionarios ejecutivos están obligados a cumplir con la Constitución y las leyes y jurisprudencia existentes cuando les citen en una investigación del Legislativo", añadió la jefa de Estado.

La decisión responde al llamamiento efectuado por el comité permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas este mes, que evitó sumarse al movimiento que exige la dimisión de Macapagal Arroyo y, en su lugar, instó a la presidenta filipina a encabezar la lucha contra la corrupción en la Administración.

La medida se produce también cuando el Senado investiga un escándalo de supuesta corrupción en un contrato público con una empresa china y en el que aparece implicado, según las declaraciones de tres testigos, el esposo de la mandataria, el empresario José Miguel Arroyo.

La Oficina del Defensor del Pueblo conduce su propia investigación y el Departamento de Justicia abrió una indagación preliminar por orden de Macapagal Arroyo.

Las revelaciones en las sesiones que se suceden semanalmente en el Senado y que se retransmiten en directo han dado fuerza a los que piden la dimisión de la presidenta, aunque su número en las manifestaciones callejeras que se organizan aún es bajo.