Las comunidades autónomas y el resto de administraciones deberán aprobar un techo de gasto previo a sus presupuestos, en tanto que se enfrentarán a eventuales sanciones en función de la reincidencia y gravedad de sus incumplimientos de las normas de estabilidad presupuestaria.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que estas premisas constan en el anteproyecto de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que ha presentado hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que llevará el próximo martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El objetivo final es que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit, es decir, que el déficit no supere el 0,4 % del PIB, y que su deuda no supere el 60 % del PIB. Pero hasta que finalice el periodo transitorio, Sáenz de Santamaría ha explicado que el techo de gasto servirá para elaborar los presupuestos y, posteriormente, será cada autonomía la que decida la distribución de los mismos.

Además, este anteproyecto prevé "mecanismos correctores" para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit o la deuda durante la ejecución del presupuesto. Estos mecanismos contemplan que cuando haya una desviación en los objetivos de déficit y deuda se establezca una corrección "cuasiautomática" que tendrá como referencia un porcentaje del PIB, y se verá cómo debe solucionarlo la administración responsable. 

En función de los baremos de gravedad o reincidencia que establezca el Ejecutivo se definirán las correspondientes sanciones, aún por determinar. Además, la norma -que responde al acuerdo constitucional pactado por PP y PSOE el pasado agosto- introduce elementos de "transparencia" que permitan conocer el estado del cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria.

Para ello, todos los proyectos de presupuestos deberán acompañar la equivalencia en términos de deuda o superávit, recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de operaciones de pago aplazados.

La norma busca la estabilidad presupuestaria en un horizonte permanente, ha explicado Sáenz de Santamaría, y es por ello que incorpora la palabra "sostenibilidad" a su enunciado, mientras que quiere adelantarse a los futuros requerimientos de gobernanza económica europea. Preguntada por la posibilidad de que el Estado tenga que acudir al rescate de alguna comunidad autónoma, Santamaría ha señalado que el Gobierno trabajará por la "solvencia" del país y porque todas las autonomías "puedan cumplir sus compromisos y sus responsabilidades".