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El Gobierno de Nicaragua aplica un embargo preventivo a un hotel del grupo español Barceló

EFE

La Justicia nicaragüense aplicó el "embargo preventivo" a un hotel del grupo empresarial español Barceló a petición de la Presidencia de la República, confirmaron hoy fuentes oficiales.

"El embargo preventivo no está basado en demanda alguna concreta, la cual debe ser presentada a partir de ahora en un plazo de 15 días", explicaron a Efe fuentes judiciales que pidieron mantenerse en el anonimato.

"El embargo fue solicitado por la Procuraduría Nacional de la República", que depende directamente de la Presidencia, precisaron la mismas fuentes.

En Nicaragua se puede solicitar una orden de embargo preventivo sin mediar una demanda o acusación concreta, que sí debe ser presentada posteriormente en el plazo indicado para que el proceso siga abierto o rechazado.

Sin embargo, el procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, declaró a la prensa local que esa medida judicial se basa en una deuda que el Grupo Auxiliar S.A. o Grupo Barceló tiene con el Estado de Nicaragua, desde 1993, lo que la corporación española niega.

Según Estrada, el grupo hotelero español "debe varios millones de dólares por la compra de ese centro turístico", hotel Barceló Playa Montelimar Resort & Casino, ubicado en la costa del Pacífico de Nicaragua, 55 kilómetros al sur de Managua, y uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

La fuente agregó que "Montelimar fue vendido en tres millones de dólares, lo cual nos parece que no cuadra, porque se trata de una propiedad de tres manzanas que, de ninguna manera, creemos nosotros, fue una cifra justa para los intereses del Estado".

El Grupo Barceló, según el Estado nicaragüense, debe cerca de 1,5 millones de dólares por la compra de ese centro turístico, desde el 30 de julio de 1993, durante la administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

El gerente general del hotel Barceló en Nicaragua, Walter Martino, confirmó al diario La Prensa de Managua que ese embargo les fue notificado hace 14 días y dijo desconocer las causas de la medida judicial.

El representante legal de Barceló en Nicaragua, Tomás Delaney Solís, aseguró al mismo medio que no deben nada al Estado y consideró esa medida como una "agresión jurídica" y un "acoso" del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Fuentes del grupo hotelero consideraron, en declaraciones a Efe, que "lo único que podría discutir" el Estado nicaragüense es el cumplimiento de una cláusula por la cual Barceló se comprometía a invertir una cantidad de dinero determinada si excedía el 60 por ciento de la ocupación del hotel en cuestión, lo que no ha sucedido y así fue certificado por el anterior Gobierno.

Las mismas fuentes subrayaron, no obstante, que no quieren "entrar a un intercambio de acusaciones" similar al que ha intentado iniciar, sin repuesta, el presidente nicaragüense con la también española Unión Fenosa, encargada de la distribución de la electricidad en el país.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pidió recientemente a Nicaragua que las empresas españolas puedan gozar de seguridad jurídica para invertir en esa nación centroamericana y desarrollar sus negocios con garantías.

Moratinos trasladó este mensaje a su homólogo nicaragüense, Samuel Santos López, en una reunión que ambos mantuvieron en Madrid.

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