El 15 de febrero de 2011, 17 personas fueron detenidas por la Guardia Civil dentro de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), horas después de haber accedido al interior del recinto, según su versión de los hechos, a pie y gracias a varios agujeros en las vallas de seguridad que ya estaban allí cuando llegaron.

De acuerdo a su versión, fue entonces cuando se enfilaron a una de las imponentes torres de refrigeración de la central, algunos se descolgaron de ella, a 125 metros de altura, realizaron una pintura que decía 'Peligro nuclear' y exhibieron una pancarta con el lema 'Cierre Cofrentes ya'. Ambas llevaban la rúbrica de Greenpeace.

Pedían al Gobierno central que no renovara la licencia de explotación de la instalación, como finalmente ocurrió al mes siguiente; y aunque todos ellos defienden que protestaron de forma "pacífica", se les acusa equitativamente de lesiones, daños y desórdenes públicos para los que la Fiscalía pide penas de 2 años y ocho meses de cárcel en el juicio que desde el jueves pasado se sigue en el juzgado de lo penal número 11 de Valencia. Paralelamente, Greenpeace está considerada la responsable civil subsidiaria de aquellos hechos y se enfrenta al pago de cerca de 360.000 euros por multas e indemnizaciones.

Todos los acusados son socios, simpatizantes o voluntario Greenpeace  de la entidad ecologista, excepto el fotógrafo que cubrió la noticia. ha asumido toda la defensa, ha reivindicado esta acción como propia fuera del juzgado y ha puesto el acento en subrayar que este es el juicio más duro que ha debido afrontar en sus treinta años de vida en España. Entiende que las penas son desproporcionadas y pretenden "amedrentarlos".

Incluso su barco 'Artic Sunrise' -recién llegado de una protesta por las prospecciones en aguas de Canarias, previo pago de 50.000 € de rescate- lleva atracado desde el pasado martes en el puerto de Valencia para culminar una campaña de apoyo a los "17 de Cofrentes" iniciada en las redes sociales. Sin embargo, durante los dos días de vista transcurridos desde el inicio del juicio, ningún acusado ha reconocido a Greenpeace como responsable de la protesta. Todos mantienen que acudieron por su cuenta, sin seguir instrucciones de "nadie" y que fueron convocados por un SMS anónimo.

Según los testimonios de todos los encausados, nadie vio tampoco ninguna radial, herramienta con la cual, según el escrito de la Fiscalía, accedieron a la central e incluso hirieron a uno de los vigilantes en el abdomen, una circunstancia negada también por todos los acusados. En cambio, varios recordaron cómo uno de los vigilantes "que estaba muy cerca de un alambre de espino" tenía "un siete en la camisa y una pequeña incisión". María Elena Sancho contó que le oyó decir: "Mirad lo que me he hecho por vuestra culpa". Hernán González relató: "se cogió la camisa y dijo algo así como '¡joder, ya habéis hecho que me corte!".

Se trató, dicen los encausados, de una manifestación "pacífica" para protestar contra la "peligrosa" energía nuclear en la que habría "unas 50 o 60" personas. En cualquier caso, "muchas más de las que nos sentamos en el banquillo", declaró uno de los acusados, que explicó, como el resto, que entró sin que nadie le opusiera resistencia. "Me pareció muy fácil que gente como yo, de forma pacífica, pudiera entrar a un lugar tan peligroso", declaró Raquel Muñoz. Había gente continuamente "arriba y abajo" y los vigilantes, cuentan, estaban "muy nerviosos" y tenían a los perros "descontrolados".

A la acusada Maite Mompó uno de los animales le mordió. Ella no subió a la torre, sino que hubo de ser trasladada al hospital. Según Nelia de Andrés, uno de los guardas le explicó que "los perros habían llegado el día de antes y no sabían hacerlos ni subir al coche".

'Nos han llegado ayer', me confirmó un guardia", explicó en su turno el reputado fotógrafo (Premio Rey de España 2014, entre otros) Pedro Armestre. El periodista relató que fue avisado de la protesta por SMS y que desconocía la fuente del mismo, "como muchos otros que recibo y me dan pistas para cubrir información".

"Agradecemos ese mensaje en nuestro nombre"Tras declarar todos los acusados, Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España, tomó la palabra en la sala para negar que su organización hubiera convocado la protesta, aunque sí admitió que Greenpeace hizo "como muchas otras" entidades un "llamamiento global a la ciudadanía" para que mostrase su rechazo a la ampliación del uso de la central. También insistió en subrayar que el ejercicio de manifestación es "libre e individual".

"Agradecemos mucho a quien haya puesto ahí ese mensaje en nombre nuestro", respondió con sorna Rodríguez a las preguntas de la defensa sobre cómo explicaba que tanto la pintada como la pancarta llevaran la firma de su entidad. La sesión estaba tocando a su fin y la audiencia, cómplice, estalló en una carcajada que rompió con la solemnidad de la sala.

Durante el juicio, la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal se ha empleado a fondo en intentar probar la responsabilidad de Greenpeace en los hechos. "Está usted afirmando que la organizó (la protesta) Greenpeace y eso hay que probarlo"; "está presuponiendo un objetivo"; "señora fiscal, por favor...", reprendió la jueza la actitud de la fiscal en varias ocasiones a lo largo de la segunda jornada.

Casi diez veces más dinero que el tasado por los peritos

Iberdrola y los vigilantes de seguridad presentes en el recinto el día de la protesta completan la acusación. La compañía se centra, sobre todo, en recaudar el dinero por los daños que, según sostiene, se produjeron el día de autos. El peritaje los tasó inicialmente en 29.012,33 euros, pero la compañía reclama 221.781,14 euros.

La eléctrica intentará probar los daños con un vídeo que asegura que grabaron las cámaras de seguridad de la central aquel 15 de febrero de 2011. Lo sorprendente es que Iberdrola pidió incorporar esta prueba en la primera jornada de la vista, durante las cuestiones previas, y no durante la instrucción del caso .

El hecho de que la compañía esperara a presentar dicho vídeo hasta el último día desencadenó la protesta de la defensa, que alegó "mala fe" procesal y pidió su retirada al considerar que se podrían haber "manipulado" las imágenes y que ellos, "en tanto que licenciados en Derecho", no disponían del conocimiento técnico para saber si la grabación había sido editada.

"Hay muchos vídeos de Greenpeace circulando, señoría...", protestaron. La juez, no obstante, admitió la prueba con la condición de que el vídeo pueda reproducirse sin tener que requerir medios adicionales en la sala. No es de extrañar que, tal y como anda de recursos la justicia valenciana, la representación del día de autos vuelva a dormir en los cajones de Iberdrola sin ser exhibida. El juicio se reanuda el próximo martes 9 de diciembre con las declaraciones de los testigos de la acusación.