El belga Olivier de Schutter, relator de la ONU para el derecho a la alimentación, pelea por una moratoria de la compra de tierras con fines especulativos, sobre la que la Asamblea General de la ONU deberá decidir en septiembre.

Han pasado menos de dos años desde los disturbios del hambre ¿No tiene la impresión de ocuparse de una misión que interesa poco a los Estados?

En cuanto los precios agrícolas bajan en los mercados internacionales, el público tiene la impresión de que el hambre ya no es problema. Pero el pequeño campesino de Mali no vende su producción en la bolsa de Chicago, y los pobres de los países en desarrollo no compran su tonelada de arroz a los intermediarios bursátiles. De hecho, el hambre sigue creciendo desde julio de 2008.

En la conferencia de la ONU en Dublín de esta semana ¿logró hacer avanzar su proyecto de garantizar el acceso a la tierra para el pequeño campesinado?

Hemos logrado que todas las cuestiones políticas de la seguridad alimentaria estén mejor integradas, y el Plan de Acción Global ha perdido el carácter tecnocrático que tenía. Ahora bien, desgraciadamente muchos gobiernos siguen pensando que la prioridad es aumentar la producción con grandes plantaciones que producen para los mercados internacionales. Intento convencerles de que si reorientan la inversión hacia la agricultura familiar, los pequeños productores y los obreros agrícolas, esa inversión será más útil, porque generará otras economías de escala. Esa agricultura nunca será competitiva en los mercados internacionales, pero sí asegurará el derecho a la alimentación.

¿Hay avances?

Eso creo. Progresa la idea de que el hambre es un problema profundamente político. Es algo que estaba ausente del debate cuando la crisis alimentaria estalló hace dos años. Fue interpretada como un problema de oferta insuficiente respecto a la demanda creciente. Hoy se reconoce que, en la base de los más de 1.000 millones de personas hambrientas, hay un problema de justicia distributiva. Aun así, hay un escollo: no hemos salido de la esquizofrenia. Muchos gobiernos aceptan ese consenso como retórica. Pero cuando se trata de invertir, lo hacen en proyectos industriales y en mercados internacionales.

¿Tiene datos sobre la magnitud del fenómeno del acaparamiento de tierras cultivables?

Nadie lo ha cifrado con exactitud. Pero lo cierto es que las presiones comerciales sobre la tierra aumentan, y provocan una fuerte especulación territorial. Los medios han hablado mucho del desembarco de inversores públicos y fondos soberanos. Pero el fenómeno se debe sobre todo a fondos de inversión y empresas privadas, muchas de ellas con nexos con las élites locales. Las compras masivas crecen, porque la tierra cultivable está convirtiéndose en un bien escaso, y los inversores se interesan. Para producir agrocarburantes y beneficiarse de los créditos [para evitar] la emisión de CO2. Y para producir alimentos, esencialmente destinados a la reexportación. Sorprende la magnitud insensata del fenómeno.

¿Qué recomienda en su informe?

Una moratoria sobre las inversiones a gran escala en la producción agrícola, que se traducen en compra o arrendamiento de tierras en los países del Sur. Porque la transparencia no está asegurada y los derechos de las poblaciones locales no son respetados. Hay que invertir en la agricultura, sí, pero vía el desarrollo de los medios de transporte y de almacenamiento, en formación agrícola y en comunicación, para las cooperativas. No se luchará contra el hambre separando a los campesinos y ganaderos de las tierras que garantizan su sustento.

¿Qué países respaldan hoy el proyecto de aplicar el derecho a la alimentación?

Brasil es fundamental, y el país más puntero, aunque estamos en desacuerdo sobre la organización del comercio internacional. Mozambique, Bolivia, Guatemala o Nicaragua han comprendido el interés de basar la política de seguridad alimentaria en el derecho a la alimentación. España y Alemania también han integrado la perspectiva.

Usted defiende la soberanía alimentaria contra el dogma del mercado internacional.

La liberalización sería deseable si ayudara a los países menos avanzados y si beneficiara a los pequeños productores, que son la mayoría de quienes sufren hambre, y víctimas del dumping de la agricultura competitiva de los países ricos. Hay que devolverles la capacidad de reconstruir su sector agrícola y protegerse de la vulnerabilidad que genera el comercio internacional.

¿O sea que la fórmula de las cuatro últimas décadas superproducción, libre comercio y subvenciones a la exportación no funciona?

No, no funciona. Desde 1960, la producción agrícola crece más rápido que la población, y sin embargo el número de personas que sufren desnutrición no ha dejado de aumentar.